El debate por la reforma constitucional de Santa Fe suma voces de representantes de la sociedad civil, entre ellas la del empresariado. A través de un documento conjunto, más de veinte cámaras, asociaciones y fundaciones vinculadas al mundo productivo advirtieron sobre los riesgos fiscales de la ley de necesidad de la reforma en la que se basará el debate de la Convención Constituyente que comienza el lunes próximo y plantearon reparos puntuales sobre el avance hacia la autonomía municipal, la estructura del Estado y el equilibrio de poderes. En ese marco, sobresalen dos puntos: la exigencia de que no se incremente el gasto público y un pedido de reconocimiento de los empresarios como generadores de empleo. Todo muy en línea con el nuevo clima de época de la Argentina libertaria.
Uno de los ejes principales del documento es el cuestionamiento a aspectos de la reforma que, según los firmantes, podrían favorecer una expansión del gasto público. Entre ellos mencionan que la ley declara que la deficitaria Caja de Jubilaciones de la provincia es intransferible. “Preocupa la asignación de carácter constitucional a un régimen jubilatorio y, en particular, la adopción del sistema de reparto como modelo inmodificable”, remarcan los empresarios. Que proponen que, si se incorpora el tema a la Carta Magna, sea bajo los principios de “autosustentabilidad, autarquía y autonomía”.
También objetaron la creación de un nuevo Ministerio de Articulación, incluido en el borrador oficial: “Proponemos establecer como principio fundamental de la gestión pública estatal provincial la articulación y coordinación de todos sus poderes y niveles con miras a una gestión estatal eficiente y transparente, en lugar de crear un nuevo Ministerio”.
Y pidieron que “toda creación o aumento de gasto público incluya para su aprobación la fuente de financiamiento y un dictamen informando el impacto sobre precios al consumidor”.
En esa línea, en un párrafo donde habla de los derechos de los consumidores, sostiene que se debe informar con claridad “sobe los tributos provinciales y municipales que tengan incidencia en la formación de los precios de sus compras de bienes y servicios”. ¿Es esto eco de la pelea entre la Provincia y Mercado Libre luego de que el empresario Marcos Galperín adjudicara al peso del impuesto a los ingresos brutos el aumento de la tarifa de sus servicios en Santa Fe?
El documento empresario también plantea preocupación por el impacto fiscal de la autonomía municipal. Las entidades firmantes sostienen que se deben establecer límites claros a las competencias tributarias de municipios y comunas para evitar la creación de nuevos impuestos o la duplicación de tributos ya existentes a nivel provincial o nacional.
“Se propone incluir cláusulas que garanticen que la asignación de nuevas competencias a los gobiernos locales no implique la creación de nuevos tributos; es decir, asegurar que la autonomía no se traduzca en facultades ilimitadas en materia tributaria”, advierte el texto. También reclaman que las tasas municipales respondan al principio de retribución por servicios efectivamente prestados.
En materia de principios tributarios, piden que la nueva Constitución consagre criterios de legalidad, equidad, igualdad, razonabilidad, no confiscatoriedad e irretroactividad, dejando afuera conceptos como el de “sostenibilidad”, porque lo consideran ambiguo. “La consagración constitucional de criterios en materia tributaria resulta un factor crítico para asegurar un marco institucional predecible para el desarrollo y crecimiento del sector productivo”, sostienen.
El documento también expresa malestar por lo que consideran un tratamiento asimétrico entre trabajadores y empleadores: “El proyecto de reforma promueve el trabajo decente y reconoce a los trabajadores como sujetos de tutela constitucional preferente. Sin embargo, no reconoce a las empresas ni a los empresarios como sujetos creadores de empleo”, advierten.
Por eso, proponen que se incluya un reconocimiento expreso a los emprendedores y mecanismos que protejan la actividad productiva ante conflictos individuales laborales.
En otro tramo, plantean la necesidad de garantizar calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos, la posibilidad de concesionarlos con mecanismos de control anticorrupción, y la importancia de que las normas ambientales no se conviertan en una traba para el desarrollo. “La sostenibilidad ambiental debe promoverse contemplando la viabilidad económica de las empresas”, afirman.
Por último, las entidades reclaman avanzar en un rediseño institucional que fortalezca la calidad democrática y la independencia de los poderes. “Se propone evitar la nominación de jueces de la Corte Suprema de Justicia por parte del gobernador; que sea el Consejo de la Magistratura por concurso quien efectivamente proponga los jueces, con aprobación de la Asamblea Legislativa”, señalan. También exigen que la remoción de magistrados quede a cargo de un organismo autónomo, y que se reconozca al Ministerio Público de la Acusación (MPA) como un órgano constitucional, con autonomía plena y autarquía financiera.
Entre los firmantes se encuentran la Fundación Apertura, el Foro Regional Rosario, la Federación Gremial, la Sociedad Rural de Rosario, Grupo Trascender, la Asociación Empresaria Hotelero-Gastronómica, la Cámara Argentina de la Construcción, el Centro de Acopiadores de Cereales, el Colegio de Corredores Inmobiliarios y la Asociación Empresaria de Funes.
“Reconocemos la enorme oportunidad de aportar en la construcción de una Constitución Provincial que promueva la producción y el empleo en el territorio santafesino”, concluye el texto, que será presentado a legisladores y convencionales constituyentes”.
