El ex fiscal Fernando Martín Rodrigo, quien engañó a jueces para “pinchar” los teléfonos de su ex novia, suegros, hermanos y amigas, está a punto de ir a juicio oral y público. Se trata del funcionario del Ministerio Público de la Acusación que renunció a su cargo en agosto de 2017 después de que se desatara el cimbronazo institucional por su accionar. Como dato curioso, el pasado 6 de junio, el procurador de la Nación Eduardo Casal lo ubicó como uno de los ternados para ser elegido titular de la Fiscalía federal de Río Gallegos.
Rodrigo se encuentra imputado por la fiscal Natalia Benvenuto por los delitos de peculado de trabajos y servicios públicos en concurso ideal con falsedad ideológica y uso de instrumento público agravado por su calidad de funcionario público.
La fiscal a cargo de la acusación ya adelantó que pedirá en el juicio la pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esa última situación resulta sensible, ya que Rodrigo pretende volver a ser fiscal, pero en el fuero federal, según el concurso Nº 114, que fue convocado a través de la resolución PGN 21/18.
La audiencia preliminar pasó a un cuarto intermedio por decisión del juez Pablo Pinto y se retomará el próximo miércoles.
Al momento de los hechos, Fernando Rodrigo se desempeñaba dentro de una de las unidades de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación. En una causa donde perseguía a una banda dedicada al robo de vehículos que posteriormente eran desguazados en desarmaderos, presentó ante jueces listados de líneas telefónicas que debían ser intervenidas para avanzar.
De esa forma, los jueces accedieron de buena fe y Rodrigo logró “pinchar” los teléfonos de su ex novia –y por entonces compañera de trabajo–, dos empleadas de Fiscalía que eran amigas de la joven, la madre, el padre y los hermanos de la víctima.
Las intervenciones telefónicas ocurrieron entre agosto de 2016 y julio de 2017, de acuerdo a la imputación de la fiscal Benvenuto, que precisó que en total fueron doce las líneas interceptadas.
La investigación contra Rodrigo se conoció en agosto de 2017, después de que un empleado suyo detectara que dentro de la causa que estaba trabajando estaba el teléfono de su compañera de trabajo, cuestión que posteriormente denunció ante sus superiores.
Ni bien trascendió la situación en su contra, el fiscal tramitó una licencia psiquiátrica, pero luego el fiscal general Jorge Baclini lo suspendió de forma preventiva. Sin embargo, antes de que las autoridades evaluaran si correspondía una destitución o juicio político, Rodrigo presentó la “renuncia indeclinable” a su cargo, que fue aceptada por el gobernador Miguel Lifschitz.
