Algunos de los temas centrales que están en debate en la Argentina de Javier Milei aparecieron en la discusión pública que esta semana mantuvieron Mercado Libre y el gobierno de Santa Fe por la política tributaria.
Las cámaras que reúnen a las fintech (empresas de innovación tecnológica para negocios financieros), tarjetas de crédito y bancos alertaron por "una persistente y creciente presión tributaria" de parte de las provincias.
El comunicado de Mercado Libre apuntó especialmente a Santa Fe, que en la ley tributaria aprobada a fines de diciembre elevó de 8,5 a 9% la alícuota de IIBB sobre los intereses que cobran. Además, creó en el Código Fiscal un nuevo sujeto: los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) –billeteras virtuales– que hasta ahora no existían y pagarán 9%.
La medida toca en particular a Mercado libre y su unidad de negocios Mercado Pago porque ostentan un abrumador dominio del mercado. Propiedad del multimillonario argentino con residencia en Uruguay Marcos Galperín, se trata de la mayor empresa de venta y pagos online de la región. Cabe recordar que está acogida al régimen de promoción de empresas del conocimiento, por lo que solo en 2023 Mercado Libre embolsó subsidios por más de 100 millones de dólares, según su balance.
En realidad, la ley tributaria de Santa Fe habilita que esa alícuota de 9 puntos sobre los intereses que cobra Mercado Libre por prestar dinero u otros servicios sea de 6 si las fintech presentasen planes con beneficios para el sector pyme, según la normativa. Esa opción a la baja, pretende alentar el crédito productivo, del mismo modo que en el sector financiero formal dispone alícuotas diferenciadas para el Banco Municipal, cooperativas y mutuales.
Pero Mercado Libre está acostumbrada a imponer condiciones, no a adaptarse a las reglas de otros.
Lo curioso es que Mercado Libre, y detrás de ella el resto de las cámaras de negocios financieros, salió con el planteo un mes después de aprobada la ley tributaria, que a su vez estuvo en debate entre octubre y diciembre en la Legislatura. En ese tiempo, Galperín no apareció.
El vuelto
Lo que cambió el escenario fue la movida hecho en Rosario por los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, que se montaron en representación del creciente malestar del sector agropecuario para pedir al gobierno nacional que empiece reducir las retenciones.
Días después el gobierno cedió con una medida que recuerda a cuando el ministro de Economía era Sergio Massa, solo que en lugar de darle al sector un mejor tipo de cambio le redujo los derechos de exportación durante una ventana de tiempo.
Contrariado por la jugada pública de los gobernadores, el gobierno primero inició la controfensiva a través del ministro de Economía Luis Caputo, que pidió a las provincias que bajen el impuesto a los Ingresos Brutos.
La siguiente movida fue a través de terceros. La Casa Rosada mandó a los sectores con los que la administración Milei comparte intereses económicos a que expongan y presionen a las provincias, en particular a Santa Fe por haber sido anfitriona de la movida pública para bajar retenciones.
El primer comunicado de Mercado Libre buscó aleccionar al conjunto de las provincias exponiendo y presionando a una de las grandes. Efectivamente, Santa Fe grava por encima del promedio a los juegos de azar y la actividad financiera. Es una política tributaria que mantiene desde hace años con gobiernos de distinto signo político, y que el actual reafirmó al poner en igualdad de condiciones a las fintech con el sector financiero formal.
Comercio e Industria tienen alícuotas mucho más bajas y el campo directamente cero, con una tendencia decreciente desde hace al menos 20 años. Por eso industriales y entidades agropecuarias no se sumaron al coro de Galperín y los bancos.
Lejos de dejarla pasar, el gobierno de Santa Fe contraatacó: expuso la bicicleta financiera que las empresas de Galperín hacen con el dinero de los comercios, mencionó permisividad de la plataforma a las ventas en negro, competencia desleal y recalcó que estas fintech tienen mucho por mejorar para evitar ser funcionales al crimen y el lavado.
Galperín es una voz potente y no es la primera vez que la usa para presionar a intendentes, gobernadores y presidentes para obtener beneficios para sus empresas. Tiene demostrada capacidad de lastimar. Esta vez le respondieron y se llevó un par de moretones: pasó de la ofensiva en el primer comunicado a la victimización y considerarse difamado en el segundo.
Pullaro en el ring
En medio de los dos filosos posteos del ministro de Economía, Pablo Olivares, el gobernador Maximiliano Pullaro se subió al ring. Más allá de, como dicen en la Casa Gris, no permitir que “nadie se lleve a Santa Fe por delante”, la ofensiva de Mercado Libre le dio la oportunidad a Pullaro de posicionarse en la conversación grande, a la que pocas veces es invitado un gobernador. De pronto no está discutiendo con dirigentes provinciales, sino con la elite del poder económico argentino, sin dejar de tener en cuenta que Mercado Libre es la empresa de mayor valor de la Argentina y la de mayor cotización bursátil de Latinoamérica. Como dato de referencia: el unicornio tecnológico que creó Galperín vale nueve veces más que el presupuesto anual de Santa Fe que maneja la gestión Pullaro.
