Run Run: piden 6 años de prisión para desarrollador inmobiliario rosarino, urbanizadores contra Hídrica y polémica reunión entre constructores y libertarios

El "Run Run" de este domingo tiene dos tramos bien diferenciado. Uno, vinculado a situaciones judiciales bien áspero y otro más enfocado en los negocios que, aunque pueda parecer raro, es el que aporta mejor vibra.

Y no es por desconocer la delicada situación económica (y vaya que lo sufren, sobre todo, los sectores vinculados al consumo) en la que, incluso las más grandes empresas (pese a admitir que era necesario el ajuste fiscal y el orden macro al que apunta el gobierno) admiten que no están vendiendo, que los costos se comen la estructura y que la renta está por el piso, sino porque lo que buscamos es destacar un puñado de señales que permiten mostrar que el tejido empresario está activo, dando pelea sin bajar los brazos y marcando el rumbo para el resto.

Empecemos.  

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• El Fiscal Miguel Moreno, a cargo del Área Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pidió la apertura del juicio oral contra el desarrollador inmobiliario Pablo Hancévic y lo acusó de los delitos de administración fraudulenta y defraudación fiduciaria.

La acusación se centra en lo que para Moreno fue la “gestión fraudulenta” de la sociedad FH SRL (fundada en 2010 para dedicarse a proyectos inmobiliarios y que tenía a Hancévic y a Santiago Franchi como socios gerentes) en el desarrollo de los fideicomisos Habiter, Lun y Mirador para la construcción de edificios en Rosario.

En rigor, esa sociedad ya venía complicada desde el arranque porque pesaba una acusación contra los dos socios de parte de sus ex socios Federico Isern y Mariano Cecconi en FHV Obras SRL por el supuesto vaciamiento de esta última para la conformación de FH SRL controlada solo por Hancévic y Franchi.

El tema es que FH SRL inició la construcción de varios edificios al mismo tiempo, pero dejando muchos sin terminar, desatando el malestar de los aportantes de los fideicomisos al costo. El caso estalló hace más de 5 años cuando inversores denunciaron por estafa a la administradora de los fideicomisos por tomar dinero de inversores y no entregaron los departamentos prometidos.

El conflicto atravesó distintas instancias judiciales, con muchas derivaciones, y cada socio responsabilizaba al otro por las irregularidades denunciadas por los inversores, siendo ambos imputados por Fiscalía no sólo por estafa y administración fraudulenta sino por la conformación de una asociación ilícita.

Para Moreno, “Hancévic fue el jefe de la asociación ilícita siendo Franchi, quien llevaba la operación administrativa de la sociedad y contable redirigiendo los fondos fiduciarios a proyectos personales (construcción del Lote Aguadas en el caso de Hancévic y construcción en el barrio Miraflores en su caso)”.

No obstante, en septiembre del año pasado, Franchi logró un acuerdo con los querellantes, que fue homologado luego por la Fiscalía.

Los querellantes eran los contadores Marcelo Faini (3DF) y Agustin Centeno (Grupo Noro), quienes tuvieron que hacerse cargo de algunas de las obras inconclusas que dejó FH. Franchi les hizo una oferta de resarcimiento económico (con patrimonio propio), que los querellantes aceptaron y ahí el denunciado elevó el pedido de “criterio de oportunidad” que al tener ahora el ok de los fiscales desactivó el proceso penal en su contra.

Pero la investigación siguió su curso sobre Hancévic, y en un largo documento de 84 páginas, acercado por el MPA a Rosario3, la Fiscalía acusa al  empresario de “manejos desleales, como la confusión patrimonial y el desvío de fondos”. Pero no solo lo acusa a él, sino que también a su entorno formado por Verónica Bobbett, Elsa Olga Ramona Wust y Federico Hancévic. 

