Después del crimen, hay silencio. Después de las balas, de los llantos y de las noticias, quedan los dolientes. Los padres, las madres, los hijos huérfanos también. Los huecos de una sociedad violenta y desigual. ¿Qué pasa cuando una madre de cuatro hijos de entre 6 y 13 años es asesinada, si además el padre está preso y los abuelos no tienen ni los recursos ni el espacio para hacerse cargo de los chicos? ¿Cómo trabaja el Estado en un caso así?
¿Por dónde empieza el “abordaje integral” de una mujer embarazada de cinco meses, presa en su casa con tobillera electrónica por un crimen que cometió, madre además de un bebé de un año y otro hijo de tres que nunca los llevó al centro de salud y que ni siquiera ella se hizo examinar por un tumor que crece en su cara?
¿Cómo hacerle entender a una ciudad desconfiada (con motivos de sobra para serlo) que en ese barrio, Stella Maris de la zona noroeste de Rosario, el golf es tan popular como el fútbol, que los pibes y las pibas juegan en campitos improvisados con palos y pelotas que heredaron de sus padres y abuelos, excaddies del Rosario Golf Club vecino? ¿Cómo explicar que ese es el origen de un pedido para usar parte del Bosque de los Constituyentes y no un negociado oculto?
Esas preguntas, que engloban historias de vidas complejas, y también algunos datos llamativos sobre seguridad e inclusión social se desprenden de la Intervención Barrial Focalizada (IBF), de provincia y municipio, en Stella Maris y La Bombacha. Un trabajo de 14 meses que incluyó un censo por 1.827 casas y 4.452 personas alcanzadas.
El relevamiento tomó en cuenta cinco indicadores de violencias, adicciones y vulnerabilidad. La mayoría de las familias tiene al menos uno de esos elementos pero algunas, no pocas, reúnen cuatro o cinco al mismo tiempo. Esa intersección de dramas se tradujo en un color, el rojo, para medir las situaciones de riesgo (de matar o de morir).
De cien hogares acompañados por el equipo de la IBF (unas 480 personas), hay 60 “familias priorizadas” y 40 con “criticidad social” (problemas graves).
Se suele hablar de las políticas de persecución del delito, del endurecimiento de los controles en las cárceles, del “Infierno” o el “Plan Bandera”, pero no hay una “pacificación de los territorios” que pueda ser duradera sin un trabajo social de reconstrucción de la convivencia. En ese punto de la zona noroeste de Rosario donde se probó ese tipo de intervención barrial, la cantidad de homicidios bajó de ocho en 2023 a ninguno en el último año y pico.
¿Qué es y cómo trabaja ese plan de tres patas, cuál es su sustento, se puede replicar en otros barrios y, sobre todo, qué pasará después del despliegue inicial?
Los cinco indicadores
La ejecución de la Intervención Barrial Focalizada (IBF) comenzó en febrero de 2024 en Stella Maris y La Bombacha. Tomaron esa zona muy golpeada por la violencia. Todo el año 2023 fue crítico pero en una semana de noviembre mataron a tres personas, el centro de salud Ceferino Namuncurá tuvo que cerrar, la escuela Alicia Moreau de Justo y la Iglesia suspendieron actividades.
La transición de la crisis tuvo un primer momento de accionar policial y judicial, con múltiples allanamientos en el verano de 2024. Después, comenzó una tarea que se construyó casa por casa.
El censo sobre 1.800 hogares detectó más de 700 personas en situaciones críticas, muchos de ellos jóvenes sin trabajo o adolescentes que dejaron los estudios.
Definieron cinco criterios para abordar: familias con personas privadas de la libertad en los últimos tres años; con heridos o muertos por violencia; con medidas ligadas al área de Niñez por situaciones de riesgo; por violencia de género; o con consumo problemático.
“Familias con uno de esos indicadores hay muchísimas. Que tengan los cinco juntos, menos, pero las hay”, dice a Rosario3 Ramón Soques, secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales.
Empezaron a trabajar con 130 familias. La mitad tenían integrantes presos, más de 50 estaban relacionadas a hechos de "violencia altamente lesiva", once con intervenciones de la Secretaría de Niñez y tres casos de violencia de género. La cruza de los datos oficiales previos con los resultados del censo generaron un semáforo de riesgo y la urgencia de atender los casos en rojo.
Un tercer anillo de contención
Más que un programa, la IBF es una estrategia, un acuerdo que implica tres patas estatales: el Ministerio Público de la Acusación (fiscales del MPA), el gobierno de Santa Fe (a través del Ministerio de Seguridad y el de Igualdad y Desarrollo Humano) y la Municipalidad.
