El juez federal Eduardo Rodrígues Da Cruz tuvo por formalizada la investigación contra dos mujeres, madre e hija, acusadas de subalquilar cinco inmuebles a Maximiliano Ortigoza (37), un “transa” que se mantuvo prófugo por dos años y que el mes pasado fue condenado junto a su pareja por haber montado una “cocina” de estiramiento de cocaína en un departamento del complejo Metra, en Puerto Norte.

A instancias de los fiscales Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi, Alida Andrea Ortigala y su hija Camila P. C. fueron imputadas por encubrimiento agravado, en calidad de coautora y partícipe necesaria, y se les impusieron reglas de conducta para mantener la libertad por 90 días. 

Alida es media hermana de la habitué de las páginas policiales Mariana Ortigala, quien en su complejo horizonte judicial tiene una causa elevada a juicio por subalquilarle un departamento de Francia al 855 –con conocimiento de la actividad– a un hombre vinculado al narcotráfico.

El caso tuvo dos audiencias orales y públicas, que se desarrollaron el 18 de marzo y el 1° de abril, indicó el portal Fiscales, del Ministerio Público Fiscal.

Mariana Ortigala ya se encuentra procesada en la Justicia federal por encubrimiento.

El “transa” Ortigoza fue detenido el 1 de octubre al salir de uno de los departamentos que alquilaba en Carballo al 580, donde había montado una cocina rudimentaria para cortar y estirar cocaína. En marzo pasado fue condenado en un juicio abreviado a 4 años y 6 meses de prisión como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento, mientras que su pareja, Keila Santos, recibió 3 años de prisión condicional como partícipe secundaria de los mismos delitos.

La ampliación de la investigación respecto de la logística que tenía Ortigoza para mantenerse fugitivo condujo a los fiscales hasta Alida Andrea Ortigala y a su hija, a quienes imputaron por “haber ayudado a Ortigoza a eludir las investigaciones federales de las que se encontraba prófugo desde el 2022, y a sustraerse de la acción de autoridad proporcionándole lugares donde vivir sin tener que entregar datos registrales, todo ello con conocimiento de que estaba prófugo”.

Durante las audiencias, el fiscal Benetti contextualizó la cobertura que poseen ciertos actores de la narcocriminalidad. “A la Unidad de Delitos Complejos le parece un caso importante, porque se inició con el descubrimiento de una cocina de cocaína en una de las zonas residenciales más exclusivas de Rosario, montada por una persona que tenía dos pedidos de captura por narcotráfico”, indicó.

Luego se refirió a la gravedad de la conducta desplegada por las imputadas: “No solo permitió que esa persona se evada de la Justicia, sino que continúe con su accionar. Hay elementos para asegurar que la señora Alida conocía personalmente a Ortigoza y sabía que tenía problemas con la justicia y no podía alquilar, le prestó auxilio al menos por un año y medio y se benefició económicamente”.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, Alida fue la encargada de subalquilar a Ortigoza cinco inmuebles, al menos entre abril de 2023 y hasta el momento de su detención, el 1° de octubre de 2024: dos en Roldán; uno en Granadero Baigorria; y los otros dos en Rosario. El último fue el escenario en el que se descubrió el montaje de una "cocina" amateur de cocaína.

Los fiscales además imputaron a la hija de la mujer el haber suscripto el contrato de locación temporario de este último departamento con el fin de ocultar la verdadera identidad del inquilino. Los hechos imputados fueron calificados como encubrimiento agravado por actuar con ánimo de lucro, en carácter de autora, en el caso de Andrea, y de partícipe secundaria, en el de su hija.

Los fiscales expusieron el cruce de conversaciones telefónicas que demuestran el conocimiento que tenían ambas sobre la situación de Ortigoza. Una de ellas, extraídas del teléfono de Alida, fue remitido el 6 de mayo de 2023 por Ortigoza: “Soy inteligente, por algo me dicen Spiderman que me escapo de los edificios, no voy a saber poner eso, me extraña, Andrea”.

El 29 de mayo de 2023 Ortigala le remitió a Ortigoza un audio: “Escuchá, el de Puerto Norte es más caro. Te lo puedo dejar en 150. Mañana podrías ingresar… Con alguien con el documento. Tiene que ser una persona que hace un pequeño contratito. Esta chica, con un documento que esté bien, ¿Entendés? Que no tenga nada en el Google, que no vean que tiene ningún problema. A lo mejor la chica tuya y después vas vos. Ese va a estar libre”.

Los fiscales resaltaron que esa comunicación dejó en claro que se debía mantener a resguardo la identidad de Ortigoza, porque una búsqueda de su nombre en Google hubiera permitido conocer que ya existían al menos dos notas periodísticas que lo mencionaban como prófugo del fuero federal de Córdoba.

También repasaron un mensaje enviado el 10 de junio de 2023 por Ortigoza: “Si te llegan a preguntar algún día donde estoy, no le digas a nadie, con eso no quiero saber nada”. El mismo día el condenado hizo referencia a su interlocutora, en otro mensaje, a una vivienda que no le agradaba: “El lugar donde me mandaste que te alquilé por dos días no me sirve, es feo, te digo la verdad, ese loft, son lugares feos, no quiero ir donde está quemado… ¿Vos me entendés lo que te quiero decir?”.

La fiscalía puso de relieve un nuevo mensaje de Ortigoza enviado el 6 de julio de 2023, pues deja en evidencia que la acusada conocía su condición de prófugo: “Escuchá, Maxi. Borrá el mensaje. Yo también lo borro. A mí no me importa lo que cada uno hace, la vida de cada uno… Mientras no me traiga problemas, te entiendo perfecto y me parece bárbaro. Mientras me cumplas no hay problema… En cuanto a la otra casa que yo te ofrezco, es una persona conocida mía donde no sabe de todas estas cosas. Se muere, se infarta. Así que quedate tranquilo, que cero problema”.

Para reforzar la imputación, los fiscales expusieron los chats entre Alida Ortigala y el operador inmobiliario que le alquiló el departamento de avenida Carballo al 580 para que, supuestamente, lo ocupara su hija. En la audiencia se exhibió un contrato de locación donde la mujer aparece como locadora y su hija como locataria.

Ese documento establece el 22 de junio de 2024 como fecha de ocupación. El agente inmobiliario consultó puntualmente si el departamento era para la hija y la mujer respondió afirmativamente, tras lo cual entregó copia de DNI y número de teléfono de Camila P. C.

En una comunicación, la principal acusada luego informó al agente que Camila no se sentía cómoda y que al departamento alquilado se mudó su prima. De acuerdo con lo averiguado en la pesquisa, con el correr de los días el operador inmobiliario detectó que una pareja había ocupado en el departamento y frente a ello le pidió explicaciones a Alida Andrea, quien asumió que su hija no vivía más en el lugar.

En su declaración en el caso, el agente recordó que, sobre el final del contrato, como no se pagaban las expensas, Alida le facilitó el contacto de Ortigoza, quien finalmente admitió que subalquilaba el departamento.