“Bobbett, Wust y Federico Hancevic han cooperado en la gestión criminal de Pablo Hancévic realizando aportes indispensables sin los cuales no se hubiesen podido llevar adelante  las maniobras criminales, motivo por el cual se les atribuye la calidad de partícipes primarios en los delitos de administración fraudulenta y  defraudación fiduciaria, toda vez que ejecutaron actos materiales tendientes a sustraer bienes fideicomitidos y/o de recursos de la sociedad FH SRL a los fines de incrementar sus patrimonios y/o el de terceros allegados y/o provocar daños a la sociedad fiduciaria”, señala el fiscal Moreno en la acusación.

Según sostiene, “entre 2011 y 2016, los acusados gestionaron fraudulentamente FH SRL y FH Obras SRL, con el propósito de incrementar sus patrimonios personales o familiares perjudicando a los fiduciantes”. 

En el caso de los fideicomisos Habiter Mirador y Habiter Lun, el fiscal dice que se recibieron sumas millonarias ($5.389.409,44 y U$S 431.000 para Mirador; $2.084.751,71 y U$S 13.000 para Lun), pero no se cumplieron los objetivos de construcción ni entrega de unidades, detectándose faltantes significativos ($4.601.192,34 y U$S 74.500 para Mirador; $1.653.654,70 y U$S 13.000 para Lun). Hay que resaltar que estas cifras corresponden a los años 2011/2016 y no están actualizadas a valores presentes.

La causa se fundamenta en denuncias de socios y pruebas recolectadas en la investigación penal preparatoria, solicitando finalmente el fiscal Moreno la apertura de juicio oral y solicitando una pena de 6 años para Hancévic, de 4 años y 6 meses para Bobbett, de 3 años y 8 meses para Wust y de 3 años y 6 meses para Federico Hancévic.

“La pena solicitada se justifica a partir del grave daño irrogado a los patrimonios administrados, la cantidad y variedad de maniobras tendientes consolidar el provecho de los delitos cometidos comprometiendo incluso a la administración de Justicia, el nivel socio cultural de los acusados y la ausencia de indigencia o pobreza que pudieran haber inclinado sus voluntades hacia el delito”, concluye el fiscal Moreno.

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• Hablando de constructores con problemas, la Justicia dictó prisión preventiva por 90 días al empresario Andrés Barrionuevo por una estafa en la venta de viviendas industrializada bajo sistema en seco a través de su firma El Techo Moderno SRL.

El empresario afronta denuncias por 5 hechos de estafa en concurso real y para el fiscal Juan Pablo Baños el pedido de prisión preventiva se funda en el "peligro de entorpecimiento probatorio y peligro de fuga".

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• Ya que estamos por el interior, hay novedades en el caso del empresario/financista de Cañada, el contador Abel Macchi, y su “festival” de cheques sin fondo por más de $2.000 millones del que venimos dando cuenta en esta columna.

¿Novedades? El juez Álvaro Campos ordenó esta semana que no se paguen los cheques librados por el acopio de Montes de Oca a Macchi, quien se los endosó al Banco Santa Fe, al Banco Nación y a la mutual Ajinco.

La situación es así. El acopio le compró agroquímicos a una de las empresas de Macchi por $300 M. Para eso, le entregó cheque de pago diferido en distintas fechas por el total de la compra, que Macchi los endosa y cambia en la mutua y el banco. Eso sí, nunca le envía nada al acopio. Nada. Ni un bidón.

Tras tener que abonar el primer cheque (por $80M) sin haber recibido la mercadería, el acopio -además de denunciar la estafa- le pide a la Justicia que ordene que el resto de los esos cheques no se cobren, gestión que encabeza y consigue el abogado Paul Krupnik. 

Para validar el pedido, el magistrado consideró lo dicho por la fiscal Teresa Granato (quien investiga el caso), que -tras aclarar de que faltan algunas diligencias, “se puede ver una maniobra que indica apariencia de estafa”. 

Mientras que el Banco Santa Fe acepta el pedido, el Nación y la mutual Ajinco pidieron poder cobrarlos porque, argumentan, ellos operaron de buena fe.  

Luego de que el magistrado falló ordenando el no cobro de los cheques, hubo un fuerte cruce entre el Banco Nación y el acopio afectado. 

