En la próxima elección de convencionales para la reforma de la Constitución provincial se encuentra fuera de discusión la posibilidad de que Rosario sea la capital de la provincia, una cuestión que supo despertar, en tiempos de la conformación del Estado provincial moderno, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, acalorados debates.
Es preciso reconocer que dicho tema era atizado por periódicos tradicionalmente vinculados a instituciones y partidos identificados con la defensa de los intereses locales, encontrando en ellos una bandera capaz de involucrar a una mayor porción de la opinión pública en las coyunturas electorales de provincia.
Con menor intensidad esta prédica se replicó en la segunda mitad del siglo XX, a través de los nuevos medios de comunicación, con referencias a que existía un “sur” perjudicado por el “norte”, y hasta no faltaban posturas extremas alentando la separación de Rosario y la región del resto de la provincia. Era frecuente escuchar frases alusivas a que Rosario “alimentaba” a “una ciudad que vivía del y por el empleo público”, entre otras que, aquellos que peinan canas, recordarán.
Expresiones con capacidad de “despertar el interés” y generar adhesiones pero que estaban lejos de encarar la resolución de los problemas complejos que afligían a la ciudad (como a otros puntos de la provincia), y que colectaban seguidores en el caldo del descontento por “los déficits de gestión” de los sucesivos gobiernos provinciales.
Cuestionar a la ciudad de Santa Fe como sede de las autoridades provinciales era una receta destinada a tocar fibras sensibles y así motivar a un electorado distante del acontecer santafesino, pero que generaba una lógica reacción en aquella capital, al punto de frustrar iniciativas que pudieran amenazar dicho cetro, entre ellas, la de reformar la Constitución.
Más difícil a la hora de despertar adhesiones a gran escala en el electorado era promover en los hechos una mayor descentralización del Estado y la autonomía municipal.
En momentos críticos algunos analistas ahondaban más allá de la coyuntura y se preguntaban lo más evidente con anterioridad a 1962: ¿hasta cuando los intendentes serían designados por los gobernadores y la ciudad continuaría siendo infrarepresentada en la Legislatura provincial?
Un mandatario con profundas raíces en el sur provincial pero enamorado de toda la provincia, Carlos Sylvestre Begnis, fue quién promovió la última reforma de la Constitución, corriendo el eje de esa discusión. Es por eso que en relación con el artículo 4 de la misma que dice “las autoridades que ejercen el Gobierno Provincial residen en la ciudad de Santa Fe, Capital de la Provincia”, los convencionales de su partido, la Unión Cívica Radical Intransigente, en abril de 1962, sostuvieron que estaba fuera de discusión “por razones históricas, por razones geográficas y políticas”. En el mismo tenor se manifestaron los representantes de otros partidos, aún los de la Democracia Progresista, que aspiraban a la unicameralidad.
La documentación privada del gobernador permite observar los obstáculos reales que debió enfrentar por residir con su familia en Rosario y radicarse en los hechos en Santa Fe (al igual que muchos miembros de su joven gabinete), tras el objetivo de imprimir una dinámica de gestión sin precedentes. Como hijo de inmigrantes que a fuerza de trabajo en el campo y en el ejercicio profesional tenía a su vez una apreciación personal no muy positiva sobre un sector de la dirigencia conservadora “patricia” de la Capital, a la que, sin embargo, la unía un lazo familiar.
Sin embargo, cuando asumió el poder en 1958, en una coyuntura política muy difícil buscó consensos y trazó prioridades, resignando aspectos que hubieran podido restar impulso a las acciones emprendidas y a la endeble gobernabilidad. La provincia, en su opinión, necesitaba un salto que le permitiera recuperar treinta años de falta de inversión en todos los órdenes, especialmente en vialidad y en fomento industrial.
En este contexto debe entenderse por qué priorizó la necesidad de reformar la Constitución, en los estertores de su gobierno –derrocamiento del presidente de la Nación Arturo Frondizi mediante, detenido por resolución castrense en la isla de Martín García– dejando de lado la posibilidad de su reelección.
No es el motivo de esta breve reseña referirnos a por qué la Constitución de 1962 significó un avance en el constitucionalismo provincial argentino, y por qué fue un documento jurídico que apuntó a la gobernabilidad y eficiencia del sistema político.
