El piloto que el pasado 30 de octubre aterrizó en una zona rural de Andino un Cessna 206 con 475 kilos de cocaína, fue condenado este viernes. El coronel retirado de la Fuerza Aérea Boliviana Óscar Armando Caba Hurtado, de 57 años, aceptó un juicio abreviado por el que recibió una pena de 7 años y 2 meses de prisión.
El acuerdo, en el que participó la Procunar y los fiscales de la sede San Lorenzo Claudio Kishimoto y Francisco Bernhardt, fue homologado en horas de la mañana por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz.
En la investigación no se logró establecer a quién estaba dirigido el cargamento de droga. Si bien algunos indicios alumbraban a una presunta banda narco rosarina que opera en el sur de la provincia, no se pudo probar al cabo de varias medidas llevadas adelante.
Por las actuaciones que constan en el legajo, Caba Hurtado ingresó de manera ilegal con el Cessna 206, cuando lo detectó un radar situado a la altura de la ciudad de Tostado. Después de que un caza de interceptación lo siguiera e intentara en vano comunicarse con él, el piloto boliviano aterrizó la aeronave a las 17.30 en un campo de Andino y huyó a pie, dejando toda la droga, que tenía una pureza del 80 por ciento, según los exámenes posteriores.
Desde el caza de interceptación se visualizó al piloto corriendo con un bolso de mano. También vieron a dos camionetas que aguardaban la llegada de la cocaína, que al ver la situación se fueron en distintas direcciones.
El piloto cayó el 31 de octubre, un día después, cuando según fuentes policiales fue auxiliado mientras era arrastrado por el río Carcarañá.
Como ya publicó Rosario3, Óscar Armando Caba Hurtado es un militar reservista que desde 1989 perteneció a la Fuerza Aérea de Bolivia y está acusado de perpetrar delitos de lesa humanidad en los sucesos del 15 noviembre de 2019 durante la presidencia de facto de Jeanine Áñez tras la renuncia forzada de Evo Morales. En rigor el militar está acusado de participar de la llamada Masacre de la localidad boliviana de Sacaba (departamento de Cochabamba) donde 10 civiles murieron por balas de militares especializados en medio de protestas contra Yáñez.
Con relación al expediente por la masacre, el 23 de octubre de 2023 el fiscal general de Estado de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, solicitó penas de 30 años de prisión para Yánez y un grupo de 17 militares, entre ellos Caba Hurtado, por el delito de genocidio.
