La Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York ordenó este lunes la suspensión preventiva de la entrega de acciones de YPF que había dispuesto la jueza Loretta Preska. La medida responde a un planteo del Estado argentino, que busca frenar el cumplimiento inmediato de la sentencia por la expropiación de la petrolera.
El fallo de segunda instancia deja sin efecto el plazo de 72 horas que Preska había fijado para que Argentina transfiriera el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford, beneficiario principal del juicio. La suspensión es por tiempo indeterminado y tiene como objetivo principal habilitar una instancia de negociación entre las partes.
La disputa judicial se remonta a septiembre de 2023, cuando la magistrada de primera instancia condenó al país a pagar 16.100 millones de dólares por la estatización de YPF realizada en 2012. El reclamo fue impulsado por Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, entonces dueña del 25% de la compañía.
Los demandantes sostienen que el gobierno argentino violó el estatuto de YPF al nacionalizar la participación de Repsol sin extender una oferta similar al resto de los accionistas minoritarios. A Repsol se le pagó con bonos, pero Petersen quedó afuera de la operación.
Desde aquel fallo, el Estado argentino apeló la sentencia y no avanzó con una propuesta de pago. En ese contexto, los fondos demandantes intensificaron la presión judicial y solicitaron que se embargaran activos del país, entre ellos las acciones de la petrolera bajo control estatal.
La orden de Preska para entregar ese 51% fue apelada de inmediato por Argentina y, con esta nueva decisión de la Cámara, queda suspendida mientras avanzan las conversaciones. Sin embargo, el antecedente ya fue tomado por otros acreedores como un posible camino para cobrar sus reclamos con acciones de YPF.
