“Las cosas con el gobierno nacional siempre caminan con tensión. A veces más y a veces menos”, comenta un ministro del gabinete de Maximiliano Pullaro. El viernes fue de esas veces que las tensiones aumentan y el escenario fue la Bolsa de Comercio de Rosario, en el encuentro previo al tradicional remate del primer lote de soja del año que integrantes del equipo del ministro Luis Toto Caputo –entre ellos el presidente del Banco Central y el titular de ARCA– pidieron tener con referentes de entidades agropecuarias y de la agroindustria “para compartir una mirada de primera mano sobre la economía”. Allí, sin la presencia de funcionaros provinciales y a puertas cerradas, los referentes del gobierno nacional dijeron que Santa Fe debía bajar la carga impositiva. 

Enterado, el gobernador Pullaro no dejó pasar el mensaje venenoso de funcionarios ligados a uno de los ministros del gobierno nacional con el que mejor diálogo tiene. También en la Bolsa, contó que le ordenó al Ministerio de Obras Públicas señalizar a qué jurisdicción pertenece cada ruta porque le daba vergüenza el estado de los que pertenecen a Nación. Cuestionó la apertura de importaciones que dañan a la industria santafesina, insistió con quitar las retenciones agropecuarias y defendió la política tributaria de la provincia. Recordó que el campo no paga ingresos brutos y la industria alícuotas “ínfimas”. E insistió en que Santa Fe hizo un fuerte ajuste fiscal y que el ahorro producido se está invirtiendo en infraestructura.

Igual de contrariado, el ministro de Economía Pablo Olivares dobló la crítica: “Estamos de acuerdo en discutir las políticas impositivas, pero no veo que Nación esté trabajando en lo que debería ser el primer paso para aliviar costos de las empresas, que es eliminar los peajes en la Aduana”.

 
Política y economía

 

La administración libertaria presiona para que las provincias bajen la carga tributaria, en especial Ingresos Brutos, que se considera distorsivo, pero es el principal impuesto de recaudación propia. Sin embargo, según los números oficiales, es mucha más la presión impositiva nacional que la de los Estados subnacionales. En 2024 la carga impositiva de las provincias fue del 6,4% del Producto Bruto Interno (PBI) mientras que la de Nación fue del 22,7%. Conviene hacer alguna salvedad, como que parte de lo que recauda Nación va a parar a provincias vía coparticipación, o que la carga tributaria de las provincias en productos de supermercados o combustibles es muy baja y lo que sobresalen son los impuestos nacionales.

Es de esperar que si el gobierno logra un buen resultado electoral en octubre, intentará avanzar en reformas impositivas a nivel nacional, de impuestos provinciales y de coparticipación. 

En términos generales, la Casa Gris no le escapa a esa agenda, pero sobre la base de otra propuesta que el ministro de Economía Pablo Olivares expuso en la última reunión del Consejo Federal de Economía. Básicamente invierte el modelo actual para pasar a otro en el que “las provincias recauden y coparticipen hacia arriba a la Nación”. Es decir, que “la potestad tributaria recaiga en los estados fundantes y coparticipen al nivel nacional como la manera más efectiva de garantizar el federalismo y evitar el centralismo coercitivo”. 

Más allá de si esas postergadas reformas prosperan y de qué forma, el núcleo de los recelos entre Nación y Santa Fe es de índole política. A diferencia de otras provincias, la Casa Gris no se cuadra de manera irrestricta con la Casa Rosada, pero tampoco hace oposición abierta como el kirchnerismo. No cuestiona el modelo de ordenamiento macroeconómico y fiscal de Milei, pero expone críticas a la ausencia de políticas productivas, de infraestructura, en materia de retenciones y apertura de importaciones. Santa Fe es una variante “blend” a las dos opciones antagónicas que dominan el escenario nacional.

