Fumata blanca. El trabajoso acuerdo por la reforma de la Constitución santafesina se cerró finalmente este jueves a la tarde, luego de que los distintos sectores que compondrán una mayoría que superará con cierta comodidad los dos tercios que se necesitaban en diputados -el número mágico es 34, pero serán 37 votos- saldaron la última diferencia: en qué fecha sesionará la Convención Constituyente. Lo que va a decir la ley es que se faculta al gobernador a que convoque a la convención dentro de un plazo de hasta un año de la elección: se estima que será entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que fue lo que Maximiliano Pullaro le planteó, aparentemente a pedido de Omar Perotti, a los legisladores de Unidos este jueves a la mañana. El socialismo había propuesta este miércoles e insistido 24 horas después en una reunión con el propio mandatario provincial que sea a mitad de este año, para no tener diez meses a los convencionales electos en el freezer. Tuvo que ceder, aunque esa posibilidad no se cerró del todo: sería una opción posible si se levantan las Paso nacionales.

Así las cosas, a media tarde la sesión de Diputados aprobó la ley de presupuesto, luego el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales votó el dictamen que elaboró a todo vapor un grupo especial de redacción del mismo,  y la idea era que sobre fin de la tarde se retomara la sesión que le dará media sanción a la ley de necesidad de la reforma constitucional. Faltará la aprobación del Senado, que se producirá este viernes.

Que los legisladores sienten que están haciendo historia, al poner en marcha un proceso que culminará probablemente a mediados o fines de 2025 con una nueva Carta Magna para Santa Fe después de 62 años, es algo que se refleja en la participación que tuvieron los debates en los plenarios conjuntos de las comisiones de Asuntos Constitucionales de ambas cámaras que buscaba llegar a una síntesis entre los nueve proyectos de ley sobre el tema que tenñian estado parlamentario. Llegó a haber 31 diputados y 9 senadores presentes, es decir que casi se ocuparon en su totalidad las bancas de la Cámara baja.

Una de las cosas que demoró el acuerdo es la forma en que se elegirán los convencionales que tendrán a su cargo escribir el nuevo texto constitucional. El perottismo accedió a que, como propuso el oficialismo, la composición de la Convención sea similar a la de la Legislatura, con 50 integrantes elegidos por distrito único (como los diputados) y 19 representantes departamentales (como los senadores). 

Pero reclamaba también que, como será una sola instancia electoral sin Paso, que pueda haber listas departamentales que se presenten sin contar con una nómina provincial de referencia. Eso le permitiría al peronismo, ante su atomización interna, ir divididos a nivel provincial y, a la vez, cerrar acuerdos departamentales.

Unidos estaba dispuesto a buscar la forma de resolver esa situación, pero a la vez pedía que el perottismo flexibilizara su exigencia de fijar un piso del 3 por ciento del padrón para poder acceder a la Convención, lo que equivale a cerca de 80 mil votos. Este jueves el perottismo aceptó que ese piso sea del 2,5 por ciento.

El piso del 3 por ciento era considerado directamente “proscriptivo” por el Frente Amplio por la Soberanía, que el miércoles a la tarde amenazó con retirar los dos votos que estaba dispuesto a aportar a favor de la ley de necesidad de la reforma constitucional: el de Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver.

“Todas nuestras propuestas no fueron contempladas”, se quejó amargamente Oliver, que recordó que su sector pedía que no haya piso, que sí haya Paso y que se vote 69 convencionales por distrito único.

El problema de Oliver y Balagué es que sus votos, que hasta hace poco eran imprescindibles para llegar al número mágico que componen los dos tercios que se necesitan para habilitar la reforma en la Cámara de Diputados -34-, dejaron de serlo porque se sumaron otras voluntades. Omar Paredes, del bloque de Amalia Granata (Somos Vida) pero de pasado radical, confirmó el miércoles que levantará la mano y lo mismo había hecho el outsider Juan José Piedrabuena.

Esos dos votos, sumados a los cuatro del perottismo y los 28 del oficialismo alcanzaban para llegar a los 34, en una sesión en la que además estará ausente, porque viajo a El Vaticano, Amalia Granata, la lengua más filosa contra la reforma constitucional.

Finalmente, este jueves al mediodía se acordó que el piso sea del 2,5 por ciento. Eso alcanzó para que el FAS quede dentro del acuerdo, con lo cual llegan a 37 los votos a favor de la reforma en Diputados ya que se confirmó otra fuga en el bloque de Lanata: la de Edgardo Porfiri. 

Igualmente, a las 14 de este jueves había un borrador pero no estaba aún el dictamen definitivo, pues persistían diferencias en el oficialismo sobre la fecha de la Convención.

Como Unidos quiere separar todo lo posible los comicios de convencionales de los nacionales de octubre, la elección de constituyentes será en abril, junto a las Paso provinciales. Blanco propuso el miércoles que la Convención sesione apenas después de las generales de concejales, es decir entre junio y julio. Pero este jueves el propio Blanco y otros diputados oficialistas fueron a Casa de Gobierno y escucharon el pedido de Pullaro para que la Convención Constituyente sesiones en febrero de 2026, con la idea de que no es conveniente que lo haga en medio de un año electoral. Aparentemente, el que le había llevado la inquietud al gobernador fue su antecesor, Omar Perotti. 

El socialismo insistía en que no tiene sentido votar en abril y que los convencionales recién modifiquen el texto constitucional 10 meses después de ser electos. Finalmente tuvo que ceder en pos de destrabar el acuerdo, aunque quedaron todas las posibilidades abiertas: la ley delegará en el gobernador la convocatoria a la Convención, con un plazo de un año desde la elección. En principio las fechas más posibles son noviembre de 2025 o febrero de 2026. Pero si no hay Paso nacionales vuelva a tomar cuerpo la posibilidad de que sea a mediados del año que viene.

La elección anticipada es lo que explica el apuro del oficialismo, que sí o sí quiere tener la ley esta semana: para votar convencionales el 13 de abril, el cierre de listas debería ser el 7 febrero. El decreto del gobernador con la convocatoria a todo el proceso debería estar firmado, para cumplir con todos los plazos, el próximo 14 de diciembre. 

Es decir que el oficialismo tenía que hacer lo que fuera para que la cuestión se defina este jueves. Con discusiones que no fueron simples, pero que se encarrilaron porque está claro que hay una voluntad política mayoritaria de ir a una reforma. “Todos estamos negociando. Porque por momentos parece que está por romperse todo, pero al final se va a encaminar”, le dijo una fuente legislativa a Rosario3 al cierre de la jornada del miércoles. A la luz de los hechos, tenía razón. 

Miércoles de fragilidad

De hecho, esa sensación de que lo que se construía era frágil y hay que ser muy cuidadosos sobrevoló la reunión de este miércoles, antes de que comenzara la discusión sobre el régimen electoral, cuando los perottistas Marcos Corach y Celia Arena se retiraron por un supuesto llamado del exgobernador y el resto decidió realizar un “cuarto intermedio prudencial”.

Cuando los exministros de Perotti volvieron se retomó el debate, lo que llevó a que ellos mismos bromearan: “Mirá qué importantes que somos ahora”.

Efectivamente, esos cuatro votos -el de Arena, Corach, Perotti y Sonia Martorano, ya que Walter Agosto no sumará el suyo- fueron la llave que abrió la puerta que faltaba para que el gobierno de Maximiliano Pullaro cierre el año con las tres reformas que se había propuesto -la previsional, la judicial y la constitucional- en marcha, con la posibilidad de la reelección como algo que deberá definir la futura Convención Constituyente y poniendo un nuevo mojón en la historia institucional de la provincia.