“Estamos estudiando una presentación penal contra la sucursal de Cañada del Banco Nación porque pedimos que se investigue cuál fue su participación en la maniobra”, anunció Krupnik. 

Ocurre que no termina de cerrar cómo logró Macchi el millonario apalancamiento que logró consiguiendo créditos por $4.900 millones en 11 bancos para las 5 empresas (que se sospechan fueron pantalla para conseguir fondos que luego haría trabajar prestándolos) que armó sobre la base de su fábrica textil

Finalmente, el abogado del acopio confía en llegar a un entendimiento con la empresa de Macchi que ya los sondeó en busca de un acuerdo de pago.

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• Vamos a terminar el capítulo judicial con un tema que es llamativo porque, pese a su importancia, se manejó tan por debajo del radar que ni hay notas publicadas en la prensa.

Se trata de una investigación por lavado contra lo que se piensa es el grupo de reducción de chatarra más importante del país, con sede en el conurbano bonaerense.

Siguiendo las pistas del grupo, la PFA, división lavado de activos, realizó un procedimiento con intervención del fiscal Juan Manuel Dominguez y la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Fue así que se realizaron una serie de allanamientos en galpones donde se desarrolla la actividad y  en domicilios particulares en barrios cerrados.  Pero la gran sorpresa fue que se encontró una suma en efectivo de 2.5 millones de dólares y 100 millones de pesos en una casa de campo de la localidad de Moreno donde habitaría una de las 10 personas que formarían parte de este grupo. 

¿Quién guarda semejante cantidad de billetes verdes en su casa? Semejante hallazgo de dinero, muy poco frecuente, hizo escalar la causa que empezó a quemar por varios costados.

La investigación se encuentra en estado de reserva y se espera el levantamiento de la feria judicial en Buenos Aires para avanzar en posibles detenciones. Y al parecer tan grave es la situación que un estudio jurídico vinculado al gobierno nacional estaría realizando gestiones sin suerte para trasladar la causa a otra jurisdicción.

Gente que nada aguas muy profundas. 

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• Vamos ahora con un “culebrón” entre políticos y empresarios, que como mucho que rodea a la Libertad Avanza en nuestra zona nunca termina de estar claro.

Resulta que dirigentes libertarios rosarinos organizaron una reunión en el bunker que el partido tiene en la ciudad con algunos constructores con el objetivo aparente de analizar desregulaciones que necesita el sector.

¿Hubo reconciliación? Y es que los libertarios fustigan con dureza a los constructores. No en vano el presidente Javier Milei los bautizó como la "Cámara de la Corrupción".

Pero como parece que juntarse con empresarios construcción, más si hay alguno que hace obra pública, genera sarpullido en los libertarios, la jefa del espacio, la diputada Romina Diez, montó en cólera al enterarse de que empresarios de ese rubro habían pisado el bunker milieista y estalló de bronca.

Y el intercambio de whatsapp entre ellos buscando la diputada los responsable de tal sacrilegio sí que no tiene desperdicio, según cuentan quienes lo vieron.

Tan ácida estuvo la legisladora que ahora ningún constructor de los que participaron quiere contar de lo que allí hablaron o que se diga que estuvo.

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• La Cámara de Urbanizadores de Santa Fe se plantó duro contra la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia denunciando obstáculos burocráticos, criterios técnicos erróneos, la vulneración del bloque informativo y principios de procedimiento administrativos.

En una carta, fechada el 30 de julio y a la que tuvo acceso Rosario3, que lleva no solo la firma de sus autoridades sino también la de todos sus socios, le escribieron una carta al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, “ a fin de expresar la profunda preocupación respecto del proceder de funcionarios y agentes pertenecientes a la Secretaría de Recursos Hídricos de esa Cartera Ministerial, cuyas acciones y disposiciones vienen generando serias dificultades en las gestiones administrativas que deben tramitarse ante dicha dependencia”. 