Que lo inviten a subir a ese ring no es menor. Desde allí confrontó a Galperín con nombre y apellido, ratificó rumbo, hizo una defensa de los que pagan impuestos contra los que “aprietan” para que se los bajen y ratificó que “en Santa Fe se va a recaudar” y que esa plata va a la obra pública y de capital. Lo dijo en un acto de inicio de una obra vial con una retroexcavadora a sus espaldas.
Pullaro discutió con Marcos Galperín y Mercado Libre, pero en el fondo estaba exponiendo un modelo de Estado diferenciado del que proponen La Libertad Avanza y el presidente.
Milei parte de que hay que eliminar los impuestos por una cuestión ideológica antes que económica. El Estado es malo, es una “organización criminal”, como lo definió, que si no puede desaparecer debe ser reducido a su mínima expresión.
Pullaro está diciendo otra cosa. “Acá se va a recaudar”, afirmó en defensa del cobro de impuestos, que éstos deben guardar relación con lo que produce cada sector y la capacidad contributiva del ciudadano y que ese dinero debe volver en infraestructura y servicios para los santafesinos.
Podría decirse que el punto común entre Milei y Pullaro está en que los dos llegaron para ajustar el Estado, primero porque estaba desfinanciado pero también porque era una demanda del electorado que comparten a pesar de que ambos tienen orígenes, modos e identidades políticas diferentes.
La “eficiencia” de la gestión con la que se identifica Unidos por sí sola no alcanza. Como dice Pablo Gerchunof en una reciente entrevista en la revista Crisis en relación a Milei y por qué actúa como actúa: “La ideología importa, la narrativa importa, la voluntad importa, no importa solo la gestión”. Pullaro hace lo propio con el proyecto de Unidos pero desde una perspectiva diferente a la del presidente anarcolibertario. En su caso fusiona la tradición socialdemócrata de los acuerdos políticos con componentes gestuales y retóricos propios de la época que inauguró Milei.
Las alianzas en juego
La saga en la que los gobernadores piden que se bajen las retenciones y el gobierno nacional retruca presionando por la baja de Ingresos Brutos muestra las alianzas económicas que sustentan uno y otro modelo. El sector agropecuario y la agroindustria en el caso de Pullaro y sus pares de la Región Centro; el capital tecnológico y financiero en el caso del gobierno nacional.
El detalle es que los aliados de Unidos también votaron a La Libertad Avanza. De ahí que Milei cedió y bajó retenciones de forma temporal para descomprimir el creciente malhumor del campo. No podía regalarles a los gobernadores la representación de ese capital político que comparten.
Si no son Brutos, que sean otros
Las provincias tienen en el impuesto a los Ingresos Brutos su principal fuente de ingreso. La forma de reducir porque se los considera “distorsivos” es bajando el gasto público o reemplazándolo por otra fuente de ingresos. En 2024 todas las provincias recortaron en mayor o menor medida el gasto obligadas por las circunstancias, pero a la vez enfrentaron mayores demandas como consecuencia del ajuste que hizo el Estado nacional.
Por más que el gobierno nacional y las cámaras empresarias presionen, el impuesto a los ingresos brutos no se puede eliminar si no hay una rediscusión de los recursos entre provincias y gobierno nacional. Hasta aquí los pactos fiscales que se intentaron no fueron la solución. Si se trata de un impuesto distorsivo, ¿cuál es la fuente de ingresos virtuosa que lo reemplaza?
Milei no está dispuesto a insistir por esa vía, no ahora al menos. Prefirió imponer el ajuste de facto como vía más directa y práctica, y esquivó entrar en una negociación en bloque con los gobernadores. Provincia que no se alinea con el ajuste no sobrevive. O su versión más extrema: “Los voy a fundir a todos”, amenazó cuando no salía la primera versión de la ley ómnibus. Les quitó los recursos previsionales, los subsidios, la parte del impuesto a los combustibles, los Aportes del Tesoro Nacional, recortó partidas no coparticipables pero no discrecionales y bloqueó la posibilidad de coparticipar el impuesto a los débitos y créditos.
Sólo transó con unos pocos “degenerados fiscales” de provincias –apenas los justos y necesarios– que le pusieron a disposición los votos de sus legisladores en el Congreso para evitar que le bloqueen sus decretos de necesidad y urgencia.
En ese contexto, Pullaro sostiene que en 2024 “Santa Fe hizo un ajuste más grande que el del propio Milei”, y que gracias a esa medida atravesó pasivos heredados, la recesión y así todo logró aplicar “500 millones de dólares a obra pública que en 2025 serán 1.500 millones”.
El ajuste de Pullaro tiene dos objetivos. Uno económico, que obedece al contexto general y al ajuste macro que impone Nación. El otro es político: que Santa Fe alcance el mayor grado de soberanía económica posible. Esto reduce la vulnerabilidad a los vaivenes económicos y políticos del país y le da autonomía para fijar sus propias políticas.
Y sí, también le aporta espalda para que el proyecto político gobernante empiece a pensar una futura proyección más allá de Santa Fe.
