La Fiscalía formalizó un pedido de 40 años de prisión para Jonatan Ezequiel Almada, de 33 años, acusado de organizar una banda de más de treinta integrantes que, entre mediados de 2021 y comienzos de 2023, puso en jaque los barrios Ludueña, Empalme Graneros y parte del Industrial. Según la acusación, el grupo protagonizó múltiples balaceras y ajustes de cuentas vinculados a disputas por el control del narcomenudeo, además de extorsionar a comerciantes barriales.
Almada, hijo de un ex policía de Ludueña, es uno de los pocos miembros de la organización que no aceptó un juicio abreviado. Está detenido desde agosto de 2022, cuando cayó durante uno de los múltiples allanamientos ordenados en el marco de esta causa.
Otro acusado que sigue el mismo camino es Darío José Protti, un policía exonerado de 60 años, para quien la Fiscalía solicitó una pena de 10 años. El resto de los imputados –más de treinta, incluidos otros cabecillas– ya firmaron abreviados con condenas de hasta 20 años de prisión.
De acuerdo con la investigación del fiscal Pablo Socca, Almada, apodado Peco, actuó como organizador de una estructura criminal ideada desde la cárcel de Piñero por Matías César, alias Pino o Marta, preso ligado a la banda de Los Monos. Desde su celda, César planificó una avanzada sobre la zona noroeste para controlar el narcomenudeo, aprovechando el descontrol carcelario que le permitía mantener contacto con el exterior de forma permanente.
Para ello designó como “jefes” a dos presos que conocían bien Ludueña: Andy Benítez y Julián Aguirre, encarcelados por robos a mano armada. Ambos sumarían penas de 20 años de prisión por su rol en esta estructura y encarnan una nueva camada de delincuentes rosarinos que hicieron “carrera” desde el encierro, transformándose en cabecillas de bandas de bajo nivel organizativo, pero con poder de fuego y una provisión constante de tiratiros descartables.
La banda que integraban se enfrentó con la que respondía a Francisco Riquelme –otro preso, apadrinado por el capo narco Esteban Alvarado– y dejó una estela de sangre en la zona noroeste. Solo en los primeros seis meses de 2022 se registraron en esos barrios 29 homicidios.
Almada, según la acusación, comandaba las operaciones en la calle junto con su socio Mauro Gerez, quien ya fue condenado a nueve años de prisión. Para la Fiscalía, Gerez era el “jefe de sicarios”, encargado de reclutar gatilleros, incluso menores de edad.
Otra figura central de la banda fue Cristian Leonel Fernández, alias Larva, quien murió acribillado en abril de 2022, en plena guerra con los pandilleros de Riquelme. Nunca llegó a escuchar los cargos en su contra.
Por esos días, el fiscal Socca lamentaba en Radio2 el contexto que propicia la reproducción de estas organizaciones: “Las detenciones que hacemos, el trabajo que hacemos con tanto esfuerzo, creo que no sirven de mucho. Sí creo que se debilita la banda, se le quitan recursos y gente de confianza de la calle. Pero ayer metí presas a casi 30 personas. Hoy ya hay 30 pibes llevando su currículum a Mauro Gerez para entrar a la banda, deseosos de ser narcos”, dijo tras uno de los tantos allanamientos.
De esa banda gestada intramuros, Almada –el “gerente” en la calle– y el ex policía Protti son los únicos que aún tienen cuentas pendientes con la Justicia. En los últimos días, la Fiscalía presentó la acusación preliminar al juicio. Almada irá a debate oral con nada menos que nueve legajos penales.
El pedido de 40 años de prisión comprende delitos como asociación ilícita en calidad de organizador, tentativa de homicidio en carácter de instigador, extorsión (por el caso de un vecino de Ludueña al que le balearon la casa para que entregara su auto), usurpación de una vivienda (en el complejo de Tucumán y Solís), tenencia de arma de fuego y amenazas coactivas con el fin de obtener favores de funcionarios públicos (en alusión a una repartija de escraches contra fiscales del crimen organizado).
