Reforma constitucional: la oportunidad de sentar las bases de la Santa Fe del siglo XXI

Sesenta y tres años es mucho, muchísimo. Pero ese es el tiempo que pasó desde la última reforma de la Constitución provincial. Para dimensionarlo: en aquel entonces Rosario no tenía ni siquiera un canal de televisión. Por eso, el proceso que este lunes comienza a transitar Santa Fe con el inicio de la Convención Constituyente es histórico. Una oportunidad para sentar las bases de un Estado moderno, que contemple los cambios políticos, sociales, económicos, tecnológicos que transformaron la vida de las personas y las comunidades. ¿La tomarán los 69 hombres y mujeres que en los próximos 60 días reescribirán la Carta Magna de 1962? ¿O se limitarán a acomodar los tantos para sus propios deseos y necesidades, más unas pocas adecuaciones que pongan a tono instituciones vetustas con una época en la que no solo hay televisión sino que la información viaja a la velocidad de la luz por canales de comunicación de todo tipo y color?      

El gobierno de Maximiliano Pullaro, que llegó a la Casa Gris empoderado por más de un millón de votos, lo hizo. Consiguió lo que todos los gobernadores, al menos desde 1994 –año de la última reforma constitucional nacional– para acá quisieron y no pudieron: sumar las voluntades necesarias –dos tercios de las cámaras de Diputados y Senadores– para sancionar la ley que habilitó el proceso constituyente.

Esa ley establece el marco y los límites de acción que tendrá la Convención, de la que el propio Pullaro, impulsor principal de toda la movida, será integrante y también beneficiario: uno de los puntos que se modificará es que se habilitará la reelección del gobernador y todo indica que eso comenzará con el actual ocupante de ese cargo. Pero el temario es mucho más amplio que eso: 42 de los 116 artículos de la Carta Magna podrán ser reescritos y también se incorporarán nuevos.    

Se trata de una agenda diversa, que abarca la posibilidad de rediseñar aspectos claves del funcionamiento de los tres poderes del Estado. Sobre esos temas la ley marca un sesgo, un sentido, una dirección –fruto del acuerdo legislativo entre el oficialista frente Unidos y una parte de la oposición peronista– que la Convención refrendará o no. Lo que el cuerpo no podrá hacer es tratar puntos no incluidos en la ley. 

Así, seguramente se habilitará la reelección del gobernador por un período, se limitará al mismo tiempo la de los legisladores, probablemente se eliminen los fueros, se incluya ficha limpia y se incorporen mecanismos de participación ciudadana y democracia semidirecta. Pero no se podrá tocar el Senado, que fue blindado en el debate de la norma por los propios integrantes de la Cámara alta, ni poner en discusión la representación territorial en el Poder Legislativo de la provincia.

Los puntos principales de la reforma

 

Los siguientes son algunas de las cuestiones principales del temario incluido en la norma:

Arquitectura institucional:

-Límite a las reelecciones indefinidas en cualquier cargo electivo, incluidos diputados, senadores, intendentes y concejales. Se habilitarían hasta dos períodos consecutivos.

-Residencia obligatoria en la provincia para legisladores.

-Equilibrio fiscal como principio constitucional.

-Eliminación de fueros y privilegios políticos que protegen a funcionarios y legisladores de ser procesados judicialmente mientras ejercen su cargo.

-Elección de diputados por sistema D’Hont puro, es decir sin la mayoría automática de 28 bancas sobre 50 que hoy corresponde a la lista ganadora.

-Extensión del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, que hoy va de mayo a noviembre

-Creación de la figura de un Ministerio de Coordinación, con acuerdo legislativo, que articularía las relaciones con otros poderes del Estado. 

-Establecer en la Constitución que la Corte Suprema se compone de siete miembros y un procurador general, “procurando la paridad de género”. También el límite de 75 años de edad para permanecer en el cargo.

-Darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura. 

-Conformación de un tribunal de enjuiciamiento para sanción de jueces y fiscales que no sean pasibles de juicio político.

Democracia semidirecta: 

-Se plantea incorporar mecanismos como la consulta popular, la iniciativa popular, el referéndum, la revocatoria de mandatos y las audiencias públicas.

Derechos:

-Se propone incorporar la seguridad pública como derecho fundamental.

-Se suman derechos digitales y la promoción de medidas contra el cibercrimen.

-Se propone establecer la universalidad en el acceso a los servicios públicos de competencia local y provincial, y reconocer el derecho de acceso al agua en condiciones de igualdad.

-Se incorporaría una regulación que consagre el derecho a un ambiente sano y sustentable, con una apuesta al desarrollo sostenible en el marco del cambio climático.

-Reconocer los derechos de consumidores y usuarios en sintonía con la Constitución nacional

-Se habilita la adopción de medidas de acción positiva que “garanticen los derechos de las mujeres y disidencias, de las personas con discapacidad, de las personas mayores, de niños, niñas y adolescentes, de los pueblos originarios, de las juventudes”.

-Propone ampliar los alcances del derecho a la libertad de expresión y reconocer el derecho a buscar, recibir y difundir información.

-También extender la protección del derecho a la salud

-Promover el trabajo decente y reconocer los convenios colectivos de trabajo, las garantías del fuero sindical y el derecho a la negociación paritaria.

-Incorporar a la Constitución la obligatoriedad de la educación secundaria. 

-Declarar intransferible la Caja de Jubilaciones de la provincia.  

Autonomía y área metropolitana

 

Para Rosario en sí, la reforma también es una oportunidad histórica, pues convertirá en realidad la autonomía municipal que reclama desde hace tres décadas. La ciudad podrá, un vez resuelto el tema, dictar su propia Carta Orgánica, establecer su sistema político y administrativo, y definir con criterio propio su perfil institucional.

