El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe presentó formalmente un proyecto propio ante la Convención Constituyente. La iniciativa está enfocada exclusivamente en el capítulo judicial de la reforma constitucional e incluye propuestas concretas sobre la composición de la Corte Suprema, el régimen de selección y control de jueces y fiscales, y la organización del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal.
La decisión de elaborar un texto y presentarlo ante los convencionales expresa la voluntad de los funcionarios del Poder Judicial de intervenir en el debate institucional que definirá el marco constitucional que regulará su funcionamiento en el futuro. “Nos parece fundamental que nuestra voz sea escuchada”, expresaron desde la entidad, que reúne a magistrados y funcionarios de toda la provincia.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan:
La Corte Suprema de Justicia estará compuesta por siete miembros y un Procurador General, con propensión a la paridad de género y representación regional, según lo determine una ley especial.
Se propone constitucionalizar el Consejo de la Magistratura, con participación de representantes del Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, universidades públicas y colegios profesionales. Tendrá a su cargo la organización de los concursos de oposición y antecedentes y la elevación de ternas para jueces, fiscales y defensores.
Se crea un Jurado de Enjuiciamiento integrado por miembros de los tres poderes, la abogacía y la sociedad civil, con competencia para juzgar y eventualmente remover a magistrados, fiscales y defensores.
El Ministerio Público se divide en dos órganos autónomos: el Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Fiscal General, y el Servicio Público de la Defensa Penal, a cargo del Defensor Provincial. Ambos gozan de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, y deben regirse por los principios de legalidad, objetividad e independencia.
Se incorpora la figura de la Oficina Judicial, como órgano técnico-administrativo encargado de la organización de audiencias y recursos, bajo superintendencia judicial.
Se consagran como principios institucionales la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, la inamovilidad en los cargos, la intangibilidad de las remuneraciones y la incorporación de perspectiva de género, derechos humanos y diversidad como criterios transversales.
Comparación con los proyectos políticos
El proyecto no presenta diferencias con los proyectos de la UCR y el PS en cuanto a la integración de la Corte Suprema de Justicia.
Coinciden también el proyecto socialista y el del Colegio de Magistrados en la necesidad de mantener como competencia de la Corte Suprema de Justicia los juicios de responsabilidad civil contra magistrados. Aunque el proyecto del Colegio propone ampliarlo para fiscales y defensores.
También hay coincidencia en cuanto al límite de edad para permanecer en los cargos de magistratura y función en MPA y Servicio Público de la Defensa: 75 años.
Una diferencia es que la propuesta del Colegio permite a los magistrados y funcionarios optar por continuar en funciones por un nuevo período de hasta cinco años, siempre que manifiesten su voluntad de permanecer en el cargo y la Legislatura otorgue el acuerdo respectivo. Propone que la remisión del pliego por parte del Poder Ejecutivo sea obligatoria ante la solicitud expresa del interesado antes de alcanzar la edad referida.
"Ello permite evitar planteos de discriminación por razones de edad y contemplar situaciones de magistrados que aún al alcanzar los 75 años se encuentran en su plenitud laboral y en perfectas condiciones para seguir trabajando", argumentan desde el Colegio. También "establecer una opción en favor de los magistrados y funcionarios impediría que exista discrecionalidad política en cuanto a la continuidad en los cargos con los eventuales riesgos de disciplinamiento que ello conllevaría", agregan.
Hay diferencias en cuanto al Consejo de la Magistratura. "El proyecto de la UCR propone un órgano dependiente del Poder Ejecutivo con una integración que le da una representación numéricamente menguada al sector de los jueces. El proyecto socialista presenta una solución sui generis de un órgano técnico especial compuesto de tres administradores y jurados ad hoc para los concursos. El proyecto del Colegio propone un Consejo de la Magistratura de integración permanente con una composición basada en una representación sectorial que siga estrictamente una regla de equilibrio de manera tal que ningún sector o estamento pueda prevalecer por sobre los restantes", señalaron desde la entidad.
Otra diferencia pasa por los procesos disciplinarios y mecanismos de remoción. "El proyecto de la UCR contempla (a diferencia de los otros dos) la intervención del Poder Ejecutivo en el órgano de juzgamiento. La integración que proponen los tres proyectos para el Tribunal de Enjuiciamiento es diferente en representación y número de integrantes. El proyecto del Colegio busca lograr que la función jurisdiccional estatal, la persecución penal y la defensa pública rindan debida cuenta de su actuación; pero en un ámbito exento de un sometimiento exclusivamente político partidario que condicione sus objetivos y desenvolvimiento. Asegura, a diferencia de los otros proyectos, que la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento sea revisable judicialmente por violación al debido proceso y por arbitrariedad palmaria, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales existentes en la actualidad", es el argumento del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe.
