Los cinco muertos en la tragedia de Villa Devoto, como tantos otros que el monóxido de carbono se ha cobrado en los últimos años, podrían haberse evitado si alguien hubiera escuchado a Miguel Ponce. Este investigador tandilense del Conicet tiene patentado desde 2012 un sistema de corte del paso del gas ante la inmediata detección de una combustión incompleta, que podría venir incorporado en los artefactos gasodomésticos con bajo costo y simple aplicación. Pero el Estado no se ha preocupado nunca en exigirla y la industria del rubro mucho menos en desarrollarla. Y mientras tanto, en Argentina fallecen 250 personas por año producto de este gas letal.
“Hace más de 20 años que desarrollamos esta tecnología, y las muertes por monóxido siguen ocurriendo”, dice con ánimo ensombrecido Ponce en diálogo con Punto Medio (Radio 2). “Se repite otro invierno más, y vuelven las noticias que tanto nos duelen. Son unas 250 muertes por año. Llevamos más de 7.500 personas fallecidas por monóxido de carbono, y ni hablar de los accidentes no fatales, que están subestimados: muchísima gente se intoxica y ni siquiera sabe que está intoxicada. Porque los síntomas se confunden con una gripe, con dolor de panza o de cabeza. La gente se acuesta, pensando que es algo pasajero… y no se despierta”, añade.
Ponce, redunda lo que ya muchos saben, pero desafortunadamente otros tantos más ignoran, y remarca que la prevención desde la fábrica de los aparatos a gas es más sencilla de lo que parece: “El accidente por monóxido de carbono es silencioso, letal y absolutamente prevenible. Pero no se hace nada. Nosotros, desde hace más de 20 años, desarrollamos un sistema que detecta el monóxido y corta automáticamente la combustión del artefacto. Es una solución nacional, basada en una tecnología muy simple, similar a una sonda lambda como las que tienen los autos. Está patentada, se aplicó en otros países, y acá sigue sin ser obligatoria. Y los familiares de las víctimas lloran al ver el aparato funcionando”, asegura el investigador.
Cómo funciona
Ponce, perteneciente al CONICET y a la Facultad de Ciencias Exactas y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, explica que lo que hicieron junto Celso Aldao y Fernando Trabadelo fue ni más ni menos que ciencia. “Nosotros hacemos sensores selectivos: superficies que detectan gases específicos, como el monóxido de carbono, y no otros como el oxígeno. Cuando el gas es detectado, se genera una variación en la corriente eléctrica. Y esa señal activa un sistema que corta automáticamente la combustión. No es una simple alarma: actúa directamente sobre la fuente del gas. Si el artefacto tiene una electroválvula, la cierra. Si tiene termocupla, corta la corriente. Y hoy en día, esa señal también puede enviarse a un celular, en cualquier parte del mundo, para avisar que está habiendo una combustión defectuosa en ese ambiente”.
“En 2015 ya teníamos este sistema funcionando en Mar del Plata. Y no solo detectaba la presencia de monóxido: también podía anticipar fallas en la combustión, con inteligencia artificial, comparando consumos energéticos. Podía avisarte incluso antes de que el aire se vuelva irrespirable”, añadió.
En cuanto al costo para fabricar el sistema, Ponce recalca que “es bajísimo: el sensor de monóxido más básico, de origen chino, cuesta alrededor de un dólar. Y la adecuación tecnológica para incorporarlo no es compleja. Las empresas que ya trabajan con electrónica podrían integrarlo sin problemas. Pero las fábricas de artefactos a gas en Argentina siguen siendo metalmecánicas, con tecnologías de los años 50. Vas a un bazar y ves calefactores iguales a los de hace 70 años. No se ha hecho una reconversión del parque de artefactos nacional”.
¿Y el Estado?
Si las fábricas no actualizan su tecnología porque no les interesa generar costos extra, ahí debería hacer su aparición el Congreso para obligarlas por ley. Pero, como en tantas otras cuestiones, el Estado brilla por su ausencia. “Presentamos el proyecto ante Enargas mucho antes de la pandemia. También estuvo en tratamiento en el Senado, pero se cayó dos veces. El Estado iba a ayudar financieramente a las empresas para que se adaptaran, y en 10 años todos los artefactos nuevos iban a tener el sensor incorporado. Pero nunca prosperó. Se crearon comisiones, se formaron mesas de trabajo, se pidieron informes… pero no se actuó. Y nosotros, que hacemos ciencia, no podemos hacernos cargo también de la legislación. Es imposible”, manifestó el Licenciado en Química en la Universidad de Mar del Plata, doctorado en Ciencia de los Materiales y posdoctorado en Italia y Brasil.
“Hoy este sistema se fabrica y se aplica en otros países. En Chile, en Brasil, en Canadá, en Japón. La tecnología fue copiada y mejorada. Nosotros no tuvimos protección suficiente ni a nivel nacional ni internacional, pero sí tuvimos reconocimiento. Y seguimos en contacto con centros científicos de primer nivel. La idea nació en mi tesis doctoral, en 2003. La desarrollamos desde el laboratorio, con cooperación internacional, y ya está en el mundo. Pero en Argentina sigue sin aplicarse”, dice entre lamentos.
Lo único que hoy salva vidas: la información
Ponce agradeció el espacio radial en el que se desarrolló la entrevista porque, afirma, la información es hoy el único resguardo de la gente. “Hasta que la tecnología llegue a los hogares, lo que más salva vidas es la difusión de la información, de los peligros que se corren. Recordar que esto existe, que hay riesgos y que se puede prevenir. Mientras no haya ley, la gente necesita saber. Porque con cada invierno, vuelven las muertes”.
Y concluyó: “Los primeros que nos acompañaron en todo este proceso fueron los familiares de las víctimas. Cuando ven cómo funciona el sistema, se quiebran. Se preguntan por qué no se aplicó antes. Y sinceramente, no hay respuesta. El Estado argentino no ha hecho nada por ellos, teniendo una tecnología disponible, validada, económica y nacional”.
