Hace un año atrás, el Senado nacional impidió la legalización del aborto en Argentina y, en consecuencia, la práctica sigue vigente en el terreno de la clandestinidad. Sin embargo, la provincia de Santa Fe ha podido constituirse en una excepción al garantizar a través de un destacado trabajo en el ámbito público, la puesta en marcha del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los hospitales y centros de salud de todo el territorio. ¿Cómo es abortar en Santa Fe en medio de un marco punitorio para esta práctica?

Nerina Azpeitia es médica generalista del sistema público y su trabajo concreto es determinar si la causa que esgrime una mujer a la hora de pedir un aborto es legal, es decir, si es acorde a la normativa vigente desde 1921 que despenaliza la práctica en caso de violación o riesgo de salud. Hay que señalar que en cumplimiento del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, la Provincia aplica el ILE que entiende a la salud como física, psíquica, emocional y social, tal como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Trabajo en un equipo integral compuesto por psicólogas y una trabajadora social e interactuamos con obstetras y ginecólogos”, precisó la profesional, quien también integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. De acuerdo a lo que explicó a Rosario3, se practican interrupciones de embarazos hasta la semana 12 a través de la ingesta de pastillas de misoprostol y la técnica de Aspiración Manual Endouterina (Ameu). En ningún caso se requiere la internación de la paciente sino que se resuelve de modo ambulatorio.

“Hacemos una evaluación con el médico de cabecera que es quien establece que se trata de un embarazo no planificado y que está por fuera de sus posibilidades, debemos argumentar la causal porque el Código penal es el único marco que tenemos. Hay que aclarar la causa en su historia clínica que debe estar acompañada de las firmas de la paciente y las nuestras como médicos”, precisó.

Luego de la práctica, si es necesario o requerido, se efectúa un acompañamiento de tipo social o de los integrantes del equipo de salud mental. En cuanto a los casos de internación, suelen ser mujeres que padecen de alguna enfermedad de base, como por ejemplo, cáncer o lupus, o puedan sufrir algún trastorno de hemorragias; o bien niñas que al consultar tarde no pueden acceder a la interrupción del embarazo.

El protocolo establece la realización de una consultoría. “Si la mujer puede decir por qué no puede continuar, si puede argumentar el cimbronazo en la estructura de su psiquis, nos sirve para saber que no está siendo presionada. Necesitamos su consentimiento para la práctica”, advirtió y aseguró: “Muchas veces no es ella la que quiere interrumpir sino su madre o su pareja y nos preguntamos por qué no puede con esa maternidad. Al principio puede haber angustia y una puede ver que puede seguir adelante. El 10 por ciento de las mujeres que pasa por la consejería decide continuar. Acá se escuchan a sí mismas, pueden hablar de «hijo» y establecer que necesitan otras cuestiones como por ejemplo trabajo, es decir, el problema es el contexto, necesitan otro contexto, entonces a esa mujer se le brinda un gran acompañamiento social para que siga adelante”, detalló.

La mujer que sí desea un aborto también lo puede expresar. “Trabajamos con dos psicólogas. Esa mujer no lo nombra como bebé, no hay lugar a un hijo o una hija, es una situación de suma angustia y desesperación y hasta prefieren terminar con su propia vida antes de seguir embarazadas”, resaltó y añadió: “La afección psicológica puede ser documentada y nosotros ponemos nuestras matrículas para otorgarle legalidad”.

Azpeitia precisó que la población es heterogénea. “Lo primero que hice cuando empecé a trabajar aquí es hacer un excel en ese sentido, pero la verdad es que pronto me di cuenta que no hay un patrón, son mujeres de todas las edades y con distintos niveles educativos y sociales”, estableció. Sin embargo, hizo esta aclaración: “Quienes consultan más temprano y acceden a mejores métodos son mujeres de mayor edad y nivel educativo. En cambio, las más niñas y pobres acceden más tarde y requieren técnicas más complejas e internaciones”.

Consultada sobre los cambios que podrían efectuarse en caso de legalizarse el aborto, analizó: “Nos permitiría pensar que esta práctica sea universal en Argentina, que el aborto ya no dependa de dónde vivas o de quién te abre la puerta en un centro de salud. Hemos visto en otros lugares que hasta se ha forzado a parir a niñas violadas. Si tuviéramos una ley nos daría un marco de garantía a un derecho universal, tanto en el sistema público como privado”, señaló y sumó: “Nos merecemos como profesionales trabajar sin miedo a ser denunciados”.

Por último, consideró que además de una ley de interrupción legal del embarazo hay que avanzar en “la legalización de la mifrepistona que es el método más recomendado por la Anmat” y también en la producción estatal del misoprostol de la que “no sabemos en qué estado está” en la Provincia.

Según informó el diario El Ciudadano, el año pasado 1.312 mujeres y personas gestantes accedieron a un aborto legal en la salud pública de Rosario. Los números muestran un 40 por ciento de aumento en relación a 2017, cuando hubo 772. Del total, el 20 por ciento tenía obra social o prepaga pero buscó ayuda en hospitales y centros de salud por falta de respuestas en el sector privado, donde no hay registro estadístico de cantidad de interrupciones legales.

“El año pasado hubo un aumento de consultas bastante importante, un incremento que tuvo que ver con poder captar lo que antes se hacía de modo clandestino y al saber que se puede hacer de forma segura en el sistema público, empezamos a tener más consultas”, observó Azpeitia y añadió al respecto: “Después hay que tener en cuenta que en el ámbito privado, un aborto es imposible de pagar. Hoy en el sistema público tenemos un 25 por ciento de pacientes que tienen obra social pero no tienen posibilidad de hacerlo en el ámbito privado”,

Para la médica, el número de abortos a nivel provincial “ha bajado, se ha estabilizado, la curva se ha amesetado”. "El 95 por ciento de las situaciones se resuelven de forma ambulatoria, es muy bajo el porcentaje de internaciones, su número se mantiene estable desde hace unos tres años”, dijo.

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