Dos contratistas fueron imputados en la mañana de este lunes por múltiples estafas que cometieron entre 2022 y 2024 en Rosario y Roldán a personas que entregaron dinero para hacer refacciones de propiedades o edificaciones que no fueron terminadas en al menos siete casos. Se trata de Claudio Andrés Torres (34) y Nicolás Ismael Velazco (34), responsables de la sociedad GSN Emprendimientos SAS –integrada por las marcas Gosén Desarrollos, Alfa Inversiones y Conecta Comercializadora–, quienes quedaron en libertad bajo el pago de una fianza y una serie de reglas de conducta que deberán cumplir durante un año.
Ante la jueza Lorena Aronne, el fiscal Miguel Moreno ubicó a Torres y Velazco como los presuntos jefes de una asociación ilícita integrada también por sus respectivas parejas y otros allegados. Según agregó, constituyeron el 8 de febrero de 2023 GSN Emprendimientos y a la par crearon las marcas Gosén Desarrollos, Alfa Inversiones y Conecta Comercializadora, que en sus redes sociales eran exhibidas por separado, como si fueran independientes.
El objetivo de las tres firmas era, de acuerdo al fiscal, “generar una imagen pública de trabajo mancomunado” en el rubro de la construcción y dar una falsa sensación de confiabilidad. Todas ofrecían el mismo servicio, publicaban las imágenes de las mismas obras y daban idéntica dirección de sus oficinas, en un piso de San Lorenzo al 2200, donde se concretaban las reuniones presenciales con los clientes.
Por los indicios recolectados en el legajo, la presunta asociación ilícita ofrecía la construcción o refacción de casas a particulares bajo la modalidad de “llave en mano”, que se hacía con el siguiente sistema: 70 por ciento del pago al momento de la firma del contrato y el 30 por ciento restante en cuotas fijas en pesos conforme al avance de las tareas, generalmente establecidas en cuatro etapas en un plazo de seis meses.
Velazco se presentaba como director de Gosén Desarrollos y Conecta Comercializadora. Era quien mostraba los detalles del proyecto, informaba las formas de pago y hacía las gestiones para presentar los planos correspondientes. En tanto, Torres se mostraba como la persona a cargo de la realización de los contratos.
El fiscal también ponderó que el modo de vida que mostraban en redes sociales Velazco y Torres fue otro elemento que llamó la atención, donde exhibieron haber veraneado en Punta del Este y haberse mudado a un country de Pueblo Esther. Para el funcionario del Ministerio Público de la Acusación, dicho plus de ganancia se debió a haber cobrado dinero por obras que nunca comenzaron, o por haber solicitado nuevos desembolsos –mostrando ecuaciones económicas como excusas– al argumentar una suba en los costos de los materiales y mano de obra.
Moreno también destacó que en algunos casos la presunta asociación ilícita utilizó una suerte de sistema Ponzi con los materiales de la construcción: compraba materiales para una obra, pero luego los usaba para completar una con mayor retraso. Lo mismo que con el dinero que iban depositando nuevos clientes-víctimas.
Las oficinas de San Lorenzo al 2200 fueron cerradas ante el creciente reclamo de los perjudicados, a quienes tampoco atendieron el teléfono y bloquearon en las redes sociales, donde además cerraron los comentarios de los usuarios.
Luego escuchar la acusación y las defensas particulares de los acusados, la jueza Aronne resolvió dar una alternativa a la prisión preventiva a ambos, quienes por el plazo de un año deberán hacer firmas semanales ante la Oficina de Gestión Judicial, no podrán salir del país ni de la provincia, y deberán pagar cauciones personales. En el caso de Torres, de 5 millones de pesos, y en el caso de Velazco, de 7 millones de pesos.
