El domingo lluvioso invita a dedicar un poco más de tiempo a la lectura de noticias y por eso el “run-run” de los negocios vendrá en dos tandas. Por estos días dos temas encabezan las preocupaciones de los hombres de negocios de la región: la tensión cambiaria (como exponente de un alto estrés macroeconómico del país) y la creciente inseguridad. Pero, contra viento y marea, el ADN emprendedor no afloja y por eso las empresas siguen apostando y las inversiones llegando, y mucho de eso también se hablará en el run run de la tarde. Pero este capítulo matutino se basa en un interrogante/preocupación que quedó flotando en el ambiente empresario tras la resolución de un resonante caso que involucró a una importante firma local. ¿Cuál es? La facilidad con la que se pude armar una causa federal que termina arruinando un negocio. Veamos.
La semana pasada fue noticia que el juzgado Federal de Morón dictó la falta de mérito al empresario rosarino Darío Ippolito, titular de la fábrica Bronway Tabaco SA, ubicada en el noroeste de la ciudad, quien fue investigado por presunta adulteración, evasión impositiva, contrabando, acopio y venta fraudulenta de cigarrillos, en una causa que tuvo mucho recorrido mediático y que dañó mucho la imagen de la empresa y el empresario. Pero, más allá del caso puntual, la marcha del proceso judicial pone un manto de duda sobre la forma en la que se inician algunas investigaciones penales en la Justicia Federal y lo expuesto que están los empresarios a operaciones que pueden terminar con su reputación y sus negocios.
Vamos a darle contexto. Según el expediente (que acompaña la nota para poder leerlo de primera mano), en mayo de 2019 un policía de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón le hace saber al fiscal federal de Hurlingham, Santiago Marquevich, que recibió un llamado anónimo que daba cuenta de que en tres kioscos del conurbano bonaerense estarían vendiendo cigarrillos adulterados. Sí, tres kioscos del conurbano bonaerense.
Y a todo lo llamativa que puede parecer esa denuncia anónima como factor disparador de una investigación penal de alto vuelo, lo más llamativo es que no señala ningún producto de la empresa Bronway sino que apunta a cigarrillos Red Point y Marlboro.
A raíz de esa llamada anónima -que nunca se pudo identificar de que número partió ni quien la realizó (y ni siquiera si verdaderamente existió porque, según consta en el expediente, los policías no recuerdan en que numero de la dependencia fue recibida)- la fiscalía envíó un policía de civil a comprar los cigarrillos en los tres kioscos de Morón de las marcas denunciadas (Red Point y Marloboro) para ver si era contrabandeados.
Y en el informe que eleva el policía cuenta que en el exhibidor de los kioscos también se observa que se venden otras marcas de cigarrillos (como Pier y Dolchester, que sí son de Bronway). Y pese a que el policía de civil ni compra esos otros cigarrillos para ver si estaban fiscalmente adulterados y sólo hace mención a que estaban exhibidos, desde ese momento la investigación gira hacia la tabacalera rosarina, dejando de lado los primigeniamente denunciados. Y es sobre esa base que el fiscal Marquevich, allana cuatro meses después la empresa rosarina con amplia repercusión en los medios.
Ahora bien: Se podría pensar que entre la denuncia anónima y los allanamientos a Bronway se encontraron pruebas que validen la investigación. Según consta en el expediente, la fiscalía encontró en los tres kioscos del conurbano 5 cajas con cigarrillos fiscalmente truchos en los que había paquetes de las marcas de Bronway. Pero resulta que en las declaraciones testimoniales que figuran en el expediente, los dueños de los tres kioscos reconocen que nunca fueron clientes de Bronway. Y hasta el distribuidor de la marca en zona, también declaró y probó que nunca operó con esos tres kioscos de Morón. La hipótesis de la defensa de Bronway es que las 5 cajas pueden haber sido compradas en el mercado ilegal.
El caso es que con esos indicios en la mano y sin nunca haber investigado las empresas propietarias de las marcas mencionadas originalmente en la denuncia anónima, la Fiscalía ordena un allanamiento a la planta rosarina de Bronwaty sobre finales de 2019. Y como fue justo en la época de mayores ventas, el daño económico fue muy fuerte.
En efecto, en el allanamiento quedó incautado todo el stock de cigarrillos y tabaco a procesar, que recién fue devuelto 9 meses después del allanamiento. También se secuestraron 6 millones de estampillas generando también un perjuicio económico porque deja inmovilizado el stock de estampillas compradas sin poder ponerlas a circular.
Finalmente, devolvieron todo el tabaco, todos los paquetes y todas las estampillas porque no encontraron ninguna irregular. En el expediente se pude leer, por ejemplo, que se devolvieron los 15.750 cartones de cigarrillos secuestrados porque tenían todo en regla y que las 6 millones de estampillas peritadas tenían todo en orden. Y fue por eso el juzgado federal de Morón dictó la falta de mérito. Pero para que eso ocurra la empresa tuvo que esperar dos años.
También aparecieron movidas en los medios que fueron llamativas. Por ejemplo, el manejo de la información. Al ser una causa que vino del conurbano, autoridades locales de la Justicia Federal y la Afip no tenían información para brindar de primera mano a la prensa rosarina, mientras que en la prensa porteña aparecían citadas off the récord fuentes de la fiscalía de Hurlingham declarando que la planta rosarina fue clausurada y su dueño detenido. Pero al ver el expediente, resulta que no aparecen clausuras ni detenciones.
Lo cierto es que el daño reputacional fue muy fuerte para el titular de Bronway que quedó asociado al contrabando y hoy en círculos empresarios es mala palabra. Y no en vano nadie quiere aparecer demasiado cerca, aún pese a la falta de merito dictada hace 15 días. El daño a la imagen fue tan grande que los bancos Santander y Nación le cerraron las cuentas, y esas dos entidades financieras eran importantes para facturarles a clientes de lugares remotos.
Ahora bien: ¿Como un fiscal de Hurlingham investiga una supuesta adulteración de estampillas de una empresa en Rosario a partir de una denuncia anónima contra tres kioscos de mala categoría en Morón? La respuesta es un misterio. Tan misterio como las razones para tirarle con todo a Bronway.
Hipótesis sobre las razones de lo ocurrido hay varias y todas quedan en el terreno de la controversia y el debate. Por ejemplo, que se trató de un pase de facturas de las firmas internacionales contra la tabacalera local ya que Bronway junto con otras empresas regionales mantiene un conflicto por la constitucionalidad de la ley del impuesto interno (sancionada en 2017) en torno al modo de calcular el tributo ya que sostienen que es a pedir de las multinacionales y contra las firmas regionales. Otra versión: que se trató de un intento de avanzar contra el empresario al que se lo tiene en la mira judicial por otros temas no vinculados a la fabricación de cigarrillos. Como sea, lo que finalmente emerge son dudas sobre la liviana forma en que se pueden armar algunas causas en la Justicia federal justo cuando su principal función republicana es, precisamente, dar certezas a la ciudadanía.