Según cuentan, observan con inquietud  la “reiterada emisión de memorandos que, pese a tratarse de instrumentos internos sin efectos jurídicos externos, vienen siendo utilizados en la práctica para imponer exigencias, criterios técnicos e interpretaciones normativas que terminan consolidándose como reglas de cumplimiento obligatorio”. 

Para los empresarios, esta modalidad carece de sustento legal y reglamentario expreso y se traduce en una aplicación automática e inflexible sobre la totalidad de las presentaciones realizadas por los urbanizadores, desconociendo las particularidades de cada desarrollo urbanístico.

“Como consecuencia, estos actos -que deberían circunscribirse al ámbito interno de la Administración- adquieren un carácter normativo indebido, configurando verdaderas reglas pétreas que son aplicadas discrecionalmente para rechazar o devolver expedientes sin un análisis técnico ni jurídico de fondo. Esta práctica no solo vulnera principios elementales del procedimiento administrativo, como el debido proceso, la razonabilidad y la motivación de los actos, sino que además obstaculiza el desarrollo de proyectos urbanísticos legítimos, con el consiguiente perjuicio para la actividad económica local y regional, y el interés público comprometido en cada iniciativa de ordenamiento y expansión urbana", denuncian.

"Es evidente que este proceder violenta el bloque normativo, y más allá de las normas y principios que fueron enunciados, puntualmente pasa por alto abiertamente el reciente Decreto del Sr. Gobernador N°496/2025 denominado: Programa de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Provincial”, resaltan.

Al nombrar al programa Simple, los empresarios le asestan un duro golpe a la estrategia publicitaria de la  Provincia de mostrarse como preocupada de despejar las trabas burocráticas a las inversiones privadas. 

“Desde una perspectiva técnico-jurídica, entendemos que este accionar resulta, al menos, cuestionable. En ese marco, proponemos la necesidad de reencauzar los procedimientos vigentes en un espacio institucional de diálogo, cooperación e interacción que permita armonizar los legítimos intereses del Estado Provincial con la actividad privada formalmente organizada y comprometida con el desarrollo sustentable del territorio”, agregan. 

“Por lo expuesto, y en función de la gravedad de la situación planteada, solicitamos formalmente se nos conceda una audiencia con carácter urgente”, finaliza la carta de la Cámara de Urbanizadores de Santa Fe.

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• Vuelta de página vamos por el lado de los negocios. En las últimas horas corrió fuerte la versión de que MSR Inversiones y Desarrollos estaría en negociaciones avanzadas con Funes Norte para concretar un acuerdo que daría lugar al primer proyecto de condominios a gran escala en la zona norte de la ciudad. 

Precisamente, en una ciudad en la que todos los días se anuncias desarrollos inmobiliarios, la novedad viene por el lado de que se trataría de primer proyecto de esas características en la zona norte de Funes que hasta ahora mantiene el perfil de casas particulares. El proyecto, según trascendió,  serían de 72 unidades tipo dúplex de dos dormitorios en 18 lotes dentro de Paseo del Norte Barrio Jardín.

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• Ya que estamos por cuestiones regionales, fue interesante el planteo que hicieron esta semana los municipios del cordón portuario: “El futuro del desarrollo portuario ya no puede pensarse sin una gobernanza con anclaje local y enfoque sostenible”. 

Precisamente, esta fue una de las conclusiones que surgió durante el encuentro “Gobiernos locales y desarrollo portuario. claves para la gobernanza y la producción” que reunió a autoridades, expertos, técnicos y referentes institucionales en un evento organizado por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) y la comuna de Timbúes.

Es más, en dos décadas, esa localidad pasó de ser pueblo rural de apenas 6.000 habitantes a ser en uno de los principales nodos exportadores de la Argentina. “Pero ese crecimiento no fue planificado, no fue dialogado. Hoy tenemos 11.000 camiones diarios en temporada alta, trenes que cortan el pueblo en dos, y vecinos que no pueden llevar a sus hijos a la escuela o ser atendidos por una ambulancia”, se quejó el presidente comunal Antonio Fiorenza.

