Un ex secretario judicial de la Justicia federal de Corrientes está siendo juzgado por ordenar la intervención ilegal de los teléfonos celulares de su esposa y de un presunto amante, al insertar esas líneas en un expediente por narcotráfico. El juicio se encuentra en su etapa final y, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia vecina, la acusación pidió cinco años de prisión, inhabilitación absoluta y especial por el doble de tiempo.
En su alegato del pasado 2 de julio, los fiscales federales Carlos Schaefer y Martín Uriona solicitaron esa pena para el ex empleado judicial Pablo Carlos Molina, como autor penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en concurso real, según informó el portal Fiscales.
El expediente correntino presenta similitudes con el escándalo que protagonizó en Rosario el ex fiscal adjunto Fernando Rodrigo, quien espió a su exnovia y a otras personas de su entorno al incluir sus líneas telefónicas en una causa por robo de autos. En el fuero ordinario, Rodrigo fue condenado la semana pasada en un juicio abreviado a tres años de prisión condicional por peculado (malversación) de trabajo y servicios públicos, y falsedad ideológica. Optó por esa salida a último momento, cuando estaba a punto de enfrentar un juicio oral en el que la fiscalía había pedido cinco años de cárcel.
El juicio contra el ex secretario judicial Molina comenzó el 13 de junio pasado. El tribunal –integrado por los jueces Juan Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino– dará a conocer el veredicto el próximo 29 de julio. La defensa alegó el lunes y pidió su absolución.
Molina fue acusado de haber confeccionado y firmado, el 11 de septiembre de 2014, en su carácter de secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, un oficio judicial suscripto también por el entonces juez federal Carlos Soto Dávila. Mediante ese documento se comunicó falsamente a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) –por entonces a cargo de las escuchas– que se había dispuesto la intervención telefónica por 30 días de dos abonados en teoría vinculados a una investigación por narcotráfico en curso.
Sin embargo, luego se determinó que esas líneas eran utilizadas por la esposa del secretario y por un allegado a ella con quien el acusado sospechaba que mantenía una relación.
Según indicó la fiscalía, el hecho se descubrió en marzo de 2019, cuando personal judicial que realizaba un relevamiento de efectos halló 28 discos compactos con las grabaciones de esas comunicaciones, interceptadas de forma ilegal entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014.
En gran parte de ellas aparece el propio Molina hablando con su pareja, profiriéndole insultos e incluso amenazas. Por estos hechos, el tribunal federal se declaró incompetente y remitió la causa a la Justicia provincial de Chaco –donde residen la víctima y el acusado– para su investigación y eventual juzgamiento.
En ese entonces, Molina ya había sido apartado del Juzgado por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, a raíz de una imputación por hechos de corrupción en otra causa, iniciada en 2016. En ese expediente, él, el ex juez Soto Dávila y otros acusados fueron procesados en abril pasado por el Juzgado Federal N°2 de Formosa. Se los acusa de haber restituido vehículos que habían sido secuestrados en una causa por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Soto Dávila había renunciado a su cargo como juez federal luego de ser procesado, también junto a Molina, su otro secretario penal Alberto Federico Grau y un grupo de abogados, por integrar una asociación ilícita que operaba dentro del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, a su cargo.
Esa causa, iniciada en 2018 como un desprendimiento del caso conocido como “Sapucay”, fue instruida por el Juzgado Federal N°12 de la Capital Federal. En junio de 2023, Molina y Soto Dávila fueron condenados por haber recibido coimas a cambio de resoluciones judiciales que beneficiaban a narcotraficantes.
En aquel juicio, el exjuez fue condenado a seis años de prisión y el exsecretario, a cinco. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal agravó esas penas al considerarlos jefe y miembro, respectivamente, de una asociación ilícita.
Un dato clave que la fiscalía destacó en su reciente alegato es que Molina firmó el oficio con las intervenciones ilegales el mismo 11 de septiembre de 2014 en que también suscribió, junto a Soto Dávila, una resolución prevaricante que le otorgó la exención de prisión a un conocido narcotraficante: Carlos Alberto Bareiro, alias “Cachito”, líder de una banda que operó durante años en Itatí y traficó grandes cantidades de marihuana a distintas provincias. Por ese beneficio judicial, ambos habrían recibido un millón de pesos en concepto de dádiva.
