La audiencia judicial por los desvíos de fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros se llevará a cabo el próximo martes a las 8 en el Centro de Justicia Penal. De cara a la acusación, el fiscal José Luis Caterina dispuso la libertad de dos agentes del Comando Radioeléctrico y una policía de Taller Tarragona. De esta manera, serán acusados 13 uniformados y 4 civiles.
Los liberados fueron los policías Francisco T., Ramón S. y Davina P., ya que el fiscal pudo establecer que no habían tenido participación en maniobras bajo sospecha y contempló que su excarcelación no representaba un posible entorpecimiento al avance de la causa.
Según la información disponible en la Oficina de Gestión Judicial, la audiencia estará a cargo del juez penal de primera instancia Gustavo Pérez Urrechu y podría durar varias horas, hasta entrada la tarde.
Por determinación del fiscal, quienes serán acusados son los agentes Francisco C., Nancy P., Juan Alberto V., Gustavo B., Gerardo R., Juan Pablo O., Sergio Darío L., Fabián F., Jorge D., Fernando C., Mario B., Javier A. y Rodrigo D. En tanto, los civiles son Mónica B., María Fernanda D. F., Oscar C. y Daniel R., todos vinculados a la estación de servicio Puma situada en Ovidio Lagos al 3900.
La investigación se inició hace diez meses, de acuerdo a los datos brindados en la conferencia de prensa que dieron el pasado lunes el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, el fiscal regional Matías Merlo y el fiscal Caterina, donde se anunció la intervención de la Unidad Regional II luego de explicar que el legajo comenzó a partir de una denuncia tomada desde la Subsecretaría de Control de la cartera de Justicia y Seguridad provincial.
Caterina habló de una malversación de caudales públicos de “mucha consideración”, estimada en 45 millones de pesos sustraídos al Estado, sobre un total de 380 millones asignados mensualmente al patrullaje. Sobre la naturaleza de la maniobra, indicó que "hay personas a las que se les han secuestrado en su domicilio alrededor de 300 «Visa Flota», que son las tarjetas que tendría que tener cada chofer de móvil".
La investigación, dijo, "gira fundamentalmente en torno a una sobrefacturación de combustible". En ese sentido agregó que en vez de estar cada chofer con su tarjeta, se articuló "una sobrefacturación en connivencia con una estación de servicios, y el personal encargado de esa tarea reunió, concentró todas las «Visa Flota»".
Por último, el fiscal remarcó que “hay una persona que fue detenida con un posnet de la propia estación de servicio en su domicilio”. Sostuvo que hubo intervenciones telefónicas que revelaron cómo desde la estación de servicio se preparaba dinero en efectivo para entregar a los policías involucrados. También se autorizaron instalaciones de GPS en móviles policiales y otras medidas de inteligencia que permitieron documentar la maniobra.
