En el inicio de la audiencia de este jueves, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Miguel Moreno, leyó la imputación contra el jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte. Le adjudicó presunto lavado de activos a través de testaferros y sociedades comerciales por más de 38 millones de pesos.

Según la investigación que lideró Moreno, se le adjudica a Bracamonte –sólo en vinculación con Rosario Central– “haber realizado un conjunto de maniobras consistentes en la utilización de personas de su confianza como presta nombres y administradores, y de la creación de sociedades comerciales, a través de las cuales puso en circulación en el mercado, bienes provenientes de presuntos ilícitos penales como amenazas coactivas, extorsiones, posible participación en maniobras defraudatorias que permitieron sus negociados ilícitos desde su posición” de jefe en la barra de Central.

El fiscal sostuvo que lo hizo con el objetivo de que “esos bienes –que alcanzan provisoriamente la suma de unos 38 millones de pesos– adquieran la apariencia de un origen lícito, con el consiguiente riesgo de producir alteraciones en el orden económico y financiero local y comercial, como así también afectando la administración de justicia provincial”.

Para el fiscal, el lavado se realizó a través de personas de su círculo íntimo y además mencionó una serie de empresas que tiene bajo investigación.

La investigación de Moreno menciona la firma Vanefra SRL a la que se describe como “una pantalla utilizada por Bracamonte, que pretende demostrar una actividad y un giro comercial que en la realidad no se advierte”.

También investiga las empresas Ser-eco SRL y Kabrasi SRL, en sociedad con el representante Juan Carlos Silvetti.

El MPA sostiene que "Bracamonte, con el correr de los años supo imponerse a través del uso de la coacción y de la fuerza, supo perpetuar y agigantar su rol de líder de la barra de Rosario Central, y como consecuencia consolidó su influencia, contactos y el poder que ostenta dentro del club".

"Ser el líder de los llamados Pillines, posteriormente Guerreros, dejó de ser un simple puesto desde el cual obtenía cierto beneficio como algunas entradas a los partidos para los integrantes de la barra o colectivos para viajar de visitante a otro estadio. Bracamonte supo convertir su posición para crear un verdadero negocio ilícito y millonario, a través del uso de la fuerza, del manejo de cientos de personas que integran la barra brava canalla", expresó el fiscal en su acusación.


Moreno además analiza la sociedad de Bracamonte con Sergio Daniel Quiroga quien además es el intendente del Estadio de Rosario Central. El vínculo es –de acuerdo a la investigación del fiscal– a través de la firma Ruffino SAS con facturación del 87% de sus ventas al club de Arroyito.

Además, se detalló que entre abril y agosto del año pasado, Bracamonte registró facturas en carácter de monotributista, dirigidas en su totalidad a Central por un total de $ 465.570, en concepto de “venta de mates y bombillas, vasos de vidrio, e indumentaria deportiva”.

Según información del programa Telenoche Rosario (El Tres), en base a la audiencia imputativa de este jueves, en allanamiento realizado en la sede del club de calle Mitre, la contadora informó que las facturas presentadas por Bracamonte en carácter de monotributista fueron rechazadas por carecer de las formalidades exigidas.

Según informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Bracamonte no registra compras informadas por indumentaria deportiva, uniformes o botines. Pero, la Fiscalía sostiene que el poder de Bracamonte ha llegado al punto de oficiar como líder de la barra y a la vez de supuesto proveedor de indumentaria y artículos como monotributista y a través de una sociedad con el intendente del estadio. Entre las pruebas se mencionan cheques y otra documentación secuestrada en los últimos días.

A la vez, Moreno vinculó a Bracamonte con Jorge Andrés Bilicich, el representante que actuó como intermediario en la venta del jugador Gastón Ávila de Rosario Central a Boca Juniors.

Según dijo Moreno, el personal del club indicó que el pago a Bilicich fue a través de 10 cheques por el mismo importe que retiró el mismo representante, el último de los cuales fue secuestrado en el country donde reside el jefe de la barra.

El abogado de Bracamonte al ingresar a la audiencia (Alan Monzón/Rosario3)


Además, el fiscal citó las denuncias del ex presidente de Rosario Central, Horacio Usandizaga, cuando resaltaba que la barra brava, en ese entonces al mando de Bracamonte, presionaba a los jóvenes jugadores de fútbol y a sus padres para que firmen con el representante Juan Carlos Silvetti, quien tenía acordado un 10% sobre todas las ventas de jugadores de fútbol que se realicen en el club.

“Como jefe de la barra brava el ascenso económico que ha logrado es indisimulable. Entendemos que está ligado el ascenso económico de él, con el ascenso en la barra brava”, dijo Moreno en la conferencia de prensa posterior a la audiencia imputativa que se retomará este viernes.