Pero la discusión no se agota en lo municipal, pues el crecimiento población y las mutaciones en la vida ciudadana obligan a pensar a Rosario como eje de una región amplia y diversa que precisa mecanismos claros de cooperación. El reconocimiento constitucional de las áreas metropolitanas como espacios institucionales puede ser un avance clave para planificar políticas de transporte, hábitat, ambiente y seguridad de forma integrada.

La reforma podría ofrecer un marco estable y duradero para una gobernanza regional eficiente y colaborativa que permita diseñar el desarrollo de la ciudad y su entorno.

El mapa político

 

La Convención tendrá 69 integrantes que fueron elegidos en los comicios del 13 de abril pasado. El oficialista frente Unidos, con 33 representantes, tendrá el bloque de mayor peso. Si se cuentan los tres del Frente de la Esperanza que entraron con la boxedaora Alejandra Locomotora Oliveras a la cabeza, podría decirse que tiene asegurada la mayoría y el quórum propio, que será de 36 convencionales. 

El peronismo llega dividido entre los 12 convencionales de Más para Santa Fe –acuerdo entre el PJ oficial y Ciudad Futura– y los cuatro de Activemos, la lista que encabezó el senador nacional Marcelo Lewandowski. El oficialismo cree que al tratarse de un partido de Estado, con responsabilidades institucionales y perspectiva de volver a la gestión provincial, el justicialismo es el sector con el que será más fácil acordar posturas comunes.

En el cuadrante antipolítica, La Libertad Avanza tendrá diez convencionales y Somos Vida, el espacio de Amalia Granata, siete.

Más allá de estas divisiones partidarias, es muy probable que operen acuerdos transversales que las trasciendan y expongan, a la vez, diferencias internas. Por caso, dentro de Unidos, el socialismo y al menos parte de la UCR respaldan que se declare intransferible la Caja de Jubilaciones, algo que rechaza el otro socio de la coalición: el PRO.

Los senadores, un sector tan poderoso que uno de sus integrantes –Felipe Michlig–  presidirá la Convención, ya actuaron como si fueran un solo bloque para blindar, durante el tratamiento de la ley, el sostenimiento de la Cámara alta. Varios de ellos –tanto del PJ como de la UCR– parecen dispuestos a sostener una postura polémica frente al límite de una sola reelección posible que fijaría la Convención: que se debe contar como primer mandato para tal requisito el siguiente, que comienza en 2027, y no el actual, con lo cual estarían forzados a dejar el cargo –si efectivamente consiguieran el respaldo en las elecciones– en 2035 y no en 2031. Esa postura, diferente a la del Ejecutivo, generó fuertes cortocircuitos internos en Unidos los últimos días.

El método de trabajo

La sesión inaugural de este lunes comenzará con la jura de los convencionales, la elección de autoridades y la aprobación del reglamento. 

Luego se conformarán las comisiones, que concentrarán el trabajo de reescritura de los diferentes capítulos del texto constitucional. Si bien al cierre de esta nota seguían las negociaciones, que podrían estirarse hasta el mismo lunes a la mañana, entre los distintos sectores, serían ocho: tres operativas y cinco temáticas.

Las operativas serán la de Labor Parlamentaria –integrada por las autoridades y los presidentes de bloque, elaborará el plan de trabajo–, la de Poderes y Reglamento –se ocupará de cuestiones disciplinarias, de validez de títulos y de interpretación normativa– y la Redactora -que tendrá a su cargo resguardar que el nuevo texto constitucional cumpla todos los requisitos juŕidico-legislativos-.

Las temáticas se dividirán de la siguiente manera: una se ocupará de los artículos vinculados al funcionamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, otra los referidos al Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación, otra sobre régimen municipal, autonomía y áreas metropolitanas, otra de derechos y garantías y una última de participación ciudadana, servicios públicos y otros temas.

De acuerdo al reglamento, aún no acordado aunque parecía a punto, los convencionales presentarán los proyectos, se ingresarán en las sesiones plenarias y de allí se girará a las comisiones correspondientes, que emitirán dictámenes de mayoría y minoría. Estos despachos serán revisados por la comisión redactora, que los deberá armonizar con los otros, y como último paso irán al plenario.

En principio, el oficialismo pretendía habilitar tres días para presentar proyectos, pero otros bloques pidieron un plazo mayor. La idea entonces es comenzar cuanto antes el trabajo en comisiones con las iniciativas que se habiliten en los primeros días, pero al mismo tiempo dejar abierta la posibilidad de presentar nuevas por un plazo más amplio. Acaso aparezcan en esa ventana las voces de entidades representativas de la sociedad civil que hasta ahora no han tenido lugar.

Se prevé que las primeras semanas estén dominadas por la actividad en comisiones, y que los últimos 10 días se concentren las sesiones plenarias para votar los dictámenes finales y darle forma al nuevo texto constitucional.

La ley fija un tiempo total de trabajo de 40 días y da una posibilidad de prórroga por 20 más que ya se podría aprobar en la sesión de este lunes. Unidos pretende que en la reunión de apertura se fije el cronograma completo de trabajo de toda la Convención. Ante el riesgo de quedarse cortos, algo que ya acordaron los sectores políticos que participarán de la reforma es que tanto las comisiones como el plenario podrán ser llamados a sesionar de lunes a lunes.

La Provincia está a las puertas de coronar un proceso histórico. El debate que está a punto de comenzar es tan importante que transformará la base normativa sobre la que se construirá la Santa Fe del siglo XXI. Ojalá los convencionales estén a la altura.