El gobernador Maximiliano Pullaro se mostró a favor de la baja en la edad de imputabilidad (actualmente en 16 años) y dijo que “no puede quedar impune” el adolescente de 15 que mató al playero Bruno Bussanich, quien fue demorado en las últimas horas, pero reconoció que ya “podría estar libre”.
El mandatario santafesino dijo a Infobae que el adolescente aprehendido, que por su edad en no punible, “es un peligro para la sociedad, por más que sea menor”.
Y soltó una frase, en línea con funcionarios nacionales que se hicieron eco de la aprehensión del homicida de Bussanich: “Hay que modificar también que los menores que cometen delitos de mayores paguen como los delitos de mayores”.
“Soy sociólogo, politólogo, fui ministro de Seguridad y todo lo que pensaba con mi formación académica lo cambié cuando tuve que gestionar la seguridad pública y vi la realidad”, opinó.
“Lo vengo planteando hace muchísimo tiempo, que es la pena que deben tener los menores que cometen delitos graves –continuó Pullaro–, porque si no el Estado no tiene ningún poder de control. Detuvimos a este pibe y mañana puede cometer un hecho similar, o tal vez lo terminan matando para que no hable. ¿El Estado no tiene ninguna herramienta para resguardarlo y para resguardar a la sociedad de él? Ya hay que cambiar la ley, es urgente y es un debate que tiene que dar la República Argentina, sin preconceptos, sin prejuicios o ataduras ideológicas”.
"Este chico tiene que pagar, no puede quedar impune lo que hizo", exclamó, pero reconoció que "ya podría estar libre". El viernes, el fiscal Adrián Spelta dijo que tras la aprehensión del autor material buscaban dar con los autores intelectuales del crimen de Bussanich.
Pullaro dijo que con los crímenes al voleo de dos taxistas, un colectivero y el playero, “las organizaciones criminales quisieron quebrar una decisión del Estado constitucional, sobre las condiciones de resguardo de los detenidos de alto perfil”.
Y que el endurecimiento en el régimen de encierro “impactó en una pérdida de poder y control de sus organizaciones y derivó en amenazas directas” a su persona, entorno y a funcionarios”.
“Como no surtió efecto, fueron contra la población civil inocente. Nosotros entendemos que la única manera y el único camino es continuar con el control de las cárceles a través de la aplicación de la ley y de la Constitución”, sostuvo.
