Con los procesos de reforma constitucional pasa lo mismo que con los platos de los buenos restaurantes. La versión terminada que se sirve en la mesa no nos dice nada de todo lo que debió pasar en la cocina para llegar a ese producto final, con presentación y sabores exquisitos.
Algo de eso ocurre con la reforma constitucional de Santa Fe, que este lunes tendrá su apertura formal. Ver la cocina en vivo, con los chefs de la política ensayando acuerdos contrarreloj, dificulta imaginar el producto final que se le servirá a la Provincia.
La cuenta regresiva se activará este lunes a la mañana, una vez que los 69 convencionales juren el cargo. Para ese momento, se espera que el oficialismo y los bloques de la oposición hayan cerrado los últimos puntos del reglamento, que es el que fija las reglas de juego.
En las horas previas, todos los esfuerzos están puestos en llegar al día 1 con las reglas de juego acordadas y en lo posible por amplia mayoría. El reglamento es crucial, porque fija las condiciones de funcionamiento durante los 60 días que durará la Convención.
Si bien hasta este sábado quedaban temas gruesos por saldar, las tres principales bancadas –Unidos, Más para Santa Fe (PJ, Ciudad Futura, Frente Renovador) y La Libertad Avanza– habían arrimado posiciones.
El último borrador prevé tres vicepresidencias, de modo de dar juego institucional a Más para Santa Fe (12 bancas) que se quedaría con la primera y al bloque libertario (10) que ocuparía la segunda. La tercera es una aspiración de Somos Vida y Libertad de Amalia Granata, pero choca con el oficialismo, que por la dimensión de su bancada (33) considera que le corresponde.
Unidos sumó sugerencias de los bloques opositores a su primera versión de reglamento. Contempla ocho comisiones de trabajo, dictámenes de mayoría y de minoría, las tres vicepresidencias, flexibilidad en el manejo de bloques e interbloques, plazo más extenso para presentación de proyectos y el piso para habilitar quórum quedó en 36 bancas en lugar de 35. Además, el plenario y las comisiones podrán ser convocados a sesionar de lunes a lunes.
En el borrador corregido que Unidos devolvió el viernes a los demás bloques no hizo cambios en dos o tres temas centrales que considera innegociables y que se seguirán conversando en la tarde/noche de este domingo y eventualmente el mismo lunes a la mañana.
Una es la aprobación por mayoría de la reforma y no por dos tercios como plantearon el PJ y La Libertad Avanza. “Sería una locura que tener una constitución reformada dependa de una mayoría especial de esa magnitud. Además, poniendo el piso tan alto lo único que hace es darle la posibilidad a las minorías de pedir cualquier cosa”, argumentó uno de los negociadores del oficialismo. Insistió en que Unidos trabaja para sacar una Constitución con amplios consensos y no para que sea la Constitución del oficialismo.
El otro punto del que no se baja es el doble voto del presidente de la Convención –todo indica que será el senador Felipe Michlig–. Negociadores radicales sostienen que la presidencia la ejerce uno de los 69 convencionales y que por lo tanto tiene que votar como cualquiera. Comparan la convención con la Asamblea Legislativa, que preside la vicegobernadora, que no vota porque no es legisladora, sino que pertenece al Ejecutivo.
Los opositores rechazan esos argumentos. Se recuestan en los antecedentes que indican que en ningún cuerpo legislativo el presidente vota, salvo en caso de empate. Sobre este último punto, la propuesta del oficialismo es que si hubiera empate, primero haya que ir a una o dos nuevos intentos de acuerdo, y en caso de que persistiera la igualdad recién ahí el presidente tendría derecho a desempatar.
Queda otra cuestión por desanudar. Si el propio reglamento se aprueba con la mitad más uno como pretende el Ejecutivo o con una mayoría especial de dos tercios como pidieron los opositores. La cuestión podría devenir en abstracta si, como dicen en Unidos, cumplen el objetivo de tener un reglamento consensuado que en la práctica supere los dos tercios. Eso facilitaría las cosas, porque si el número está garantizado de antemano, luego sí se podría dejar por escrito que para cualquier cambio de reglamento se necesitarían dos tercios. Un cambio de reglamento en la mitad de la Convención es improbable, pero escribirlo daría garantías a todas las partes de que ninguna mayoría circunstancial torcerá las reglas de juego en medio del río.
