"Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos". Gobernadores y ministros de Economía de las provincias deben haber rememorado aquella amenaza del presidente Javier Milei esta semana cuando, al final de los tres días de mayor recaudación en el año del impuesto a las Ganancias (jueves 15, viernes 16 y lunes 19), se encontraron con menos de la mitad del dinero que había proyectado la Comisión Federal de Impuestos como consecuencia de los cambios en el régimen de anticipos de ese gravamen.
En Santa Fe esperaban 230 mil millones y entraron 111 mil millones. A diferencia de la mitad de las provincias que tendrán problemas para pagar aguinaldo, la administración de Maximiliano Pullaro no pasa zozobra financiera por este sacudón en la recaudación, que se sumó a tres meses de caída de los recursos tributarios a causa de la menor actividad económica. El ejercicio económico provincial de marzo (ingresos corrientes menos gastos corrientes) cerró con apenas 400 millones de pesos de superávit y el de abril con un déficit de 40 mil millones.
“Tenemos no sólo para pagar este aguinaldo sino también el de fin de año”, recuerda una alta fuente de la Casa Gris. “Gracias al ajuste que hicimos el año pasado, están los recursos asegurados para pagar el plan de obra pública que está en marcha, los sueldos y los aguinaldos”, insiste.
¿Cómo congenian la salud de la economía y las finanzas del Estado provincial con gremios que aceptan aumentos salariales bajo protesta, el conflicto abierto con los sindicatos docentes o un pedido de crédito público por 1.150 millones de dólares para “blindar” la obra pública que la Legislatura tramita a pedido del Poder Ejecutivo?
El colchón de Pullaro
La política salarial de la Casa Gris es que “ningún trabajador pierda con la inflación”. En Economía recuerdan que los ingresos tributarios, tanto por coparticipación como por Ingresos Brutos, crecen muy por debajo de la inflación en los últimos meses, con una caída fuerte los últimos tres. No es consuelo para los asalariados: por la composición del gasto, su poder adquisitivo se evapora a un ritmo más rápido que el que marcan el Indec o el Ipec.
¿Por qué teniendo reservas bancarias, títulos públicos y las cuentas ordenadas el gobierno asume el costo político de una política salarial que admite insatisfactoria, aunque se mueve por encima de las pautas que quiere imponer el gobierno nacional para anclar la inflación?
El gobernador responde: “Porque el Estado no está solamente para pagar sueldos. Esta gestión usa los recursos para llevar igualdad y desarrollar todo el territorio de la provincia, porque no tenemos la infraestructura que sí hizo Córdoba. Necesitamos poner 5 o 6 mil millones de dólares en gas, electricidad, conectividad y redes viales en los próximos años para despegar, prepararnos para que las mineras puedan sacar su producción por Santa Fe y otras áreas también. Tenemos que prepararnos para cuando esto arranque”.
Refuerza: “El año pasado perdimos 4 o 5 mil empleos, fuimos una de las tres que menos perdieron, imaginen lo que hubiera sido esto si no hubiéramos aplicado políticas anticíclicas, sosteniendo la obra pública de la que viven 43 mil familias y créditos con tasas subsidiadas. Sí pago costo político por reformas como la previsional, y estoy dispuesto a seguir pagando costo político si es para alcanzar esos objetivos”.
Dólares para obra pública
La operación de crédito que se tramita en la Legislatura es parte de ese plan. Incluye recomprar el saldo de la deuda tomada en 2017 durante la gestión de Miguel Lifschitz, emitir bonos por mil millones de dólares en el mercado internacional y otros 150 millones de un organismo bilateral.
Sería el endeudamiento más grande en la historia de la provincia y triplica el stock de deuda actual, pero aun así el potencial para tomar crédito seguirá siendo holgado. De concretarse la operación será para obras nuevas: segunda etapa de gasoductos, ruta 96 en el sur, hospital Regional Sur, tercera vía de la conexión Reconquista-Avellaneda y obras de energía eléctrica, entre otras. Todas a empezar, ya que lo que está en marcha tiene financiamiento con recursos propios.
Ahora bien, una colocación de 1.000 millones en el mercado de deuda no es una operación más. Desde el ex ministro de Economía provincial Walter Agosto hasta socios políticos de Unidos pidieron detalles sobre la tasa de interés máxima que el ministro Pablo Olivares estaría dispuesto a convalidar y la conveniencia y condiciones de la recompra de títulos con vencimientos en 2025, 2026 y 2027. Hay un dato relevante: el riesgo país está alrededor de 665 puntos, el doble del de 2017 cuando Lifschitz tomó u$s 500 millones en dos tandas en plena primavera macrista.
Olivares recibió por separado a senadores del oficialismo y la oposición para evacuar dudas. El resultado fue el voto unánime de la Cámara alta, incluidos los cinco senadores del PJ. Este es un dato político para prestarle atención, porque durante muchos años radicales y socialistas votaban todo en conjunto. Esa hermandad de intereses se rompió a partir de 2024, cuando el gobierno de Pullaro dio señales de que no necesitaba a los senadores peronistas y éstos votaron en contra leyes clave como la reforma previsional y la que habilitó la reforma constitucional.
El regreso de la unanimidad, el jueves pasado, algunos la interpretaron como un gesto de acercamiento de los caciques peronistas al gobierno ahora que se viene la reforma constitucional y todos ellos serán de la partida, salvo Eduardo Rosconi de Caseros.
Esa posición destaca por otra razón. Fuentes del interbloque del PJ en Diputados indicaron que hoy por hoy es más probable el rechazo que el acompañamiento al endeudamiento. Incluso hay versiones contrapuestas sobre qué hará finalmente el perottismo, que tiene 5 de las 9 bancas. En el Ejecutivo dan a entender que el exmandatario está de acuerdo con el crédito, pero a la vez su exministro de Economía, Walter Agosto, también diputado, pidió informes y puertas adentro del interbloque manifestó una posición crítica.
