Sin acuerdo entre oficialismo y oposición, tras la reunión de este martes convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, a la que concurrieron presidentes de los bloques políticos, el Senado se encamina a una sesión que convocará el kirchnerismo y un sector de la oposición “dialoguista” para este jueves a las 14, con el objetivo de sancionar las leyes que mejoren las golpeadas jubilaciones, que reactiven la moratoria previsional y que declaren la emergencia en discapacidad.
A esto se sumará un combo de dos proyectos que piden los gobernadores para fondear de manera automática a los distritos y se insistirá en norma vetada de ayuda tras el trágico temporal en Bahía Blanca. De esta manera el Ejecutivo, que rechaza el fin del superávit fiscal, definirá en los próximos días y, ante eventuales sanciones, cuáles de ellas anulará. También se agregaría una declaración del pleno sobre el caso YPF.
La reunión realizada esta tarde no fue considerada de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque y las autoridades suelen consensuar una agenda de cara al recinto. Como se esperaba, el oficialismo deslizó la idea de posponer el convite, algo que fue rechazado por el jefe del Frente de Todos, José Mayans (Formosa); y del integrante del radicalismo Pablo Blanco (Tierra del Fuego), entre otros.
Sin un plan de Labor consensuado, la convocatoria en el recinto será todo un desafío para las bancadas: se impondrá quien tenga el número. El problema está en que en algunas de las iniciativas hay diferencias no menores entre el kirchnerismo y los “dialoguistas”, lo que podría trabar la discusión in situ de las iniciativas en juego. O podrían regresar, en segunda revisión, a Diputados.
Además, el pleno tendrá que validar o no los dictámenes de los primeros tres textos –jubilaciones, discapacidad y moratoria– que las autoridades desconocieron por violar el reglamento. Esta cuestión tendrá que ser considerada por la oposición, ante potenciales impugnaciones judiciales por no seguir un trámite adecuado.
Podría haber otro cónclave informal el jueves por la mañana, para hallar una vía que, al menos, amortigüe el empuje opositor. Será clave lo que haga la Casa Rosada en las próximas horas, pese a que aún no dio señales de movimiento.
La ley jubilatoria que avalaron diversos opositores en Diputados –algunos macristas se abstuvieron– implica un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. La principal crítica es la conversión de esto último a un derecho para siempre.
Con menos votos fue aprobada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
En tanto, la emergencia en discapacidad sería hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, pasado el final del Gobierno libertario, y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras.