Si bien existe un equipo de nueve personas de la Intervención Barrial que trabaja todos los días en la sede de Conín, Acevedo y José Ingenieros, la gran apuesta es coordinar con otras áreas.
Los allanamientos los ordenó el MPA, el censo lo hicieron con Abre Familia junto a la Secretaría local de Desarrollo Humano y Hábitat, las capacitaciones son de Nueva Oportunidad, las obras y equipos se gestionan, los lazos con las organizaciones del barrio y empresas se definen en la mesa ampliada del “Consorcio Social”, y así.
El subsecretario de Abordajes Sociales, Jorge Elder, está instalado en la sede de Conín, detrás de la Capilla “Dios Padre”. El exfuncionario municipal recuerda cuando en 2013 la tasa de homicidios superó los 20 puntos en Rosario (cuatro o cinco veces el promedio nacional).
“Georreferenciamos los crímenes y se concentraban en el 13% de la superficie, que son 13 o 14 barrios de la ciudad”, dice Elder. Vieron entonces que existía un primer anillo de contención en esos lugares: escuelas, centros de salud, comedores, vecinales o clubes. Pero el problema era que no llegaban a la población principal.
“Hicimos un zoom en la franja etaria más afectada y eran los jóvenes de 15 a 25 años, la gran mayoría varones”, señala. Entonces, diseñaron un segundo anillo de prevención para ese grupo: el programa de capacitación con becas Nueva Oportunidad.
“Eso dio resultados. De 2015 a 2019 (gobierno de Miguel Lifschitz), bajó seis puntos la tasa de homicidios en Rosario, y descendió sobre todo en esa franja de 15 a 25 años. Teníamos 15 mil pibes en los talleres pero eso después se desarmó”, afirma.
Con la crisis de violencia desatada en 2022 y en 2023, Elder cuenta que pensaron para 2024 crear un tercer anillo de contención que no existía.
“Con Nueva Oportunidad llegás a los pibes pero no a las familias y entonces siempre hay un grupo al que no accedés y la contención no funciona. Lo que detectamos es que hay familias completas atravesadas por las violencias, con personas presas, muertas, heridas, con problemas de consumo. La IBF trabaja con todo eso, es el tercer anillo que faltaba”, sigue y menciona al plan como heredero de la experiencia de intervención en Grandoli y Gutiérrez en 2018.
El video y la tregua
La trabajadora social Maia Hawryluk integra el equipo de la IBF en Stella Maris. Cuenta que cuando llegaron, después de los allanamientos, fue difícil establecer un vínculo de confianza con las familias, sobre todo con algunos adolescentes y jóvenes.
Relata una anécdota que resume un desafío que no figura en las estadísticas. Uno de los pibes no le hablaba. No sabía cómo llegarle. Cuando fue su cumpleaños 14, como el chico es hincha de Central, ella le pidió un favor al jugador canalla Ignacio Malcorra: grabaron un video con un saludo.
Al pibe no solo le gustó la sorpresa, le reconoció un gesto que nunca habían tenido con él: “Gracias, te acordaste de mi cumpleaños”.
Para poder compartirle el video por Whatsapp, Maia le pidió un número de contacto. El adolescente no le dio el propio pero sí el de su hermana y así empezó una relación.
Otro ejemplo del alcance de las acciones: la capacitación de Barbería fue un éxito para atraer a un grupo complejo. Son más de 20 talleristas y hay varios ligados al mundo narco. Como había integrantes de distintas bandas, decretaron una tregua. “Acá no”, se dijeron para poner un límite a las disputas, poder aprender y ensayar un futuro distinto.
“Con las becas no competimos con el dinero que deja el narcomenudeo, no lo estamos idealizando, pero es un aporte para las condiciones mínimas de subsistencia y además trasciende lo económico. Llegamos a historias de vida en donde faltó todo”, dice Maia.
Golf y compost
Una de las tres víctimas de noviembre de 2023 en Stella Maris fue una joven de 29 años, asesinada a tiros por sicarios que pasaron en moto. Llegó a cubrir con su cuerpo de los disparos a dos de sus cuatro hijos. Uno de los chicos fue herido y le avisó a su abuela: “Mataron a mi mamá y a mí me balearon el brazo".
Los equipos de la IBF asistieron a esos abuelos que tuvieron que hacerse cargo de sus nietos porque el padre está detenido. Gestionaron la guarda legal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), mejoraron el inmueble precario, gestionaron un subsidio para un ropero y ahora piensan en avanzar con algo novedoso: cómo coordinar actividades los fines de semana para esos chicos sin padres a cargo. El territorio ofrece desafíos que no consta en los escritorios.
