Una billetera virtual deberá suspender por 90 días el cobro de las cuotas de un crédito que fue solicitado mediante una estafa. Es para evitar que la víctima, una adulta mayor, sufra daños mayores luego de perjuicios millonarios.
Así lo ordenó como medida del cese del estado antijurídico el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal Agustín Nigro está a cargo de la investigación y es quien solicitó la medida dispuesta. Destacó que “en la audiencia estuvo presente la víctima, quien además de ser estafada con el crédito a su nombre perdió los fondos que tenía previamente en la billetera virtual implicada”, cuya marca no fue informada.
Fraude millonario
En tal sentido, el funcionario puntualizó que a la mujer, “en total, le sustrajeron 8.710.661 pesos”.
En tanto, expuso que “un representante y un abogado de la empresa involucrada participaron de la audiencia de forma remota”.
Afirmó que “si bien buscaron deslindarse de toda responsabilidad y se opusieron a nuestro requerimiento, el magistrado analizó las particularidades del caso e hizo lugar al pedido de suspensión del cobro”.
Transferencias
El funcionario del MPA indicó que “el viernes 2 de mayo, la mujer recibió una llamada en su celular en la que el interlocutor se identificó como empleado de la empresa que le brinda servicios de telefonía e internet y le ofreció un descuento especial para jubilados”.
Precisó que “con la excusa de confirmar la solicitud del beneficio, el hombre la instó a ingresar en un link que permitió el acceso remoto a su dispositivo”.
“En pocos minutos, se transfirieron a diferentes destinatarios 865.000 pesos que la víctima tenía en su cuenta bancaria y 5.115.661 pesos que poseía en la billetera virtual cuyos representantes participaron de la audiencia”, especificó Nigro.
“Cuatro días después, la mujer recibió un correo electrónico en relación al crédito obtenido de forma fraudulenta”, detalló.
“La empresa le comunicó por ese medio que había sido gestionado a su nombre un préstamo de 2.730.000 pesos financiado en 18 cuotas”, sostuvo y añadió que “cuando ese dinero ingresó a la cuenta, fue transferido de inmediato sin consentimiento de la titular”.
La investigación
En cuanto a la investigación penal en curso, Nigro informó que “estamos llevando adelante diferentes diligencias para rastrear hacia dónde fueron los fondos de la víctima”, y mencionó: “Estamos investigando a varias personas que tendrían vínculos cercanos entre sí y no son oriundas de la provincia de Santa Fe”.
Según subrayó, “la medida del cese del estado antijurídico se ordenó con urgencia para evitar que la víctima sufra mayores perjuicios que los que ya tuvo”.
Por otro lado, señaló: “Desde el MPA pedimos que la proveedora de servicios de pagos hiciera la devolución íntegra del dinero sustraído a la víctima pero el juez no hizo lugar a ese planteo”.
