La lucha por la libertad de expresión vuelve a ser parte del debate en las democracias del mundo. Esta semana el editor en jefe del diario The New York Times, A.G. Sulzberger sacó a la luz una discusión largamente desplazada. Publicó un extenso artículo titulado “La guerra contra la libertad de expresión también se libra en las democracias”. Lo hizo en otro periódico, no en el suyo. Eligió The Washington Post, que si bien es competencia, el dueño de ambos medios es el mismo: Rupert Murdoch. ¿A que se refiere el periodista norteamericano?
El gran temor de Sulzberger se acrecentó con el espíritu revanchista que está mostrando insistentemente Donald Trump en plena campaña presidencial. El republicano está convencido de que no ganó la reelección en 2020 por culpa de la cobertura periodística que tuvo durante sus cuatro años de gobierno. Entonces, su consideración es que el “tolerar a la prensa independiente, centrada en la verdad y la rendición de cuentas, debilitó su capacidad de influir en la opinión pública”. Por ello, decidió que esto no le ocurrirá nuevamente en 2024 y está actuando en consecuencia.
El método que Trump utiliza para debilitar la libertad de expresión no es nuevo. En el artículo, el editor describe a gobiernos que lo han hecho como Hungría, Brasil o India. En vez de ejecutar un ataque frontal, como por ejemplo, cerrar el medio, las administraciones de Viktor Orbán, Jair Bolsonaro o Narendra Modi, debilitaron a las organizaciones de noticias de forma más encubierta. Esto es, a través de herramientas burocráticas como la legislación tributaria, las licencias de radiodifusión o las compras públicas. A la vez, facilitaron la adquisición de medios a empresarios afines transformándolos en plataformas de propaganda gubernamental.
Estos mandatarios -al que se puede sumar Javier Milei- hicieron de la prensa y los periodistas, un elemento esencial de sus administraciones poniéndolos en el lugar de “enemigos del pueblo”. Si bien a ningún gobierno le gusta el escrutinio de los medios, estos líderes fomentan un entorno de acoso tan intenso que desgasta y debilita no solo al periodismo sino a la democracia. Es mucho más fácil con una prensa que flaquea, mantener secretos, tergiversar los hechos, socavar a opositores y actuar impunemente. Esto les permite a estos líderes consolidar un poder sin restricciones que deteriora la situación nacional y de la ciudadanía.
En países totalitarios como Rusia, China o Arabia Saudita directamente censuran, encarcelan o asesinan a periodistas. En cambio, en las democracias que se han nombrado, los ataques son más sutiles. En Brasil, el Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo demandó a Bolsonaro en 2021 para que dejara de ofender, deslegitimar y descalificar a la profesión, además de filtrar datos personales de reporteros. Un tribunal de segunda instancia ratificó la sentencia por "daño moral colectivo" a los periodistas y condenó al expresidente a pagar una indemnización.
En tanto Trump, cientos de veces ha agredido verbalmente a periodistas particulares y catalogado a medios de comunicación como “el enemigo del pueblo estadounidense”. En Hungría, la ONG Human Rights Watch publicó un informe este 2024 donde afirma que “durante más de una década, el gobierno de Viktor Orbán ha socavado repetidamente la capacidad de los medios de comunicación para producir una cobertura informativa justa, imparcial y equilibrada para sus ciudadanos”. A lo que agrega que “esto ha tenido un efecto devastador en la capacidad de los húngaros para pedir cuentas a su gobierno por los abusos cometidos”.
En India, tras diez años de gobierno de Narendra Modi, la amenaza sobre el periodismo independiente ha ido creciendo exponencialmente. Son cientos los relatos de profesionales que han tenido que recurrir a otras plataformas como páginas web independientes y canales de YouTube para poder ejercer su oficio libremente. Estos alegan que los medios de comunicación tradicionales se han transformado en portavoces del gobierno junto con una creciente tendencia a desacreditar, perseguir y generar terror en quienes consideran sus críticos.
Mientras tanto, en Argentina el gobierno de Javier Milei sigue estas tendencias internacionales. Desde el inicio de su gobierno, el ataque del libertario a la prensa fue feroz. Pasó a ser una cotidianeidad el llamarles “ensobrados”, parte de “la casta” que prometió combatir, “mentirosos”, “corruptos” y “extorsionadores”. También, los ha señalado con nombre y apellido exponiéndolos a lo que él mismo llama “escarnio público”. En una entrevista de hace una semana ha expresado “Lo que me interesa mostrar de todo esto es que le quede bien en claro a la basura de la política tradicional y a los periodistas el desprecio que la gente tiene por ellos”.
Esto se suma al desfinancianciamiento de los medios públicos. Apenas asumió, Milei anunció el recorte de la pauta oficial en medios de comunicación y semanas después procedió al desmantelamiento de Télam, la agencia pública de noticias más grande de Latinoamérica. También redujo drásticamente la financiación de la radio y la televisión pública, las cuales espera privatizar apenas obtenga la autorización del Congreso. Esta ofensiva escala cada vez más, al punto que esta semana a través de un decreto presidencial decidió restringir el acceso a la información pública.
Este decreto fue producto de la inquietud que surgió por el costo de la construcción de los caniles para los perros del presidente en la quinta presidencial de Olivos. El objetivo es impedir que se pueda acceder a aquellos datos que el Ejecutivo considere de índole privada y también toda aquella información que el Gobierno considere que no reviste interés público. La ley de acceso a la información pública fue una iniciativa del gobierno de Mauricio Macri en 2016 y le permitió al país subir varios casilleros en el ranking mundial de transparencia.
Si bien estos líderes usan una retórica peligrosamente violenta contra los periodistas, no está exclusivamente dirigida a ellos, y pone en juego la paz social que un presidente tiene la responsabilidad primaria de preservar. Que hoy se esté debatiendo el peligro que corre la libertad expresión significa que también hay otros derechos que lo están. Como explica Sulzberger: “El acceso a noticias confiables no sólo deja al público mejor informado. Fortalece las empresas. Hace que las naciones sean más seguras. En lugar de desconfianza y alienación, inculca comprensión mutua y compromiso cívico”.
Con estos ataques provocados insistentemente desde la cima del poder, no sólo se están desmantelando poco a poco decenas de derechos adquiridos, sino que se está debilitando algo aún más grande y complejo: la esencia de la democracia. Aquella que permite el diálogo, el pluralismo y la convivencia pacífica de ideas y grupos dentro de una sociedad que tiene como objetivo final lograr su mayor bienestar posible. Y por ende, la felicidad en conjunto.