En la mesa de negociación hay un pedido del PJ para presidir una comisión importante, la que quedaría en manos de Juan Monteverde teniendo en cuenta que el bloque finalmente lo presidirá el senador Rubén Pirola. Unidos estaría dispuesto a ceder en ese punto, aunque primero debe cerrar filas entre sus integrantes. Obvio que el PJ no pidió cualquier comisión, sino una de alta visibilidad y acorde al perfil de Monteverde, lo que podría chocar con las expectativas de algún partido del oficialismo que esperaba ocupar ese lugar.
El esquema de ocho comisiones, incluyendo una de labor parlamentaria que marcará la hoja de ruta de la convención (propuesta del peronismo), la redactora y la de Reglamento y Poderes, además de otras cinco de temas específicos, es suficientemente amplia para que el oficialismo distribuya juego y permita una cuota de protagonismo a cada bloque de la oposición.
La mayor tensión política está dada con Somos Vida y Libertad. El bloque de Amalia Granata acepta que el oficialismo tomó algunas de sus sugerencias pero sus voceros se mostraron decepcionados porque “hizo oído sordo a las esenciales, como el no voto del presidente”.
Hay más. El bloque avisó durante la semana a los negociadores del oficialismo que votará en contra de que Michlig presida la convención. Granata y el senador por San Cristóbal mantuvieron duros cruces públicos a finales del año pasado y esas heridas no curaron.
En el actual escenario, donde poco a poco avanzan las conversaciones para definir el reglamento con el Frente para la Esperanza, Activemos de Marcelo Lewandowski, los libertarios y Más para Santa Fe, el riesgo de Somos Vida es quedar aislado y no poder llevarse ningún aporte relevante en la futura Constitución. Un dato llamativo es que Granata decidió no ocuparse de las negociaciones en persona y delegó esa tarea en los diputados Emiliano Peralta y Alicia Azanza.
El día que Milei logró lo imposible
Quien haya tenido la oportunidad de visitar el Museo de la Constitución en la ciudad de Santa Fe recordará que el elemento central de la sala número 2 es una grieta enorme en el suelo que la atraviesa y divide. A la izquierda están los bustos de los caudillos federales. A la derecha los unitarios. Los ubicaron mirando hacia el exterior, de modo que unos y otros se dan la espalda, en una forma sencilla y potente de representar la contradicción fundacional de la organización nacional.
Desde que hace 177 años se juró la primera Constitución nacional las relaciones entre poder central y los gobiernos subnacionales nunca fueron sencillas. Todavía hoy las provincias afirman su identidad en la diferenciación con Buenos Aires y su conurbano, a veces de forma sobreactuada y otras con palmarias evidencias de discriminación y concentración de recursos.
Al menos desde el retorno de la democracia, el poder central se las arregló para que el vínculo con las provincias sea jerárquico y bilateral. Se ocupó de disuadir los intentos de asociación entre provincias que lleven a la conformación de bloques de poder que condicionen o compliquen la gobernabilidad.
Eso explica que regionalizaciones como la de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, que lleva ya treinta años, hasta ahora no habían pasado de armados institucionales formales pero carentes del peso político necesario para cumplir el objetivo esencial: equilibrar el peso de la provincia de Buenos Aires y fortalecer los términos de discusión con la Casa Rosada. El poder central condicionó o directamente desarticuló esos intentos, ya sea operando sobre las necesidades económicas o con beneficios extra para algunas de las gobernaciones en cuestión a cambio de no dar vuelo político a las alianzas interiores.
Esa historia cambió radicalmente con el gobierno de Javier Milei, porque en su plan inicial parecía prescindir de ellas y el único objetivo era ajustarlas y que a la vez ellas se ajusten a sí mismas. Les cortó fondos de reparto discrecional pero también otros garantizados por ley. El presidente no visita las provincias, ni da audiencias a los gobernadores, ni atiende sus reclamos. Sin embargo recurrió a muchas de ellas por auxilio político cuando se le complicó el Congreso, y se lo dieron. Así logró la aprobación de la ley Bases, el bloqueo de leyes impulsadas por la oposición y en otras ocasiones pudo sostener vetos.