En el caso de la mujer embarazada citada al inicio de esta nota, con tobillera por una causa penal y dos hijos sin cuidados básicos, los equipos de la IBF lograron que los chicos vayan dos veces al centro de salud y que la madre tuviera un embarazo y un parto digno. No mucho más que eso. “No todo es color de rosa, tenemos avances y retrocesos”, dice Elder.
De ese intercambio con la particularidad de cada lugar surgió un pedido atípico, único de Stella Maris: un campo de golf social. Los jóvenes juegan a ese deporte tanto como al fútbol. Cuando empezaron las obras para mejorar la canchita sobre José Ingenieros al 8600, los chicos y las chicas pidieron que no le taparan los hoyos.
Después de la sorpresa inicial de los funcionarios, descubrieron que tanto en ese espacio verde como en un terrero que está del otro lado del arroyo Ludueña, la parte sur del Bosque de los Constituyentes, practicaban golf. Tienen algunos palos y pelotas que eran de sus padres o abuelos, excaddies del Rosario Golf.
El pedido de un campo deportivo llegó a la mesa del “Consorcio social” que reúne una vez por mes a referentes de organizaciones, clubes (como el Rosario Golf) y empresas, con el objetivo de integrar y potenciar políticas sociales y productivas de Stella Maris, la Bombacha y Fisherton.
Cuando la idea trascendió, generó polémica. “Entiendo que haya desconfianza pero es algo que subió de abajo hacia arriba y que nosotros no nos hubiésemos imaginado sino estuviéramos acá en el barrio”, dice Soques.
La iniciativa sonó a una excusa para avanzar sobre una porción protegida del Bosque de los Constituyentes, un espacio verde vital para la ciudad. El proyecto, que no incluye tala de árboles, quedó en suspenso.
Otro de los proyectos que surgió en estos meses fue un grupo que se formó del taller de compostaje de Nueva Oportunidad, en agosto de 2024. Este año, ocho personas se unieron y crearon “Greem Compost” para vender parte de esa producción y también expandirse a otros rubros (herrería y panadería). Es una muestra del poder transformador que la política puede tener con recursos humanos y apoyo económico (ver nota aparte).
Expandir la manta corta
Entre los logros que enumeran los funcionarios, está la baja de los homicidios y heridos, la participación de los vecinos en espacios comunitarios (recuperaron la canchita de fútbol), los 170 pibes del barrio que se sumaron a capacitaciones y la conformación de una unidad productiva (Greem Compost).
Ahora, les preocupa superar uno de los déficits históricos de este tipo de intervenciones. Programas que se instalan, generan un cambio pero después el Estado se retira, vuelven los viejos problemas y eso nutre la desconfianza. Por eso, acercaron a referentes de organizaciones sociales, clubes, iglesias y empresarios, para no “irse” del lugar.
El secretario Soques recuerda que en mayo de 2024 se instalaron los equipos en Conín y en octubre habilitaron el “Consorcio Social”. “Eso nos permite quedarnos en el barrio y también integrar a Fisherton porque participa el Rosario Golf Club, el shopping, la Fundación Rosario, la Bolsa de Comercio. Es bueno también vencer prejuicios, los sectores de elite responden cuando se los convoca a trabajar de forma solidaria en algo serio”, afirma.
Un punto cuestionable es que se trata de avances sobre una población reducida (un universo de 4.500 personas) para una ciudad que, según el cura Fabián Belay, sufre una “crisis humanitaria” en los barrios vulnerables y no hay espacios para, por ejemplo, tratar a adolescentes adictos. Una demanda que, además, creció en los últimos años.
Desde la IBF reconocen que falta mucho pero destacan que el segundo desembarco ya comenzó el año pasado en el barrio 7 de Septiembre (comparte la problemática de violencia por el accionar de la banda de Los Menores). Hay un equipo fijo de siete profesionales (trabajadores sociales, psicólogos y médicos) en Stella Maris y La Bombacha, y sumaron otros cinco en 7 de Septiembre, además de los coordinadores.
Para lograr escala, sería necesario multiplicar el presupuesto en una época que va a contramano. Nación, por ejemplo, eliminó las pocas partidas que quedaban para urbanizar e integrar barrios populares, y ni siquiera destina fondos para mantener la infraestructura básica.
“No hay una fórmula para un problema tan complejo pero sí un método y eso es lo que estamos haciendo, un nuevo paradigma. Accionar desde la prevención de la violencia en tres campos: trabajo, deporte y cultura. Y hacerlo con acompañamiento, con un saber popular de los referentes barriales que no lo tiene el Estado”, agrega Elder y confía que sí es posible extender esta experiencia, por ahora excepcional, a los otros puntos críticos de la ciudad.