El Gobierno Nacional polariza todo el tiempo bajo la lógica amigo/enemigo, matriz similar en ese punto a la del kirchnerismo (no por casualidad los dos trataron al Papa Bergoglio como una amenaza en algún momento). No le cierra el modelo santafesino de relaciones estratégicas basadas en negociación por políticas, asuntos o problemas puntuales. 


Los unos y los otros

 

El 14 de julio es lunes. Ese día será la apertura oficial de la convención reformadora de la Constitución de Santa Fe y comenzará a correr la cuenta regresiva. En los siguientes 60 días como máximo, los 69 convencionales deberán tratar los 42 artículos a reformar e incorporar casi una veintena de temas más.

La fecha fue el primer motivo de conflicto de desacuerdo tras la ronda de reuniones que encabezó el gobernador Pullaro a la que faltaron Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza y Amalia Granata de Somos Vida. La ex boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras, que tendrá tres asientos, se alineó con la fecha propuesta del Poder Ejecutivo y de Unidos. Y el peronismo propuso hacerla el año próximo.

El oficialismo tiene la decisión política y los números suficientes para avanzar ahora. Dispone de 33 asientos en la convención, muy cerca de los 35 que hacen mayoría. Se asegura 36 con los 3 asientos de Oliveras.

La oposición suma 12 asientos del PJ oficial, 4 de Marcelo Lewandowski, 10 de La Libertad Avanza y 7 de Somos Vida de Amalia Granata. 33 asientos que representan intereses y pertenencias ideológicas muy variadas y hasta antagónicas, aunque con el oficialismo como adversario común.

36 a 33. De este punto parte la convención reformadora. ¿Todo será como fue con la fecha de inicio, a cara de perro? ¿El oficialismo marcando el camino y la oposición rechazando todo? 

Ese juego no le conviene a nadie, o a casi nadie. Para el oficialismo, que pregona una “Constitución moderna y para todos los santafesinos”, aprobar la reforma en soledad lo ubicaría en una posición incómoda. Por su parte, el peronismo necesita acceder a espacios de negociación y acuerdos. Tiene vocación de poder aunque esté en un mal momento, y tiene gobiernos locales y desarrollo territorial que cuidar.

Por otra parte, no puede repetir lo que le pasó el año pasado en la Legislatura, donde Amalia Granata, favorecida por la confusión reinante en el PJ, lideró desde su posición de “nada que perder” –estrategia que repetirá en la constituyente– el rechazo a la reforma previsional y otras leyes. El peronismo está mandado a asumir un lugar de oposición exigente pero también propositiva y constructiva. Es un partido de poder, ya sea en el gobierno o en la oposición, no testimonial o contestatario.

La alianza con Ciudad Futura y el Frente Renovador encarna ese espíritu, en contraposición a los otros espacios de la oposición, que pueden ser aliados circunstanciales en algunos momentos, pero están destinados a cumplir otro papel en el ecosistema político santafesino. Amalia Granata está vestida de opositora furibunda y seguirá así porque en las urnas quedó demostrado que le alcanza para mantener su nicho. La Libertad Avanza es una situación diferente, porque en su caso lo que haga o deje de hacer estará monitoreado desde la Casa Rosada.


La estrategia de Más para Santa Fe

 

De todo esto se habló el miércoles en la sede del PJ provincial, donde Juan Monteverde convocó a los convencionales electos de Más para Santa Fe para organizar los equipos técnicos y analizar los temas estratégicos para el desarrollo de la asamblea reformadora, como la reelección del gobernador y la vice en ejercicio. Parte de una posición de rechazo, al igual que Granata y LLA, pero ¿podría revisarla si el oficialismo abre a negociación otros asuntos de interés para el peronismo, por ejemplo un fortalecimiento de los gobiernos locales en materia de recursos coparticipables?

El 14 de julio se verá qué cartas distribuye el oficialismo en la asamblea, pero hasta entonces todos son oposición y Unidos es el adversario común. Sobre esa base, Monteverde, en su condición del segundo candidato más votado, mantuvo contactos en la semana con Granata, Mayoraz, Oliveras y Lewandowski.

