En la primera sentencia por trata de personas con fines de explotación en el nuevo proceso acusatorio de la Justicia Federal de Rosario, un hombre que responde al nombre Diego Martín Torres de 47 años resultó condenado por trata de personas con fines de explotación sexual, abuso sexual y suministro de estupefacientes.
El hombre mantuvo cautivas a dos mujeres víctimas en una pensión rosarina. Una de ellas es menor, y al resolver el caso, el juez federal de garantías de Rosario, Eduardo Rodrígues Da Cruz, revocó una condena de ejecución condicional que pesaba sobre el acusado y lo condenó a una pena única de 10 años y medio de prisión.
El juez homologó un acuerdo pleno entre la Unidad Fiscal Rosario y la defensa de Torres, y ordenó una reparación económica para las víctimas, de 27.430.306 millones de pesos a la menor, y $215.712.834 millones de pesos, en el caso de la mayor por haber transcurrido siete años cautiva.
Los fiscales interinos Javier Arzubi Calvo y Soledad García intervinieron en esta causa, que es la primera investigada bajo el sistema acusatorio federal, que rige en Rosario desde mayo de 2024. En ella, Torres fue visto como responsable del delito de trata de personas con fines de explotación, agravado por haber mediado amenazas, abuso de una situación de vulnerabilidad y por abuso sexual agravado por haberse cometido con amenazas y suministro de estupefacientes. En uno de los casos, es agravado por ser la víctima una joven menor de edad.
Dos cautivas en una pensión rosarina
Si bien cada una de las víctimas fue capturada de manera diferente, en ambos casos la coincidencia es que se encontraban en condiciones de alta vulnerabilidad económica, y a las dos las alejó de sus vínculos familiares. Torres captó a la mujer mayor de edad en Tunuyán (Mendoza) entre 2017 y 2018, aprovechando que se encontraba en una situación económica apremiante y que padecía violencia de género por parte de una ex pareja, con quien había tenido cinco hijos. Según hizo saber la fiscal García, el condenado la alejó de su red de contención, trayéndola desde Tunuyán a Rosario, donde comenzó a explotarla sexualmente durante siete años con diversos clientes, obteniendo una remuneración económica de ello. Por otra parte, capturó a la adolescente de 15 años en septiembre de 2023, “aprovechando su minoría de edad y su vulnerabilidad y pobreza, ya que había atravesado abusos sexuales previos”. Para ello, estableció un vínculo de confianza con su familia, y luego comenzó a alejarla de estos, consiguiendo que se mudara con él y con la otra víctima en una pensión. Desde ese momento y hasta julio del año pasado, Torres obligó a la adolescente a prostituirse, bajo amenazas, en un puente ubicado sobre la ruta 33 entre las localidades de Zavalla y Pujato. También abusó sexualmente y obligó a la menor a consumir estupefacientes. En un primer momento de la causa, la adolescente señaló a la otra damnificada como coautora de la explotación. Sin embargo la Fiscalía aplicó la cláusula de no punibilidad prevista en el artículo 5 de la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. La causa comenzó cuando la madre de la adolescente realizó una denuncia en una comisaría rosarina contra Torres por explotación sexual, y luego ante el Ministerio Publico de la Acusación de Santa Fe (MPA). Fue en este fuero local que una fiscal provincial tomó el testimonio de la víctima, recabó una serie de pruebas, y en ese marco remitió las actuaciones al fuero federal para que se investigue la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El 16 de septiembre de 2024, un juez de garantías del Colegio de Jueces de Rosario declaró, a solicitud de la fiscalía, la competencia del fuero federal, y dispuso la aplicación al caso del Código Procesal Penal Federal. Torres resultó detenido dos días después. Desde la denuncia en el MPA, y durante todo el proceso, la adolescente y su madre fueron asistidas y acompañadas por el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro. En el caso intervinieron ambos fiscales interinos de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Además, fueron parte la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos de Rosario, y la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas, Violencia de Género y Delitos Sexuales, y la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, que realizó tareas investigativas y llevó a cabo la detención del imputado.La denuncia de la madre como puntapié de la causa
