Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires hicieron una presentación ante Anses reclamando que se suspenda la jubilación de privilegio que percibe el expresidente Alberto Fernández, que este jueves fue procesado en la causa Seguros por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El documento fue firmado por Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, legisladores del interbloque Confianza Pública de la Legislatura porteña. En el texto, dirigido al titular del organismo previsional Fernando Bearzi, se apunta que “el expresidente Fernández nunca debió gozar de una jubilación de privilegio, pero ante este nuevo hecho –en referencia al procesamiento– debe ser al menos suspendida hasta que se resuelva la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan”.
“Como es de público conocimiento, el día 10 de Julio del corriente, el ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue procesado por el Juez Federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa denominada «Seguros»”, menciona el documento.
Y continúa: “Ante este hecho, la jubilación de privilegio debe ser suspendida a fin de no perjudicar el erario público que vuestro Gobierno tanto defiende”.
“Es sabido que los beneficios que otorga la ley 24.018 son un privilegio para quien desempeñó una de las funciones públicas más importantes del país, pero si esa persona utilizó ese lugar de privilegio para beneficio propio y cometió delitos desde ese lugar, no pueden obtener ni mantener este beneficio”, sigue el texto.
Además, los legisladores que realizaron esta presentación señalaron que “en caso de continuar abonando esta asignación de privilegio que a febrero de 2025 ascendía a $8.877.518,67 –conforme contestación de acceso a la información pública–, se estaría generando una millonaria pérdida a las arcas del Estado”.
“¿Qué mensaje está dando el Gobierno Nacional si un jubilado que trabajó toda su vida tiene que elegir entre comer o comprar medicamentos? En cambio, un expresidente –procesado por corrupción y violencia de género– cobra casi 9 millones de pesos por mes, es decir más de 24 jubilaciones mínimas”, remarca la presentación de Ocaña, Méndez y Nagata.
Además de procesar por corrupción a Alberto Fernández, el juez Sebastián Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del exmandatario por $14.634.220.283,68.