El peronismo puso en marcha un operativo rápido para contener al senador. Además de Monteverde, también conversó con él Agustín Rossi. Hay especial interés en funcionar en unidad durante la constituyente por más que hayan llegado por listas distintas, pero también ronda el temor de que el oficialismo le ofrezca protagonismo a cambio de jugar de líbero (de hecho, el gobernador Pullaro tomó su propuesta de que las comisiones de trabajo también funcionen en Rosario). Lewandowski quedó vulnerable: perdió la elección –quedó cuarto– pero también su condición de elector del peronismo. Necesita volver, y sus adversarios internos quieren que vuelva, porque para ser una segunda minoría sólida con capacidad de interlocutar con el oficialismo, la alianza PJ-Ciudad Futura-Frente Renovador mejoraría su posición si consolida un frente de 16 convencionales en lugar de ir divididos en 12 y 4.

El operativo contención va más allá de Lewandowski. Abarca a Roberto Sukerman y a los demás que apostaron por afuera y les fue mal. Hay señales en ese sentido. El jueves, los intendentes de Reconquista y Funes, Enri Vallejos y Roly Santacrocce, volvieron a la sede del PJ para ser parte de la reunión de intendentes en la que se habló de la caída de la coparticipación nacional.


La interna inconveniente

 

En medio de los esfuerzos por restablecer la unidad de peronismo, afloró la controversia por la lista de diputados nacionales para las elecciones de octubre entre Agustín Rossi, que ya en febrero manifestó sus intenciones de encabezarla, y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, que pretende renovar la banca.

Rossi afirma que su espacio cedió protagonismo en la lista de constituyentes para tenerlo en la lista de diputados, y que tiene conversaciones con La Cámpora y otros sectores del PJ, pero que no piensa en Toniolli ocupando casilleros protagónicos en la lista.

La diputada del movimiento Evita Lucila De Ponti le respondió sin nombrarlo: “El valor fundamental a cuidar es la unidad. No necesitamos una estrategia individual para que alguien ocupe una banca. Quien se apure en una decisión individual se está equivocando”.

El Movimiento Evita no representa a todo el PJ. Y para muchos peronistas Rossi es una figura electoral agotada. Toniolli corre con una ventaja aparente: es aliado de Juan Monteverde, la figura emergente de las elecciones del 13 de abril. ¿Puede esperar el del Movimiento Evita que el líder de Ciudad Futura incline la balanza a su favor? Rossi avisa: “Sería un error, porque nuestro espacio hizo mucho por darle una pátina de peronismo a Monteverde para que saque los votos que sacó en Rosario”.

¿Qué dicen otros sectores? El intendente de Pérez y referente de un grupo importante de gobiernos locales, Pablo Corsalini, propone repetir el criterio que llevó a Monteverde a encabezar la lista: unidad con renovación generacional y dirigencial. Ni Rossi ni Toniolli entrarían en un esquema así. 

Hay otro interrogante por dilucidar: ¿incidirá el PJ nacional que preside Cristina Fernández en el armado de la lista? ¿Incidirá Cristina? ¿Habrá un armado nacional o cada jurisdicción armará listas al margen del liderazgo menguante pero insustituible de la ex presidenta?

Monteverde pide cuidar la unidad de la alianza e ir paso a paso. Ya no lidia con el orden militante de Ciudad Futura sino con los avatares de un movimiento que a veces se devora a sí mismo. Antes de ese controversial cierre de lista están las elecciones de concejales del 29 de junio en la que apuesta a ser el más votado en Rosario. Algunos se entusiasman con la idea de una elección mejor que la del pasado 13 de abril y la posibilidad de pelear la presidencia del Concejo Municipal. El intendente Pablo Javkin y La Libertad Avanza harán lo imposible por impedir un cimbronazo político de ese alcance.