El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó este sábado los vetos a las leyes de reparación y aumento de las jubilaciones y la de Emergencia en discapacidad, ambas sancionadas por el Congreso a principios de julio. Ahora, tanto Diputados como Senadores deberán juntar como mínimo dos tercios de las voluntades para insistir y echar por tierra la determinación del Ejecutivo, que las rechaza por “regresivas y asistencialistas” y por poner en jaque el equilibrio fiscal.
Puntualmente, la ley de Emergencia en Discapacidad propone entre sus beneficios la regularización de pagos y actualización de aranceles a los prestadores del sistema de salud a personas con discapacidad (transportistas, terapistas, centros de día, entre otros) y la reforma del sistema de pensiones no contributivas, de las cuales 80.000 fueron cortadas de cuajo por presuntas irregularidades por el actual gobierno, que afirma que leyes como estas van en contra del famoso superávit cuando al mismo tiempo toma otras medidas fiscales beneficiosas para otros sectores como el agrícola con la necesaria y justa baja de retenciones, o la suba del mínimo no imponible en el impuesto a los Bienes Personales. Una contradicción en la que ganan los que más tienen y pierden los que menos tienen.
Para Fabricio Trossero, abogado especialista en Derecho y Discapacidad, se trata de una medida “cruel” que tiene “sensibilidad cero hacia las personas más vulnerables”, que se da de bruces contra tratados internacionales con rango constitucional y que provocará “un aluvión de amparos judiciales, como ocurrió en 2001 con el corralito”.
Una mirada desde el derecho y la discapacidad
La perspectiva de Trossero es atendible no sólo por su formación en derecho, que le permite ser parte de la Comisión de Discapacidad de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, sino también porque él mismo es una persona con discapacidad, por lo que entiende de sobra el sufrimiento de quienes ven cómo se interrumpen sus tratamientos, se quedan sin acceso a medicamentos o ya no se les deposita la pensión que recibieron siempre y aún no saben por qué.
“Este veto presidencial no sólo está fuera de lugar, sino también fuera de derecho: afecta prestaciones que están reguladas por las leyes 22.341 y 24.091; contradice la Convención Internacional para las personas con discapacidad, a la que Argentina le dio rango constitucional en 2008 e incorporó dentro de los tratados internacionales de derechos humanos en el artículo 75 inciso 22, que tiene fuerza jurídica; y desconoce las 100 Reglas de Brasilia, recomendaciones que varios países firmaron (entre ellos Argentina) sobre cómo se deben tratar a colectivos como las personas con discapacidad. Hay varios elementos jurídicos que permiten afirmarlo”, dice Trossero, quien además integra el Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de Rosario.
“Supongamos que una persona tiene una esquizofrenia y tiene que llevar adelante un tratamiento mensual: de repente, todas estas prestaciones se cortan, la obra social no se la cubre, no puede acceder a medicamentos ni al tratamiento. ¿Qué hace? La persona que sufre esto queda con su tratamiento en stand by pero su problema persiste. Lo mismo ocurre con las personas que tienen una discapacidad motriz, como es mi caso, que me cortan el tratamiento de rehabilitación kinesiológico y me obligan a hacerle frente por mí mismo. ¿Y a dónde van a ir? A la justicia”, remarca.
Trossero deja en claro que no está en contra del achique del gasto público, pero sí de que el ajuste se enfoque en los grupos más indefensos del tejido social, como los jubilados o los discapacitados: “Si vos querés recortar, hacelo. Pero recortá en otro lugar, afectá a otro colectivo que pueda tener recursos para defenderse; no ataques siempre a las personas a las que te resulta más fácil atacar”, manifestó.
Justos por pecadores
Uno de los argumentos más escuchados de boca de los integrantes del gobierno alude a presuntas irregularidades en la adjudicación de las pensiones y a la baja presencia en las auditorías médicas a las que se convocan a los beneficiarios para confirmar su grado de discapacidad. Trossero cree que “están pagando justos por pecadores”.
“Si bien es cierto que en gestiones anteriores hubo abusos, acá hay muchas situaciones que no se tienen en cuenta: hay una desinformación total sobre el procedimiento que tiene que hacer una persona que recibe la pensión no contributiva para poder ratificarla. A una persona con discapacidad le llega una carta con una citación y si no se presenta ante la junta médica en el día y horario en que lo citan, automáticamente le dan de baja la pensión. Y pueden pasar un montón de cosas para que esa persona no se presente: quizás es anciano y vive sólo; quizás es ciego y no sabe leer; quizás lo citaron a 100 kilómetros y no puede llegar", comentó.
Finalmente, Trossero pronosticó una lluvia de amparos judiciales si las leyes no se ratifican en el Congreso: “Acá va a pasar lo mismo que en 2001 con el ‘corralito’: los juzgados federales van a estar abarrotados de amparos a los efectos de que les cumplan con la pensión no contributiva o con la prestación que les corresponde a esas personas por esas leyes que antes mencioné. Si a mí no me depositan la pensión o no me cumplen con la prestación, el Estado es solidariamente responsable de ese incumplimiento”, concluyó.
