Si hay un tema que promete debates de alto voltaje en la reforma constitucional santafesina es el del capítulo judicial. En los proyectos presentados hasta ahora hay coincidencia en que el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la entidad a cargo de las investigaciones penales en la provincia, debe ser un órgano independiente y autónomo que ya no esté bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay diferencias en cuanto a los sistemas de selección y juzgamiento de fiscales y magistrados, y sobre la duración en sus cargos de los integrantes del máximo tribunal.
En este último sentido, rompió el molde el proyecto del socialismo: fija un máximo de 20 años de permanencia de un juez en la Corte y establece que todos los magistrados santafesinos deben ser sometidos cada cinco años a un control de aptitud física, psíquica y ética.
La comisión de Justicia tendrá este miércoles su primera reunión de trabajo y el día siguiente será una jornada clave: recibirá, por separado, a las conducciones del Servicio Público de la Defensa Penal –que también reclama ser un órgano independiente–, del Ministerio Público de la Acusación –que hace semanas planteó la necesidad de convertirse en un “extrapoder” con atribuciones más amplias que las incluidas en los proyectos de reforma conocidos hasta ahora– y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia –que son quienes en función de los cambios propuestos perderán parte del poder que tienen hoy–. La idea de estas reuniones, explicaron desde la comisión, es “escuchar” a estos organismos.
Mientras tanto, aún falta conocerse las posturas de los bloques políticos de la oposición. En Más para Santa Fe –la alianza que reúne al PJ, el Frente Renovador y Ciudad Futura– no había hasta este martes al mediodía un proyecto único para el capítulo judicial.
El extrapoder de la discordia
Solo el gremio judicial expresó públicamente su oposición a la autonomización del MPA. Dentro del PJ era el sector de los senadores el que parecía coincidir con esta línea, en sintonía con los tres cortesanos mayores de 75 años que siguen en sus cargos. Aunque este martes dirigentes del Sindicato de Trabajadores Judiciales se movilizaron a la Legislatura para pedir que el organismo siga en la órbita del Poder Judicial y en una foto que se sacaron en la puerta, que subieron a una historia de Instagram, se vio con ellos al convencional Juan Monteverde.
El gremio presentó dos escritos firmados, según dijeron los dirigentes, por 350 empleados que quieren seguir siendo parte del Poder Judicial. Los judiciales cuestionan la "fragmentación" y advirtieron que la autonomización del MPA pondría en riesgo la independencia de las investigaciones de los fiscales, debido a las presiones a las que los pueden someter, señalaron, los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Atento a la mayoría de Unidos y a que todos los proyectos del oficialismo van por sacar el organismo de la órbita de la Corte, esa parece ya una batalla perdida. “La idea es garantizar la independencia presupuestaria y la autonomía funcional del MPA y la Defensa. Discutir si es un intrapoder o un extrapoder es ahogarse en un vaso de agua. Lo importante es que después no se debilite y termine bajo la influencia del Poder Ejecutivo que es el que hace el presupuesto”, sostuvo una fuente del bloque Más para Santa Fe.
La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, mantuvo un mes antes de la Convención reuniones con los distintos bloques para plantear su posición: impulsa que el MPA sea extrapoder. En concreto, les explicó, eso no significa que el órgano que se establezca como un cuarto poder del Estado. Pero sí que tenga autarquía financiera. Hoy lo administrativo y las designaciones dependen de la Corte Suprema.
La palabra “extrapoder” no figura en los proyectos de los partidos de Unidos, pero sí en uno elaborado por fuera de la política que se conoció en las últimas horas: el del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santa Fe, que también presentó su plan de reforma del capítulo judicial de la Constitución.
Esa iniciativa sostiene: “El Ministerio Público Penal es un órgano extrapoder, independiente de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Y ubica dentro de una misma estructura al MPA y el Servicio Público de la Defensa, algo en lo que coincide el proyecto de la UCR pero no el del socialismo. Las conducciones del MPA y el Servicio Público de la Defensa están de acuerdo, en ese punto, con el del PS.
Visto desde la política, la autonomía del MPA tiene un riesgo: que los fiscales se conviertan en funcionarios todopoderosos que pongan a todo el mundo bajo sospecha. Por eso, en las iniciativas de Unidos el énfasis está en los controles.
Este martes hubo una reunión de los integrantes de la mesa judicial de Unidos. Según fuentes del oficialismo, hubo “bastante debate” sobre cómo abordar el tema de si se independizan también entre sí el MPA y el Servicio Público de la Defensa. “Vamos a llegar a una solución intermedia entre ambas propuestas”, arriesgó el dirigente consultado en off the record por Rosario3.
Límite temporal a la Corte
En cambio, dijo este vocero, no se abordó todavía el tema del límite temporal explícito de 20 años que propone el socialismo para los jueces de la Corte.
Esa posibilidad no está incluida ni en el proyecto de la UCR, ni en el del PRO, ni en el del Colegio de Magistrados.
En el socialismo creen que la propuesta va en línea con la prédica de Maximiliano Pullaro, que desde que asumió se fijó el objetivo de renovar la Corte. Pero cerca del gobernador antepusieron la prudencia.
"Lo que pensamos es lo que figura en el proyecto de la UCR", respondió, ante una consulta de Rosario3, una fuente cercana al mandatario provincial. Aunque luego aclaró: "Igualmente, estamos dispuestos a escuchar".
Un juez de los Tribunales locales, también en off the record, opinó que el límite de 20 años no le parece muy relevante, atento a la edad a la que llegan a su cargo la mayoría de los jueces de la Corte. Todos los proyectos e incluso la legislación vigente, reformada meses atrás, establecen en 75 años la edad de retiro, aunque el gobernador puede reenviar los pliegos para que permanezcan 5 años más.
De los actuales ministros del máximo tribunal, solo Margarita Zabalza, quien ingresó este año justamente propuesta por el socialismo, quedaría abarcada por una disposición de ese tipo: llegaría a los 20 años en el cargo con 65 de edad.
En cuanto a las revisiones periódicas, tanto para fiscales como para jueces, esta fuente judicial advirtió que eso puede encerrar "un riesgo muy grande de manipulación y domesticación política". "Los mecanismos de rendición de cuentas actuales deben ser mejorados. Por ahí pasa la verdadera solución", sostuvo.
