El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del 50 % a productos provenientes de Brasil a partir del 1º de agosto, al afirmar que ese país representa una amenaza para “la seguridad nacional, la política exterior y la economía” del país del norte. Además, anunció la implementación de sanciones financieras contra el juez de la Corte Suprema Alexandre Moraes, que supervisa la causa penal contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, a quien le impuso una tobillera electrónica, arresto domiciliario y otras medidas cautelares.
La orden, firmada el miércoles, eleva en un 40 % los aranceles ya existentes sobre Brasil y acusa a la nación sudamericana de diversas violaciones, entre ellas supuestos “graves abusos a los derechos humanos que han socavado el Estado de derecho”. Trump apuntó especialmente al proceso penal que se le sigue al ex expresidente Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por presuntamente haber planeado un golpe tras su derrota electoral en 2022.
“Miembros del gobierno de Brasil también están persiguiendo políticamente a un expresidente, lo que está contribuyendo al colapso deliberado del Estado de derecho en Brasil, a la intimidación con motivación política en ese país y a abusos a los derechos humanos”, señala el texto del jefe de Estado estadounidense.
Trump había anunciado su intención de imponer un arancel general del 50 % a todos los productos brasileños a principios de julio, en una carta publicada en la red social de su preferencia, Truth Social. En esa misiva, el presidente estadounidense también exigía el fin de lo que calificó como una “cacería de brujas” contra su aliado derechista Bolsonaro.
En ese momento, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva prometió responder a la medida arancelaria y defender los intereses de su país, al señalar que Trump “fue elegido para gobernar Estados Unidos, no para ser emperador del mundo”.
Trump ya había amenazado con imponer un arancel adicional del 10 % a todos los países miembros del grupo BRICS, acusando al bloque de intentar “destruir al dólar como estándar global”. Más temprano el miércoles, apuntó contra otro integrante del grupo, India, al anunciar que ese país enfrentará aranceles del 25 % y otras sanciones por continuar su comercio con Rusia. En respuesta, Nueva Delhi afirmó que tomará “todas las medidas necesarias” para resguardar sus intereses y reafirmó su compromiso con “la conclusión de un acuerdo comercial bilateral justo, equilibrado y mutuamente beneficioso” con Estados Unidos.
En tanto, Lula da Silva convocó este miércoles una reunión con su gabinete después de que el Gobierno de Estados Unidos confirmara el arancel del 50 % e impusiera nuevas sanciones contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, informaron a la agencia de noticias EFE fuentes oficiales.
En el encuentro, que tendrá lugar en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño, en Brasilia, está previsto que participen el mandatario brasileño y el núcleo duro de sus ministros.
Trump firmó este miércoles la orden ejecutiva que establece un arancel del 50 % sobre las importaciones brasileñas, aunque incluyó cientos de excepciones, entre ellas piezas de aviación, jugo de naranja, minerales y celulosa, sectores con fuertes vínculos con la economía estadounidense.
En su exposición de motivos, el líder republicano aludió al juicio que afronta el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, y que para Trump es un proceso “político” que entraña “graves abusos contra los derechos humanos”.
En este sentido, señaló directamente al juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes, instructor de las causas judiciales contra Bolsonaro, incluida la del supuesto intento de golpe.
Para la Casa Blanca, De Moraes abusa “de su autoridad judicial para amenazar, atacar e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir la disidencia”.
Ese mismo miércoles, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso nuevas sanciones a De Moraes al aplicarle la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Las nuevas sanciones bloquean los posibles bienes y propiedades del magistrado en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
Y se suman a la revocación, por parte del Departamento de Estado de EE. UU., de la visa de De Moraes y de sus familiares directos, el pasado 18 de julio.
