En una audiencia imputativa realizada este jueves contra tres ex jefes policiales con funciones y arraigo en San Lorenzo, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery revelaron toda una trama política y judicial detrás de un plan que llevaron adelante para influir en la estrategia defensiva de un estudio de abogados y en la causa propiamente dicha para aliviar la situación de Sergio Di Franco, otro efectivo, cuando estaba acusado por el crimen de Juan Cruz Vitali en Capitán Bermúdez.
El hecho, que fue en marzo de 2019 tras una persecución, tenía a Di Franco preso y bajo una calificación que podría llevarlo a la pena de prisión perpetua. De su arma reglamentaria había salido la bala que terminó con la vida del joven de 23 años, que había escapado de un control.
Sin embargo, y producto de un acuerdo entre el abogado defensor Paul Krupnik y la fiscal Melisa Serena, Di Franco obtuvo una morigeración y salió de la cárcel tras verse favorecido por una pericia. Según relató el fiscal Schiappa Pietra este jueves, con ese informe "quisieron instalar que el homicidio fue involuntario o accidental". En el banquillo estaban Gonzalo Paz, Gustavo Spoleti y Jorge Quintana, de la ex PDI.
Paz era el jefe de la Policía de San Lorenzo e informaba sobre todas las instancias del hecho a Spoleti, sin funciones pero con fuerte arraigo y vínculos políticos expresados en llamados y mensajes con el senador departamental Armando Traferri. Spoleti eran quien diagramaba la estrategia defensiva y mantenía contactos con el abogado Paul Krupnik y dos miembros de su estudio. Krupnik defendía a Di Franco y además, este jueves, asistió a Spoleti. Éste último refirió que su interés era por ser "amigo" de Di Franco.
Varios de los nombres se repiten en las investigaciones de las llamadas "Causa Alvarado" y "Juego Clandestino" de Rosario. De hecho, ésta surgió más de dos años después al detectarse los audios y chats en el teléfono de Spoletti, secuestrado en el marco de la primera. Este jueves, Krupink le planteó a la jueza Trinidad Chiabrera que había conversaciones sobre la estrategia entre un profesional y su cliente y que la audiencia debiera ser "reservada a las partes", pero con la oposición de los fiscales, la magistrada ratificó que era pública.
Así, trascendió cómo y con qué evidencia los policías fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Edery explicó que los jefes policiales usaron "influencias en la Fiscalía y la política" para aliviar la situación de Di Franco y, por evidencia objetiva, citó nombres que aparecen en mensajes y audios de los teléfonos: eran el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el propio Traferri.
“Si vos lo analizas, le llegan a dar una domiciliaria ahora empezamos con las marchas, con los quilombos, los escraches a la familia. Hay que dejar que esto se afloje 45 días y ahí que ya está más o menos encaminado podemos pedirla. Pero lo importante es que nos atendieron, ese es un paso muy importante”, indican los jefes en diálogos entre ellos, sumados a diversos contactos y reuniones que establecieron, organizaron y hasta de las cuales participaron.
En la audiencia, los fiscales dejaron claro que, tras analizar el trabajo del abogado Paul Krupnik, su labor junto a sus socios Martín Marini y Martina Lianza se limitó a una respuesta profesional y no cometió ningún delito.
Los pasacalles de la política
En un hecho aparte, el fiscal Schiappa Pietra enunció que el ex jefe policial Gustavo Spoleti ordenó a la fuerza cuidar los carteles de campaña que había instalado en la zona de San Lorenzo.
Por eso fue acusado por el delito de peculado de servicios, además de incumplimiento de deberes, por "haber dispuesto que personal policial de la Policía de la Provincia de Santa Fe vigile los carteles de campaña del senador Armando Traferri. Estas acciones fueron realizadas utilizando su ascendencia sobre la policía de la Unidad Regional 17". Eso sucedió en las campañas 2017 y 2019.
Según los fiscales, "en fecha 29 de agosto de 2017 previo al inicio de la campaña electoral para las elecciones generales 2017 se comunicó para solicitarle dos policías para cuidar los carteles del senador Armando Traferri. Posteriormente el día 7 de septiembre de 2017 se comunicó para comenzar a hacer custodia de los carteles con personal policial, acordando el precio y la cantidad de agentes que se necesitaban, manifestando que ya le habían informado al senador sobre estos extremos".
En tanto, y también según los hechos relatados formalmente, el 3 de mayo de 2019 Spoleti se comunicó con un empleado del municipio de San Lorenzo y le dijo que tenía filmadas a dos personas que sacaron un cartel de Traferri para poner uno del intendente Raimundo. "Que vuelvan a colgarlo", pidió, y expresó que de no hacerlo los iban a detener. "Te entendí", le respondió el empleado, que refirió estar "con Leo".
Los tres policías, que llegaron en libertad, transitarán el proceso en ese estado y bajo fianza, con firma permanente en la Oficina de Gestión Judicial.
