Aunque la primera jornada del juicio oral estaba programada para este lunes por la mañana, el ex fiscal adjunto de Rosario Fernando Rodrigo se acogió a último momento a un acuerdo de partes y, por la tarde, aceptó una condena de tres años de prisión condicional y reglas de conducta por haber intervenido ilegalmente, en 2017, los celulares de una ex novia y de otras personas de su entorno, con el objetivo de acceder a esas escuchas que, además, significaron una malversación de fondos públicos.
La pena que homologó el juez Gonzalo Fernández Bussy es por los delitos de peculado (malversación) de trabajo y servicios públicos, y falsedad ideológica, todo agravado por ser Rodrigo un funcionario público.
Al momento de los hechos, Rodrigo se desempeñaba en una de las unidades de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación. En el marco de una causa en la que se investigaba a una banda dedicada al robo de vehículos que luego eran desguazados en desarmaderos, presentó ante jueces listados de líneas telefónicas que debían ser intervenidas para avanzar, en teoría, con la pesquisa.
De ese modo, los jueces accedieron de buena fe, y Rodrigo consiguió “pinchar” los teléfonos de su ex pareja –por entonces compañera de trabajo–, dos empleadas de Fiscalía amigas de la joven, y también los de la madre, el padre y los hermanos de la víctima.
Las intervenciones se extendieron entre agosto de 2016 y julio de 2017, según la imputación de la fiscal Natalia Benvenuto, quien precisó que en total fueron doce las líneas interceptadas.
La investigación se conoció en agosto de 2017, luego de que un empleado de Rodrigo advirtiera que en la causa que estaban trabajando figuraba el número telefónico de su compañera de trabajo. El hecho fue reportado a sus superiores.
Según la acusación, Rodrigo llegó a acumular 183 CD con grabaciones de su ex pareja, sus familiares y amigas. Incluso se señaló que él mismo retiraba el material en la sede local de la Dirección Nacional de Captación de Comunicaciones.
Ni bien trascendió el caso, tramitó una licencia psiquiátrica, aunque luego fue suspendido preventivamente por el fiscal general Jorge Baclini. Antes de que se resolviera si correspondía su destitución o un juicio político, Rodrigo presentó una “renuncia indeclinable”, que fue aceptada por el entonces gobernador Miguel Lifschitz. Como ciudadano común, fue imputado recién en agosto de 2019.
En noviembre de 2022, fue llevado a audiencia preliminar en el Centro de Justicia Penal, donde la fiscal Benvenuto lo acusó por peculado de trabajos y servicios públicos, en concurso ideal con falsedad ideológica y uso de instrumento público agravado por su condición de funcionario. En esa instancia, se conoció un pedido de pena de cinco años de prisión efectiva.
Por aquellos días, Rodrigo figuraba entre los tres candidatos para ocupar el cargo de fiscal federal titular en Río Gallegos, Santa Cruz. Sin embargo, en mayo de este año se lo volvió a ver en el Centro de Justicia Penal, esta vez como abogado defensor en una causa vinculada a la narcocriminalidad.
El cierre de la causa llega casi ocho años después de que se destapara el escándalo. El proceso estuvo atravesado por dilaciones, como un conflicto de competencia que recién se resolvió en 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que debía tramitarse en el fuero ordinario.