“Se nos exige garantizar seguridad, tránsito, salud y servicios básicos para sostener el funcionamiento de los puertos, pero no tenemos ni competencias plenas ni seguridad jurídica para actuar sobre rutas nacionales o ferroviarias. Lo hacemos igual, pero con nuestros recursos y sin respaldo”, afirmó.

El jefe comunal concretó así un tiro por elevación contra el gobierno provincial y los empresarios agroindustriales que denuncian que pese a que la comuna les cobra una tasa vial, con recaudación millonaria (⅓ de todos los camiones con granos que llegan al Gran Rosario van a Timbúes), los caminos no están asfaltados cuando tendrían que ser un billar. 

Por su parte, el intendente de San Lorenzo, Leo Raimundo, se quejó diciendo: “El Estado nacional construyó un sistema logístico sin preguntarle nada a quienes habitamos este territorio”.

En tanto, Juan Carlos Venesia, director del Programa de Infraestructura Regional para la Integración UNR. señaló: “Debemos asumir que los territorios no son simples plataformas pasivas sobre las que se instala la infraestructura. Son sistemas vivos, complejos, con identidades, necesidades y límites físicos. Y sin planificación, la expansión logística reproduce fragmentación e inequidad. No podemos seguir pensando la Hidrovía solo desde los barcos. Hay que mirarla desde las costas, desde los pueblos y ciudades que la sostienen”, remarcó.

Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez, describió el contexto con crudeza: “Los trenes pasan por el centro de la ciudad. Las vías dividen barrios. La logística está entrelazada con la vida cotidiana, pero no hay diálogo real entre quienes diseñan la infraestructura y quienes gestionamos el territorio”.

Ricci remarcó la necesidad de contar con financiamiento nacional específico para obras de integración urbana (pasos a nivel, circunvalaciones, readecuación de trazas), y planteó que “la gente no distingue entre jurisdicciones; para el vecino, todo es responsabilidad del Estado”.

Daniel Tonelli (intendente de Arroyo Seco) sumó una mirada crítica sobre la fragmentación institucional: “Hay decisiones que se toman a 300 kilómetros, sin comprender cómo afectan a nuestras ciudades. Necesitamos que los municipios tengamos voz en las mesas donde se discuten las inversiones logísticas”. Y propuso avanzar en consorcios regionales que permitan una planificación conjunta de corredores productivos.

Finalmente, Juan Marcos Aviano, director del IDR, planteó que “los gobiernos locales no pueden quedar excluidos de las decisiones estratégicas sobre logística y puertos”.

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• Vamos por los hechos que nos inspiran. Primera hora de la tarde en el restaurante de un hotel en Puerto Norte. Dos comensales. Uno de ellos es un importante empresario de la ciudad, conocido por su negocio de transporte de caudales, y el otro un consultor de lujo en tecnología y estrategia competitiva relacionado a las patentes, con muy bien valorado y recordado por su trabajo de vinculación tecnológica en el Conicet.

“Hay liquidez en la región. En Rosario hay empresarios con importantes excedentes que buscan alternativas de inversión. Tenemos que encontrar los vehículos para tratar de canalizar parte de esos excedentes para la ciencia y tecnología”, dice el empresario Miguel  Milano. “Y por eso quería hablar del tema con un número uno”, dijo en referencia a Ramiro Picasso.

Que hombres de negocios y de la ciencia busquen tender puentes siempre es saludaba. Y más aún en este contexto de que el mal paso de Bioceres generó mucho ruido sobre las formas más convenientes de conectar ambos mundos.

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• Precisamente, el Foro Agtech que la Bolsa de Comercio de Rosario organizará los días 2 y 3 de septiembre, en el marco del Santa Fe Business Forum, será la caja de resonancia para ver cómo absorbió el golpe el ecosistema bio.

En efecto, en lo que será el principal foro AgTech del país, el evento reunirá a los principales referentes de la innovación agroindustrial de América Latina, en dos jornadas de rondas de negocios, paneles y talleres.

