Mediante la Resolución 153/2025 del Ministerio de Seguridad, el Gobierno endureció los controles sobre los presos alojados en pabellones de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Desde la fecha, y a un año de la implementación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, los internos en prisiones federales bajo esa categoría verán restringidas, aún más, sus visitas que se reducirán a dos familiares directos mayores de 16 años, y de sus hijos menores, cada 15 días y por 60 minutos. Además, las visitas se harán exclusivamente en locutorios, sin contacto físico.
Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal deberá requerir a la Justicia que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema, según la resolución. Es decir que si se revoca la autorización de un visitante por parte de un preso, no podrá volver a solicitar que sea autorizado en un plazo de seis meses.
La medida dispone, al mismo tiempo, que no se autorizará el ingreso como visita a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito. A su vez, los internos incorporados a este protocolo no podrán recibir visitas de apoderados ni de allegados.
En la resolución oficial se indica que el objetivo es “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el Servicio Penitenciario Federal”.
La estrategia contempla la “evaluación, clasificación y separación de grupos homogéneos para gestionar eficientemente el alto riesgo individual que presentan”.
La media se instrumenta luego de que las autoridades detectaron que los reclusos habrían aprovechado la visita de familiares y abogados para trasmitir órdenes al exterior o dar instrucciones operativas a miembros de sus organizaciones.
Los antecedentes
Durante 2024, magistrados de la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal y también de la provincia de Santa Fe ordenaron la detención de nueve familiares directos de internos alojados en el Sistema con quienes mantuvieron visitas de contacto. En se plazo, se ordenó la detención de dos de los abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales.
Las detenciones fueron ordenadas por su presunta participación en los delitos previstos en la Ley N° 23.737, asociación ilícita, amenazas, incendio y secuestro extorsivo, entre otros, que estarían vinculados con los delitos cometidos por los internos alojados en el sistema.
Para las autoridades, el endurecimiento de los controles era estrictamente necesario “para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino vinculados con la prevención y persecución del crimen organizado”.