Sí, en cambio, se pretende subrayar las grandes expectativas que generó la reforma al régimen municipal, una preocupación creciente que había generado la realización de congresos internacionales y provinciales de especialistas en la materia. Así fue que se votó con “una gran esperanza” la electividad del intendente que permitió a municipios como el de Rosario, que ya cumplía 110 años desde su elevación al rango de ciudad, ver garantizada constitucionalmente la posibilidad de elegir sus propios intendentes.
Más aún, para el convencional Aldo Tessio, resumiendo la opinión de quienes trabajaron en la comisión respectiva, esta reforma implicaba un jalón de avance “en el progreso político e institucional de la provincia”, otorgándole a las ciudades más importantes de la provincia una herramienta poderosa: “Queríamos que fuera la convención del propio pueblo de Rosario y Santa Fe, por ejemplo, las que se dieran su propia carta orgánica, su propia Constitución Municipal”.
La reforma de 1962, con todos sus avances tendientes a mejorar la calidad institucional de la provincia, en el análisis de quién escribe, al perpetuar el sistema de división departamental y el sistema de representación, perpetuó el esquema conservador plasmado en las reformas de 1872, 1890, y 1900, por decisión de los círculos políticos de la elite conservadora de la ciudad de Santa Fe que se sucedieron al frente de los destinos de la provincia, el que fue solo quebrada durante la experiencia demócrata progresista, cuando entre 1932 y 1935, puso en vigencia la Constitución de 1921, convención que fue electa por los ciudadanos de manera directa.
La matriz que perdura
Surgidas, con diferencias de siglos, las ciudades portuarias de Santa Fe y Rosario, ambas se convirtieron, en su momento, en promotoras del federalismo argentino frente al centralismo de Buenos Aires. En 1841, cuando la segunda era aún una Ilustre y Fiel Villa, desde la capital Santa Fe, se sancionó la primera Constitución de la provincia en abierta oposición a los que consideraban que no había llegado el tiempo de encausar a la Confederación Argentina por la senda constitucional, lo que convenía a la perpetuación de intereses económicos favorables al hinterland del puerto de Buenos Aires.
Federalismo, que según lo entendía el gobernador de Santa Fe, Juan Pablo López, hermano de Estanislao, debía tomar en consideración las posibilidades de desarrollo de los puertos y pueblos del litoral. Por eso se solidarizó con el gobernador de Corrientes, Pedro Ferré, enemistado con el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, por su política centralista.
Al anunciar que dictaría una Constitución que reemplazara al Estatuto de 1819, la sancionada en 1841, ya no quedaba dudas que Santa Fe empujaría el cambio constitucional que Rosas negaba. De allí la alianza formal con Corrientes y el pronunciamiento contra el mandatario bonaerense; lo que por otra parte incrementaba las posibilidades de éxito de los opositores internos y externos al rosismo. López fue derrotado en el campo de batalla y depuesto.
Los quince años siguientes a la constitución de 1841 fueron de grandes tensiones, conflictos y enfrentamientos armados entre compatriotas y entre argentinos y potencias extranjeras, como resultado de las tendencias en pugnas. Luego de la Batalla de Casero, el 3 de febrero de 1852, en la que el gobernador entrerriano Justo José de Urquiza derrota a Rosas, tiene lugar el Acuerdo de San Nicolás, y la convocatoria al Congreso que redactaría la Constitución Nacional de 1853.
El Estado autónomo de Santa Fe delegó parte de sus atribuciones en el Estado Nacional recién creado. El mismo Juan Pablo López que mencionamos anteriormente, volvió a hacerse del gobierno santafesino como persona de confianza de Urquiza y apresuró el cumplimiento de la disposición del flamante Congreso Nacional de adecuar las constituciones provinciales a la existente. La Asamblea Constituyente de la provincia aprobó así la nueva constitución de Santa Fe el 24 de agosto de 1856 y fue promulgada por el gobernador al día siguiente.
Lo distinto fue Rosario: las dificultades de integrar regiones para hacer una sola provincia.
Las ciudades portuarias compiten. Así lo ha sido siempre desde los orígenes de la humanidad, acaparando y expandiendo sus respectivos hinterland. Lo disruptivo fue Rosario, apenas una Villa hasta 1852 y luego principal ciudad portuaria de la Confederación Argentina luego de Caseros, desplazó en muy poco tiempo a Santa Fe como llave del litoral fluvial. Rosario, de la mano de la apertura de los ríos a la Navegación Internacional; la construcción del Ferrocarril Central Argentino; la conformación de una pujante plaza mercantil; y la productividad agrícola ganadera, se convertiría en muy pocos años en la segunda ciudad más importante del país.