Si bien no deja de ser un sector que suele usar estos paneles para profesar éxito y fuerza emprendedora, queda expuesta la necesidad de no esquivar los problemas y afrontar una nueva vuelta de tuerca en el diálogo científicos y empresarios que los lleve a incursionar por nuevas temáticas.

¿Sabe el científico que cuando su startup recibe inversiones no está tomando un préstamo, sino que está sumando un socio (generalmente una persona jurídica que suele no estar radicada en el país), con todo lo que ello conlleva? Por ejemplo, que una ampliación de capital lo puede dejar en posición minoritaria.

Es para debatir.

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• Y si de impacto sobre el caso Bioceres se trata, la semana que viene se realizará en Palermo el tradicional congreso de Aapresid, cuna de la firma y del cual forman parte varios de los socios fundadores, muchos mascando bronca por lo enrevesado que fue el paso accionario no del todo comprendido por todos.

Ahora, la novedad de Aapresid será que por primera vez habrá un remate de hacienda televisado a cargo de la consignataria Jáuregui Lorda Haciendas SRL. ¿Por qué el ganado en un congreso de líderes en siembra directa? Es que el 42% de los socios son productores mixtos, y por congreso a congreso gana terreno la agenda ganadera. Y este año, fue la hacienda la que bancó los dientes apretados de la agricultura.

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• “Es una señal importante que llega desde el sector automotriz en un momento de pocas señales de inversión en el sector”, cuenta Gabriel Fernández, titular de AFG Ingenería. Y es que la empresa tendrá a su cargo la modernización de la planta de Volkswagen en Pacheco. 

La automotriz invertirá u$s580 millones para desarrollar y producir una nueva generación de vehículos en alianza con Saic Maxus (de China) que se fabricarán en sudamérica.

AFG tendrá a su cargo adaptar la planta a los estándares internacionales del grupo, por ejemplo actualizar las líneas de ensamblado. También se hará cargo de automatizar las operaciones críticas.

“Esto es más que un contrato para la empresa. Rosario se posiciona como un centro industrial capaz de exportar tecnología y liderar la transformación de las automotrices”, resaltó Fernández.

Pero como no sobran desembolsos en el sector automotriz (que en Argentina enfrenta la amenaza importadora y el tipo de cambio no competitivo y  a nivel global está complicado por las barreras arancelarias de EEUU), AFG Ingeniería apuesta fuerte por un sector en alza).

“En estos años nos fue bien con los almacenes logísticos. Estamos construyendo 4, por ejemplo estamos haciendo el segundo freezer más grande del país y la segunda heladera más grande del país; además del  primer supermercado inteligente del país”, resalta el industrial que insiste con su fórmula para mantener la vigencia: “hay que transformarse permanentemente”.

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• “Una muestra de gran audacia”. Así definen en el sector industrial la decisión de Sidersa, la firma de capitales rosarinos comandada por la familia Spoto, de levantar la primer acería en 50 años en la ciudad de San Nicolás.

Ocurre que el al anuncio de la mega inversión de 380 millones de dólares ocurre justo en un momento difícil para el sector de la siderurgia, cuya producción está en fuerte caída (con algunas plantas paradas y el personal suspendido, como en Acindar) por la menor demanda de acero por parte de la construcción y la industria, que están en caída, y además con la amenaza del masivo ingreso de las importaciones del acero barato chino. Y, como si fuera poco, con el impacto en los costos que le puede generar la reciente apertura de la exportación de un insumo clave: la chatarra.

Pese a ese contexto claramente adverso, Sidersa tiene la audacia de salir a tomar créditos (en bancos y en la Bolsa) y a aportar fondos propios para lanzarse a construir su propia acería. Y por eso la primera pregunta que se le hizo al presidente de la empresa, Hernán Spoto, en el acto de presentación oficial del proyecto esta semana fue: ¿Qué están viendo para lanzarse a invertir?

“La coyuntura es la coyuntura. Nosotros invertimos pensando en décadas no en un período de gobierno. No me quiero meter en política, pero había que ordenar la macro. Ahora es tiempo de la micro. Pero lo que sí puedo decir es que no hay país desarrollado sin industria", dijo el industrial.

