"No quisiéramos que ninguna empresa quiebre y más una empresa tan importante como es Vicentin para el norte santafesino, pero a mí no me vana ver ni a ninguno de los ministros del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe metidos en cuestiones judiciales".
Así se refirió este jueves en Reconquista el gobernador Maximiliano Pullaro ante la consulta de la prensa sobre la delicada situación financiera por la que atraviesa el grupo agroindustrial, que tiene sus plantas paradas y sus trabajadores con la incertidumbre de no saber si cobrarán los salarios del mes de marzo.
"Acá tenemos que aprender de una vez por todas a respetar la ley y la división de poderes, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, posiblemente haya diferentes miradas, yo tengo mi mirada”, dijo al ser abordado por la prensa tras un acto oficial.
"Indudablemente, imagínense, nos llamaron todos para que nos involucremos, pero siempre dijimos que nosotros vamos a respetar la ley y vamos a respetar la decisión que pueda tomar la justicia santafesina, nos guste o no nos guste y así nos manejamos, entonces eso es lo que vamos a hacer de acá al futuro”, enfatizó el gobernador.
La situación es extremadamente delicada en Vicentín porque las plantas de San Lorenzo y Ricardone están casi sin actividad en marzo, y no aparecen interesados en contratar los servicios de industrialización y embarque. Y encima ahora el grupo no tiene conducción definida porque cuatro de sus jefes están en prisión preventiva y más de una docena de altos directivos tienen prohibido por la Justicia ejercer cargos en el management
Con todo ese panorama, crece la tensión laboral y social porque no hay claridad sobre cómo se abonarán los sueldos del mes pasado que deben pagar la semana que viene.
A los problemas institucionales y judiciales, las dificultades para pagar sueldos y la falta de materia prima para procesar se suma ahora una deuda millonaria por consumo eléctrico que podría derivar en la interrupción del suministro. Vicentin adeuda más de $408 millones a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, de los cuales $300 millones corresponden a facturas vencidas en febrero.
Las autoridades de la cooperativa de servicios ya advirtieron que, si la empresa no presenta un plan de pago concreto, se procederá al corte de energía en sus plantas industriales, lo que comprometería aún más su operación.