Surgió así una ciudad puerto regional imprevista tanto para Buenos Aires y Santa Fe que compitieron y tejieron alianzas entre ambas para el control político de aquel polo cosmopolita, generador de divisas, heterodoxos, y rebeldes.
Círculos oficialistas integrados por la elite conservadora de la capital provincial: el “iriondismo-el galvismo, el iturraspismo y el freyrismo, sucesivamente; (que se mostraban incondicionales al Poder Central Nacional para ser sostenidos en el poder), reformaron la Constitución provincial en 1883 y 1890 estableciendo una estructura para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que en toda circunstancia compensara debilidad económica con concentración política.
La prueba más palpable es la organización departamental actual de la provincia establecida en aquel entonces con la que se consiguió, entre otros aspectos la reducción de la representatividad de los departamentos del sur.
Las tensiones entre los intereses de Rosario y Santa Fe también se trasladaron al ámbito historiográfico, en los usos de la historia, y terminarían afectando la construcción de una identidad integral de provincia. Un caso paradigmático es la valoración de la figura de Estanislao López.
Su trayectoria trasciende a la ciudad de Santa Fe y a la provincia misma porque fue un precursor del sistema republicano federal en la Argentina. Sin embargo, la tenue identidad provinciana de Rosario –en la que no es ajeno el déficit de contenidos sobre la historia provincial– ha influido en una infravaloración de su figura y esto no es casual. A las pruebas me remito: un humilde busto escondido detrás de los silos David es la mayor presencia iconográfica en la vía pública de Estanislao López con que cuenta en la ciudad.
A mediados del siglo XX un considerable sector de la historiografía de nuestra ciudad lo asoció al arquetipo del caudillo localista, “numen de los círculos conservadores” que a partir de la segunda mitad del siglo XIX “sometieron” a Rosario “a sus propios intereses”.
Desde la recuperación de la democracia en 1983 los distintos gobiernos santafesinos comenzaron a poner en valor su peso en la historia del federalismo argentino y en la historia provincial, y en el 2018 se auspició la celebración del bicentenario de su gobierno.
Integración para el desarrollo
Una reforma constitucional es el reflejo de una época y de las motivaciones de los distintos actores intervinientes. Suelen operarse en tiempos de recambios generacionales y quizás allí radicará su impronta más visible. La poca presencia de constitucionalistas entre los candidatos a convencionales y equipos de cátedra provenientes de las universidades quizás se relacione con conveniencias electorales y es de esperar que los convencionales y sus equipos de asesores contribuyan, en los escasos 40 días (prorrogables por 20 más) asignados para la Convención, a la calidad y efectividad del edificio institucional sobre el que descansará las posibilidades del desarrollo santafesino.
La próxima Convención tratará sobre un temario ya aprobado, que en líneas generales no pone el énfasis en la pesada herencia legada por los conservadores cuando pensaron en el sistema de división departamental para otros tiempos históricos, de las oleadas inmigratorias, hace 135 años atrás, cuando la provincia no llegaba a los 400 mil habitantes, de los 3 millones y medio de la actualidad.
Sin embargo, el paradigma de la descentralización sobrevuela impuesta por las necesidades y las demandas cada vez más acuciantes, acentuadas por anteriores déficits de gestión. Queda pendiente acelerar aquello que los convencionales de 1962 habilitaron a través del artículo 106: “Todo núcleo de población que constituya una comunidad de vida propia, gobierna por sí mismo sus intereses locales…” en la intención de que también se dieran su propia constitución municipal, como había ocurrido en Rosario en 1933 gracias a la Constitución de 1921. El desafío pasará precisamente por salir de las viejas recetas, perimidas en su mayoría, y recuperar el tiempo perdido.
(*)El autor es doctor en historia, investigador del Conicet, miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia y de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe. Director del Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales del Idehesi Conicet. Autor de los libros “Santa Fe en la transformación Argentina”, “Legislatura, identidad y desarrollo”, “Carlos Sylvestre Begnis, Liderazgo y desarrollo en el litoral argentino”, “El túnel Subfluvial Santa Fe-Paraná”, “Ciudad Puerto, Universidad y Desarrollo”, e “Hidrovía”, entre otros.
