En una maratónica audiencia que se llevó a cabo en los tribunales federales de Rosario –en Oroño al 900–, y que continuará este viernes, el juez Marcelo Bailaque fue imputado por presuntas maniobras de corrupción, por incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato. Tres fiscales federales, acompañados por sus equipos de trabajo, ventilaron durante más de cinco horas los indicios que tienen sobre las posibles irregularidades que cometió el magistrado en tres causas puntuales: en el manejo de fondos de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, en supuestas demoras en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, cuyo entramado societario tenía de contador al mismo que le llevaba los números al juez, y por una llamativa intensidad en un legajo contra un empresario que fue denunciado manera anónima y desprolija y terminó perjudicado, se cree, con posible connivencia con personal de la ex Afip y Aduana, en la hoy reconvertida Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Ante el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, los fiscales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (Ministerio Público Fiscal distrito Rosario) expusieron cada una de las causas. Pidieron las llamadas entrantes y salientes que hizo Bailaque en el período 2014-2018 y el levantamiento del secreto fiscal del magistrado para verificar si en ese tiempo algunas de sus declaraciones juradas presentadas ante el Consejo de la Magistratura tienen la firma del contador Gabriel Mizzau –la posible conexión entre el juez y las demoras en la instrucción de la causa contra Alvarado de 2013–.
Mizzau, por su parte, fue imputado junto con el contador Eduardo Semino por haber prestado “asesoramiento” al llevar la contabilidad del entramado societario que utilizó Alvarado desde 2014 en adelante. Los fiscales afirmaron que Mizzau, por ejemplo, siguió manteniendo comunicaciones hasta septiembre de este año con Rosa Natalí Capuano, ex esposa de Alvarado, condenada por lavado, justamente por la actividad de las firmas a las que se le llevaron los números.
La audiencia tuvo una particularidad. Los periodistas no podían usar el teléfono, ni siquiera para cuestiones laborales. A eso se le sumó un especial celo de un cordón de tres policías federales que estaban delante de la prensa y no permitían ver a Bailaque –que estaba sentado, de espaldas a los medios–, que, casualmente, estaba de turno.
El fiscal de la Procunar Scilabra también remarcó que ni Mizzau ni Semino hicieron reportes de operaciones sospechosas por la actividad de Edra, Logística Santino, TOIA y Sagrado Corazón de María, las cuatro empresas relacionadas con el capo narco.
Para los fiscales, fue curioso que mientras Mizzau era contador de Bailaque y de algunas de las empresas vinculadas al narcotraficante, el juez que tenía a cargo la instrucción la investigación contra Alvarado denegó medidas como intervenciones telefónicas a Capuano, justamente relacionada con el contador. “El juez debería haberse excusado de intervenir”, señaló Scilabra sobre su accionar en el legajo contra el jefe narco.
La otra imputación, tal como publicó Rosario3 este miércoles, es el manejo de los fondos de la intervenida cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo. Bailaque permitió el giro de mil millones de pesos hacia una mutual cuyo responsable es su amigo Fernando Whpei, cuando debió haberlo hecho hacia una entidad bancaria, regulada por el Banco Central.
Reynares Solari le achacó al juez no haber hecho lugar a la recusación en su contra, que habían presentado un grupo de estibadores que indicaban que estaba beneficiando a su amigo, lo que constituía una irregularidad. Luego, el fiscal indicó que en las apelaciones ante instancias superiores, Bailaque no dejó asentado que era amigo de Whpei hasta que se lo consultaron los camaristas Fernando Barbará y Aníbal Pineda, en una segunda revisión de cámara. “Jamás negué que era su amigo”, contó el fiscal que respondió Bailaque.
“En la investigación pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año con Whpei. Claramente, es amigo hasta el día de hoy”, aseguró al tiempo que añadió: “Se utilizaron los escondrijos del viejo sistema. Fue una avivada decir «yo nunca negué ser amigo». Imagínense ese informe en una audiencia oral como esta”.
Es por eso que Reynares Solari pidió el entrecruzamiento de llamadas entre Whpei y Bailaque entre inicios de 2020 –supuestamente porque desde entonces el financista "invocaba influencias sobre el juez– y 2022, cuando finalizó la intervención en ese legajo.
El último caso fue expuesto por el fiscal Argibay Molina, que describió el presunto accionar de una red en la que estaría involucrado el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y trabajadores de alta jerarquía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en realizar medidas para perjudicar al empresario Claudio Iglesias en 2019, a quien se investigó por una denuncia anónima que ingresó primero al despacho de Bailaque y luego a la por entonces Afip, desde donde se había enviado la información, según afirmó el fiscal.
Después de ponderar que la causa contra Iglesias tenía una estrecha correlación en las fechas en las que Bailaque mantenía encuentros, comidas con el directivo de la ex Afip Carlos Vaudagna, Argibay Molina señaló: “Hay intercambios entre Vaudagna y Bailaque el día de los allanamientos. Después de las indagatorias a Iglesias y Jorge Oneto se dictó la falta de mérito y el trámite quedó planchado a niveles escandalosos”.
En la última causa, el fiscal pidió la apertura de todos los elementos secuestrados en los allanamientos de la semana pasada -celulares, computadoras–, acceso al sistema de mensajería del Poder Judicial desde el 14 de febrero de 2019 hasta la actualidad, y un pedido de autorización para hacer relevamiento patrimonial y financiero de todos los investigados, por lo que se requirió levantamiento de secreto fiscal, bancario y bursátil.
Sobre las últimas solicitudes no llegó a expedirse el juez Da Cruz, ya que el abogado Paul Krupnik, uno de los defensores particulares de Carlos Vaudagna, recusó al magistrado. El planteo tiene su fundamento: intervino recientemente como integrante del Tribunal Oral Federal N° 2 junto con Román Lanzón y Elena Dilario en el juicio abreviado por lavado de activos en el que Alvarado recibió una pena de 5 años. Justamente, en esa causa, se abordó el entramado societario del narcotraficante que este jueves fue objeto de debate e imputación, por lo que podría ser una causal para su apartamiento.
