Un grupo de diputados nacionales del PRO y La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) con el objetivo de prohibir el uso de fondos públicos para tratamientos vinculados a la transición de género, como hormonización o cirugías.
La iniciativa fue impulsada por el legislador Gerardo Milman (PRO), acompañado por Lilia Lemoine y Carlos Zapata (LLA), y apunta a impedir que obras sociales, programas estatales como el Plan Médico Obligatorio (PMO), o cualquier servicio financiado con dinero público cubran este tipo de tratamientos.
“El Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”, argumentó Milman al presentar el proyecto, que también pone el foco en restringir el alcance de la ley para mayores de 18 años.
Alcance del proyecto y justificación de los autores
La propuesta no sólo prohíbe la financiación estatal de los tratamientos de adecuación de género, sino también restringe al Estado y a todos sus órganos —incluidas dependencias descentralizadas y empresas públicas— de promover o difundir lo que los autores del texto califican como “construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad”.
“No negamos la libertad individual ni el derecho de cada persona a definirse conforme a su vivencia interna del género”, explicó Milman. “Pero reafirmamos el principio liberal de soberanía individual en un marco jurídico que respete la neutralidad ideológica del Estado y el principio de no agresión fiscal hacia los contribuyentes”.
En esa línea, los autores sostienen que el Estado no debe intervenir “condicionando a terceros para que financien decisiones personales” relacionadas con la identidad de género.
Críticas a la Ley de Identidad de Género
Según los diputados firmantes, la actual Ley de Identidad de Género “utiliza al Estado para imponer concepciones culturales, lingüísticas y médicas” que —afirman— “no gozan de consenso social ni científico”. Desde su óptica, la norma vigente impone un financiamiento “compulsivo” de decisiones personales.
El proyecto también hace foco en los casos de menores de edad, y propone que el Estado no intervenga en lugar de los padres cuando un niño o adolescente manifiesta su deseo de cambiar de género. “Los padres deben ser quienes autoricen y consulten con profesionales si ese deseo es genuino o responde a influencias externas”, concluyó Milman.