¿Se puede gobernar un país si al presidente no le gusta ni le interesa la política como revelan livianamente sus ministros? ¿Tampoco escucha a quienes entienden de política? Alguien le debe haber dicho que si va a usar a un grupo de gobernadores como base de sustentación en el Congreso, no puede luego ningunearlos, maltratarlos, plantarles listas en las elecciones para sacarles votantes, o proponerles alianzas leoninas bajo el nombre La Libertad Avanza.
El karinismo gana la preferencia presidencial, pero ese camino lo llevó a una encerrona política que tuvo su punto culminante el jueves pasado.
Buenos Aires y el interior contra Milei
Javier MIlei logró estos días lo que nadie antes había conseguido. Juntó en su contra a los herederos de los unitarios y federales. Buenos Aires y el interior unidos para recuperar lo que Milei tomó para contruir su superávit con pies de barro.
A principios de junio hubo un primer hecho inédito. Los mandatarios de las 24 jurisdicciones subnacionales se sentaron a la misma mesa para reclamarle al gobierno por recursos. Solo una impericia política suprema o la necedad permitieron que las cosas llegaran a ese punto.
El gobierno ignoró la potencia política de la foto de todos los gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA sentados a la mesa del Consejo Federal de Inversiones. No era una foto cualquiera, era la demostración de fuerza de una alianza inesperada hasta entonces, que reunió gobernadores del interior con Buenos Aires, peronistas con radicales, PRO con kirchneristas.
El gobierno se despabiló en la previa del 9 de Julio, cuando se percató que los gobernadores no irían a hacerle el decorado del acto patrio a Milei como ocurrió en 2024 y que las expectativas no estaban en el Poder Ejecutivo que los había ninguneado sino en un acuerdo con el Senado para sesionar al día siguiente y sacar sobre tablas los proyectos de ley firmados por los 24 mandatarios con los cambios en la distribución de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el fondo de Aportes del Tesoro Nacional y en la misma sesión dar sanción al aumento jubilatorio, la prórroga de la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y el rechazo al veto del fondo de emergencia para Bahía Blanca. Fue una goleada sin antecedentes, que deja al gobierno en una posición complicada y tirando manotazos desesperados.
La reacción del presidente fue por el único camino que le quedaba ante la derrota, que era huir para adelante, prometer veto, judicialización y denunciar un complot inverosímil de 24 mandatarios de todos los colores políticos, incluidos sus aliados, para perjudicarlo. Como blasfemar sirve para disimular los errores pero no resuelve los problemas, mientras el presidente hacía su acting en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el jefe de Gabinete Guillermo Francos daba señales de buscarían algún tipo de acuerdo y diálogo con los gobernadores.
Pero hay dos cosas que el gobierno a esta altura debe haber comprendido. La primera es que el precio que pagará ahora para que no le tumben los vetos es más alto que a principios de junio, cuando los gobernadores le propusieron un acuerdo amistoso por los fondos del impuesto a los combustibles y los ATN. Milei ya no podrá seguir haciendo superávit con plata ajena como si nada. Ni le será sencillo romper el frente de los gobernadores, que se unieron porque los que fungieron de aliados en este año y medio no consiguieron ninguna ventaja.
La segunda cuestión es que si la Casa Rosada quiere que prospere el veto que anunció a las leyes de emergencia en discapacidad y aumento de jubilaciones, ambas aprobadas con mayoría especial y votos de sobra, deberá proponer alguna salida a cambio para ambos temas, en especial a los bloques de la UCR. Los senadores radicales, salvo Mendoza y Chaco donde se tejen alianzas electorales con La Libertad Avanza, no parecen dispuestos a ser convidados de piedra en los armados electorales de sus provincias y a la vez cargar con el costo político de la “descapitalización humana” que la Casa Rosada practica con jubilados y discapacitados.
El caso santafesino va en esa línea. Los radicales Eduardo Galaretto y Carolina Losada votaron a favor todas las leyes salvo la prórroga de la moratoria previsional. Ninguno de los dos habló en la sesión por razones lógicas: estaban votando en contra de un gobierno al que apoyaron y apoyan en general, pero que no les da opción al quitarle recursos a Santa Fe, no pagarle las deudas, tirarles más responsabilidades y, para completarla, en lugar de buscar una solución al desastroso estado de las rutas nacionales, elige dar de baja (¿como venganza?) los convenios de mantenimiento elementales de las rutas 33 y 178, que no cumplía pero al menos fijaban un compromiso escrito.
