El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata que condene al traficante internacional de precursores químicos, Mario Segovia, conocido como "El Rey de la Efedrina", a 15 años de prisión y al pago de una multa de 50 millones de pesos por considerarlo el jefe de una asociación ilícita -que dirigió desde la cárcel federal de Ezeiza- dedicada al contrabando de importación de partes de armas de gran poder de fuego y de explosivos, que tras su ensamble eran ofertados a bandas narcocriminales que operan en Rosario.
Según detalló Fiscales, el sitio oficial del Ministerio Público, Iglesias solicitó también la condena de otros cuatro hombres -tres de ellos, familiares del principal acusado- como miembros de la organización:
-10 años de prisión y una multa de 50 millones de pesos para el expolicía de la provincia de Santa Fe, Hernán Jesús Segovia (47), hermano de Mario.
-10 años de prisión y una multa de 30 millones de pesos para Gonzalo Rodrigo Ortega (39), cuñado de Mario.
-5 años y 6 meses de prisión y una multa de 20 millones de pesos para Matías Segovia (25), hijo de Mario.
-5 años de prisión y multa de 10 millones de pesos para Ezequiel Hernán Bergara (34), a quien acusó de colaborar con el clan familiar desde un lugar de menor responsabilidad.
La acusación del Ministerio Público Fiscal para los cinco imputados fue como autores del delito de asociación ilícita (Mario Segovia como líder y el resto como miembros) y coautores de contrabando de importación de un fusil semiautomático, sin marca ni numeración, calibre 5,56 milímetros del tipo m4 (Plataforma AR15), tenencia de armas de fuego y materiales explosivos como también la fabricación ilegal de armas de fuego de manera habitual.
En los casos de Mario Segovia y de su hijo Matías, el fiscal Iglesias sumó la acusación como autor y coautor, respectivamente, del delito de acceso sin autorización a correos electrónicos de una agencia estatal.
Este delito informático, describió la fiscalía, constituyó la base de las actividad de la organización, pues a través del hackeo de las cuentas de correo electrónico de dos docentes de la provincia de Formosa -que les permitieron a la banda hacerse pasar por funcionarios gubernamentales, gracias a la extensión @formosa.gov.ar de las cuentas a las que accedieron ilegalmente- pudieron relacionarse con empresas extranjeras que comercializan armas y explosivos a agencias estatales.
De acuerdo con la acusación formulada por Iglesias y Cisnero, la asociación ilícita funcionó al menos entre septiembre de 2016 y el 13 de julio de 2021, cuando se realizaron los allanamientos que derivaron en la detención de los cuatro integrantes que operaban en libertad bajo las órdenes emitidas intramuros por Mario Segovia, quien cumple una pena a 17 años y 6 meses de prisión, que vence en mayo del año que viene, por tráfico internacional de efedrina y psedoefedrina.
Parte del armamento secuestrado a la organización exhibido por la fiscalía en su alegato.
Iglesias se detuvo en el inicio de su alegato en el extenso período de actuación de la banda y le pidió al tribunal que valore la prueba de este caso en el contexto del crecimiento de la violencia narcocriminal que viene asolando a Rosario desde 2013. El fiscal comparó las tasas de homicidio de esa ciudad, que llegaron en 2022 a 22,31 cada 100 mil habitantes, con el valor nacional de 4,2, y marcó que ese año 9 de cada 10 crímenes fueron cometidos con armas de fuego en aquella ciudad.
"Si bien esta situación es compleja y multifacética, está profundamente relacionada con el despliegue y disputa entre las organizaciones narcocriminales que se encuentran asentadas en la ciudad de Rosario y sus alrededores", sostuvo Iglesias, y mencionó a las bandas de Ariel Máximo "Guille" Cantero, Esteban Lindor Alvarado y Julio Rodríguez Granthon, quienes han convivido intramuros con Segovia, "todas dedicadas al tráfico y comercialización de grandes volúmenes de estupefacientes y proveedoras de organizaciones más pequeñas que funcionan de manera subordinada y se dedican a la venta 'al menudeo'" en esa zona.
"Las organizaciones necesitan, y cuentan, con importantes armas de fuego que incluso las utilizan para blindarse contra el fuego de efectivos estatales. También para realizar atentados contra establecimientos estatales", marcó el fiscal, y resaltó: "En ese contexto se insertan los hechos criminales bajo análisis". En tal sentido, con base en declaraciones de especialistas, evaluó que el acceso a armamento como el incautado en la causa proporcionaría a las organizaciones de Rosario la capacidad de convertirse en estructuras como el Comando Vermelho, de Brasil.
"La munición del AR15 traspasa los chalecos antibalas de las fuerzas policiales de lado a lado. Dota de un poder de fuego superior al de nuestras fuerzas de seguridad", indicó Iglesias, y remarcó que "de haber continuado esta operatoria, en la ciudad de Rosario se habría desatado una carrera armamentística entre las distintas bandas criminales con el consecuente agravamiento de la situación de seguridad".
En efecto, durante su alegato, Iglesias reprodujo una conversación telefónica entre Mario Segovia y Martín Lanatta, condenado por el triple crimen de General Rodríguez, donde este último lo invita a participar de sus "negocios" en Rosario.
