La misma Legislatura que hace una semana golpeó al gobierno de Omar Perotti, ahora le ofrenda el Presupuesto 2021 en tiempo y forma. Nada cambió en el medio. Por el contrario, todo sigue igual.

El conflicto entre el gobierno y los senadores del peronismo está al rojo vivo. La posibilidad de una ruptura está a la vuelta a la esquina. Hay funcionarios y senadores perottistas que por si ellos fuera ya habrían armado bloque aparte, pero la política requiere manejar las emociones y los tiempos. El peronismo no puede darse el lujo de romper lo que tanto le costó unir. Este peronismo de Perotti es un peronismo de 40% de votos todavía; no es el del 50% de Reutemann. Romper este bloque de senadores implicaría irradiar la fractura al PJ santafesino.

De esto se habló en el encuentro del gobernador con Agustín Rossi. El ministro de Defensa le ratificó que su espacio será oficialista hasta el último día de gobierno; también le pidió el máximo esfuerzo para contener la unidad que permitió el regreso del peronismo al gobierno. Rossi fue uno de los arquitectos de esa reunificación de 2017 que sentó las bases para el regreso a la Casa Gris en 2019.

Rossi y otros referentes del PJ le transmiten que si la pulseada con los senadores del PJ sigue escalando, más allá de las razones de uno y otro lado, entra en zona de riesgo el triunfo electoral que necesita el peronismo en 2021 para proyectarse a 2023. Y ese riesgo tiene nombre y apellido: Miguel Lifschitz.

Un año explosivo

“Veremos… No tengo ningún apuro por decidir si voy a ser candidato a senador, estoy muy cómodo donde estoy también”, insiste el ex gobernador. Podría verse esa declaración como un alardeo, pero tener más de una opción a mano es lo que todo político pretende. Lifschitz puede elegir.

Con este escenario 2021 se convierte en un año explosivo electoralmente hablando. Si Lifschitz es candidato a senador nacional y le ganase a las listas de Perotti, Cristina y el presidente, quedaría en inmejorables condiciones para regresar a la Casa Gris y Perotti con serias dificultades para gobernar los últimos dos años y elegir un sucesor.

Pero si Lifschitz es candidato y el peronismo le ganase, su plan retorno quedaría seriamente herido, su liderazgo en el Frente Progresista cuestionado y el peronismo vería allanado el camino a otros cuatro años en la provincia y un Perotti con proyección nacional. 
Demasiado en juego, tablero complejo y abierto, cada detalle vale más de lo que pesa.



Lifschitz no es un presidente de la Cámara de Diputados cualquiera. Es un presidente con poder, adentro de la cámara y afuera. No reconocerle ese capital es una posibilidad, pero tiene costos. El gobierno provincial muestra dificultades para lidiar con eso, entre otras cuestiones porque la taba está dada vuelta: Lifschitz saca más provecho que Perotti a la hora de articular con los senadores del PJ.

Perotti no logró cimentar una plataforma de gobernabilidad estable y en cambio la relación con la Legislatura tiene el vértigo de una montaña rusa. Terminará el primer año con Presupuesto y ley tributaria casi seguro aprobados, pero no las leyes de seguridad ni conectividad que puso como bandera de su gestión. 

Con respecto a esta última, es posible que Diputados vote, con cambios, la conformación de la sociedad que administrará los servicios de conectividad, pero no hará lo mismo con la ley que autoriza un endeudamiento de 100 millones de dólares para un mix entre enterrar fibra óptica, construir jardines de infantes y capacitación.

Funcionarios como el ministro saliente Rubén Michlig dicen que se trata de mezquindad política. La oposición argumenta que el endeudamiento es excesivo, que el tendido de fibra óptica se podría hacer a mucho menor costo por vía aérea; que los 4.000 kilómetros de fibra óptica que se proponen enterrar en buena parte se superpondrán con los 1.900 que ya tiene Arsat (y planea expandir) y los 2.200 de operadores privados y cooperativas, todos iluminados; que como está planteada la ley abre la posibilidad de que una o más de las grandes empresas de telecomunicaciones venga a Santa Fe a usufructuar la millonaria infraestructura pagada por la provincia; y que es un despropósito que la empresa estatal compita en la última milla con las históricas pymes y cooperativas que operan en más de 320 localidades. Ese es el núcleo de las objeciones que traba por ahora la ley en la Cámara baja.

Los fondos para Javkin

Las alternativas del Presupuesto provincial fueron seguidas de cerca desde Rosario. El intendente Pablo Javkin mandó su presupuesto al Concejo una vez que estuvo seguro que estaban las partidas para transporte y salud. 

La negociación sobre Salud fue relevante porque la Municipalidad estima que en 2021 necesitará unos 5.000 millones para sostener la alta complejidad que financia la provincia, el doble de la cifra que figuraba en las planillas del proyecto de Presupuesto. Una llamada del intendente a Walter Agosto y las negociaciones en la Legislatura permitieron incluir la salud de Rosario entre las prioridades a cubrir con lo que se recaude por encima de lo presupuestado.

La ciudad quería que esa partida y la de los subsidios para el transporte estuvieran escritas en el Presupuesto porque una cosa es cuando gobernaban Mónica Fein y Miguel Lifschitz que eran del mismo partido, y otra con Javkin y Perotti. La relación entre ambos es muy buena y los dos se necesitan, pero podrían aparecer exigencias o condicionamientos que compliquen la llegada de los fondos, más en un 2021 en el que todas las relaciones políticas e institucionales serán atravesadas por tensiones electorales. 

Javkin tiene un solo diputado entre 69 legisladores que definen el Presupuesto. “Radicales y socialistas no lo llevan a ninguna reunión”, dicen en el entorno del intendente. Es la forma que tienen sus socios de mostrarle a Javkin que los necesita para no quedar a merced del peronismo.



El intendente por ahora hace negocio, asegurándose los fondos necesarios. Compensa en parte la pérdida que tiene la ciudad por la desactivación del Plan Abre (las obras en marcha las retomará Nación), al que el gobierno provincial diluyó entre 365 municipios y comunas bajo el nombre plan Incluir. Y con un agregado: la ley del Plan Abre garantizaba un porcentaje de recursos sobre el presupuesto total de la provincia, mientras que en el plan Incluir todo quedó a tiro de decreto del gobernador: el presupuesto y a quién llega. 

Esa caja de casi 4.000 millones atada a la lapicera del gobernador por lógica no convence a la oposición, que gobierna la mayoría de las ciudades y pueblos. Tampoco a los senadores del PJ enfrentados con Perotti. “En nuestros departamentos hay intendentes y presidentes comunales peronistas y radicales. Y nosotros somos senadores de todos –advirtió–. Por eso le voy a dar un voto de confianza a mi gobierno con el Plan Incluir, voy a ser fiel custodio en el sentido de que no se necesita una ley para garantizar que esos fondos lleguen a todos sin distinción de colores políticos y que no se necesita una ley para garantizarlo”. La advertencia, sin ambigüedades, la hizo en la sesión del jueves pasado el jefe de la bancada oficialista Armando Traferri.