El gobierno tiene premura para que se autorice el endeudamiento. La razón principal es que el mercado de capitales en Nueva York entra en receso de verano y recién recupera actividad plena en septiembre. Por lo tanto, en lo que queda de mayo y la primera parte de junio necesita la ley, la firma soberana del gobierno nacional y hacer la operación de oferta de títulos en sí misma.
¿Autorizará el gobierno nacional a Pullaro a hacerse de 1.000 millones en el exterior para obra pública? Justo para obra pública, en la que Milei no cree y que el gobierno de Santa Fe remarca que es su gran diferencia con el gobierno nacional, porque demuestra que no ajusta por ajustar sino que el producido del ajuste lo vuelca a inversión pública. Un factor a favor: al programa económico le vendría bárbaro que el ministro Olivares aterrice en Ezeiza con 1.150 millones de dólares debajo del brazo.
Trámite exprés o paso a paso
El proyecto de ley ingresó a Diputados el mismo día que se aprobó en el Senado. Llamó la atención que no se le diera preferencia para tratarlo en la siguiente sesión, lo que podría demorar el tratamiento como mínimo una semana. ¿Qué ocurrió si se tiene en cuenta que Unidos tiene mayoría?
Otra vez el foco estuvo en el apoyo del PJ en el Senado y la versión de que sería resultado de un listado de obras acordadas para los departamentos del PJ. Según fuentes legislativas, dentro de Unidos se habló de no repetir la historia de 2017 cuando el Frente Progresista, que tenía minoría en la Cámara alta, tuvo que negociar una lista departamento por departamento para que le levanten la mano.
Ese listado pasó a la historia como “la listita feliz”, parafraseando el eslogan de la cadena de hamburguesas, donde cada uno puso lo que quiso, desde una ambulancia hasta una ruta, desvirtuando el sentido de una operación tan excepcional. Nadie toma deuda en Nueva York para comprar ambulancias. La lista era imposible, hecha fuera de cualquier parámetro técnico. Un pedido a boca de jarro, donde lo importante era que los senadores en general pudieran volver a sus departamentos y decir que habían hecho valer su voto incluyendo obras para sus representados.
La ley de endeudamiento no está en riesgo. Seguramente esta semana estas cosas serán aclaradas entre el Ejecutivo y el interbloque oficialista de Diputados, donde talla fuerte el socialismo, que además tiene el senador por el departamento La Capital.
Tercera vía
Hablando del socialismo, el diputado y presidente del PS Joaquín Blanco y el diputado nacional Esteban Paulón, ambos del sector que conduce el partido, fueron el viernes a Tigre (también estuvo Franco Bartolacci, el rector radical de la UNR) para acompañar el lanzamiento del espacio Elegir del radical Facundo Manes, que buscará la reelección con el eslogan “Ni los de antes, ni los de ahora”.
El PS viene de una alianza con Schiaretti, que hace poco sumó su sello y sus referentes a Unidos en la provincia. La presencia socialista en el acto de Manes por ahora es indicativa de la búsqueda de un camino diferente a la del radicalismo, el PRO y otros partidos que conforman Unidos. La idea de una lista única de Unidos para las elecciones de octubre no está descartada, pero luce improbable, simplemente porque los intereses que los unen en Santa Fe divergen en el plano nacional.
El Plan Colchón
Esto se ve en el Congreso, y particularmente en el posicionamiento esta semana frente al anuncio del Plan Colchón que hizo el ministro de Economía Luis Caputo. Mónica Fein, presidenta del PS, hizo un explícito rechazo, mientras que el pullarismo matizó tratando de “compatibilizar la recuperación económica pero evitando que pueda significar poner en riesgo la seguridad pública”.
El gobernador mandó a los ministros Olivares y Cococcioni, de Seguridad y Justicia, a sentar una posición política de respaldo pero sin renunciar a sus banderas identitarias de lucha contra el crimen organizado: “El gobierno provincial apoya la medida y a su vez se enfoca en bloquear a las mafias que atentan contra la seguridad pública”.
Para eso creó un comité para fortalecer una tarea de patrullaje patrimonial y de movimientos económicos que sigilosamente viene haciendo la Secretaría de Inteligencia provincial, que Santa Fe creó por ley el año pasado y la primera y hasta ahora única en el país.
Tregua con la Corte
Una más de la Legislatura. Las cámaras aprobaron 39 fiscales subrogantes por unanimidad, un dato no menor si se tiene en cuenta que el tema nombramiento, concursos y Consejo de la Magistratura fue motivo de fuertes controversias el año pasado.
Esos nombramientos eran una necesidad que venía reclamando la fiscal general María Cecilia Vranicich. Próximamente entrará a la Legislatura una nueva tanda de aspirantes a fiscales.
Quizás lo más novedoso es que el gobernador dio el ok para enviar a la Legislatura una suculenta pila de pliegos para cargos de jueces, una señal inequívoca de la distensión del conflicto entre el gobierno y la Corte Suprema tras el ingreso de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.
Una fuente del gobierno que estuvo en las conversaciones lo explicó así: “Finalmente nos entregaron un diagnóstico serio de las necesidades que estuvimos analizando. Coincide bastante con nuestro propio estudio del Poder Judicial. Vamos a enviar incluso algunos más de los que la Corte pidió como prioridad uno”. Por las dudas aclara que no es la paz definitiva, sino una tregua hasta septiembre. El pullarismo está dispuesto completar la renovación de la Corte Suprema una vez que se apruebe la nueva Constitución.