El negocio que vio Sidersa es el siguiente: ellos ya proveen a clientes servicios de aceros largos y la idea ahora es integrarse hacia atrás de la cadena fabricando ellos su materia prima (el acero que hasta ahora le compran a Acindar, que es una empresa que se resiste a bajar precios, como sí lo hizo Techint, y por eso vende menos que el resto y es la única acería parada del país) mejorando así su ecuación.

Pero claramente, también hay una cuestión de ADN industrial, en lo que representó un anuncio totalmente fuera de molde de los que está ocurriendo con la industria nacional.  

“Los momentos llegan. Las inversiones llegan cuando tienen que llegar. Tener una acería fue un sueño histórico de esta empresa fundada por mi abuelo. Y este sueño lo pudimos hacer realidad porque nunca dejamos de invertir en Argentina, con independencia de los modelos económicos".

Según contó, “este sueño lo empezamos a pensar en la pandemia. En ese momento nos empezamos a juntar con mi hermano, mi viejo y mi tío y con proveedores y empezamos a diseñar la planta siderúrgica más moderna, verde y eficiente del mundo. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nuestros clientes nos demandaban servicios acostumbrados a la calidad de los que prestamos en Sidersa. Y por eso ahora vamos a ser la planta más diversificada del país en lo que respecta a servicios para el acero”. 

Precisamente, el primer mercado a destinar la producción (acero largo de varilla y alambrón para la construcción) serán sus propios clientes. Y la idea es avanzar además en minería y oil and gas, que son las estrellas de la economía actual. 

“Además, con el acero verde las oportunidades de exportación son infinitas porque el mundo necesita acero verde y pocas empresas pueden darlo a nivel mundial, y así lo haremos cuando tengamos saldo exportable, si bien para nosotros el mercado argentino es el más importante”, especificó.

¿Y la amenaza de la apertura a las importaciones chinas?  “Para competir hay que invertir”, dice Spoto. Y  abunda: “No le tenemos miedo a China. Podemos llegar a tener, si hace falta, precio chino, obviamente con rentabilidad muy baja. Pero le podemos competir. Pero repito: sabemos que el sector no está pasando por un buen momento. Pero son momentos coyunturales. No invertiremos por un trimestre, por un año o por un gobierno; muy lindo sería recuperar una inversión en el plazo de un gobierno. Pero no es así. Las inversiones son a largo plazo”, resaltó el presidente de la siderúrgica.

Y la confianza para hacer frente a la amenaza china o la competencia con las multis que están en ese segmento (Acindar, Gerdau) por los clientes y por insumos (como chatarra), la fundamentan en la eficiencia que les reportará tener la planta más moderna del país. 

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• Vamos a terminar casi destacando uno de los fundamentos del modelo actual del gobierno de Javier Milei: el impulso a la competencia.

Resulta que un día después del anuncio de Sidersa sobre la construcción de la primera acería en 50 años, que además destacaba, como contamos más arriba, su ADN de cuidado del medio ambiente y la generación de 350 empleados directos y 3.500 indirectos, dese la acería brasilera Gerdau, instalada en Pérez y a la que Sidersa le saldrá a competir, desparramaba un brief entre en la prensa, para no perder protagonismo. Y esto decía:  

1) No es verdad que no se construye una acería en los últimos 50 años . 

2) La de Gerdau fue la primera construcción de una planta de estas características en el país en más de 40 años. 

3) Con una inversión de más de 250 millones de dólares, Gerdau empleó en la nueva acería las mejores tecnologías de producción sustentable, por lo cual en el 2025 es empresa B4. 

4) La acería, se puso en marcha en 2017, involucra actualmente más de 1.700 personas, entre puestos de trabajo directos e indirectos, de los más de 5.600 que están involucrados en toda la operación de Gerdau Argentina.

Que linda es la competencia, cuando todos juegan la carrera invirtiendo para ganar.

Pero nada de celos, che

Muy Buen domingo.