La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó la apelación a la prisión preventiva dictada al juez federal Marcelo Bailaque, acusado por tres carpetas judiciales por extorsión, prevaricato e incumplimiento en los deberes de funcionario público. La resolución se dio de manera unánime de parte de los camaristas Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal, quienes consideraron que la medida más justa es la de arresto domiciliario por 90 días.
La lectura de la decisión se dio en el mediodía de este lunes en los Tribunales federales. Barbará aseguró que en su voto –en rechazo a la apelación– fue determinante que el monto de pena que pesa sobre Bailaque sea de cinco años de prisión como mínimo en solo uno de los delitos que le atribuyeron, lo que impide una eventual sentencia condicional.
“Quedó puesto de manifiesto que había sido acordado entre la defensa y el Ministerio Público fiscal, al menos en forma tácita, que no mediaba peligro de fuga”, señaló Barbará al hacer referencia a un tramo de la exposición que hizo el viernes pasado el fiscal de la Procelac Diego Velasco.
A su turno, Pineda comentó: “Estamos ante una causa claramente compleja por distintas circunstancias. Por un lado, por el perfil o las características de la persona investigada, un juez federal en funciones, pero también por la teoría del caso que la Fiscalía intenta llevar a juicio”.
“Descartado el peligro de fuga, nos tenemos que sustentar principalmente en el peligro de entorpecimiento. Según Fiscalía, que se motivaba concretamente en las herramientas que tenía o tiene el doctor Marcelo Bailaque en su rol de juez federal, tanto sea para tener cierta ascendencia sobre los testigos que eventualmente van a ir a la audiencia de juicio o la posibilidad de acceder al sistema digital Lex 100 para poder intervenir en las causas que motivan la investigación de la Fiscalía”, dijo el camarista.
A su vez, Pineda sostuvo que el peligro de entorpecimiento “se encuentra neutralizado o se neutralizará” con la detención domiciliaria. “Esto desde ya será posible recién cuando el Consejo de la Magistratura analice la situación, si corresponde o no un desafuero, una suspensión provisoria o lo que fuera”, acotó.
Por su parte, Vidal fijó el monto embargado a Bailaque en 600 millones de pesos, cifra que anteriormente había sido establecida en 1.400 millones de pesos en la audiencia encabezada por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, que había hecho lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal.
Como ya explicó Rosario3, con esta situación Bailaque no quedará en domiciliaria, puesto que goza de inmunidad debido a que sigue siendo juez de la Nación. No obstante, el rechazo a la prisión preventiva “presiona” al Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de analizar el desempeño del juez.
Como ya anticipó este medio, los fiscales federales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (Ministerio Público Fiscal distrito Rosario) señalaron las posibles irregularidades que cometió el magistrado en tres causas puntuales: en el manejo de fondos de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, en supuestas demoras en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, cuyo entramado societario tenía de contador –Gabriel Mizzau– al mismo que le llevaba los números al juez, y por una llamativa intensidad en un legajo contra un empresario que fue denunciado manera anónima y desprolija y terminó perjudicado, se cree, con posible connivencia con personal de la ex Afip y Aduana, en la hoy reconvertida Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Mizzau, por su parte, ya fue imputado junto con el contador Eduardo Semino por haber prestado “asesoramiento” al llevar la contabilidad del entramado societario que utilizó Alvarado desde 2014 en adelante. Los fiscales afirmaron que Mizzau, por ejemplo, siguió manteniendo comunicaciones hasta septiembre de 2024 con Rosa Natalí Capuano, ex esposa de Alvarado, condenada por lavado, justamente por la actividad de las firmas a las que se le llevaron los números.
El fiscal de la Procunar Scilabra también remarcó que ni Mizzau ni Semino hicieron reportes de operaciones sospechosas por la actividad de Edra, Logística Santino, TOIA y Sagrado Corazón de María, las cuatro empresas relacionadas con el capo narco.
Para los fiscales, fue curioso que mientras Mizzau era contador de Bailaque y de algunas de las empresas vinculadas al narcotraficante, el juez que tenía a cargo la instrucción de la investigación contra Alvarado denegó medidas como intervenciones telefónicas a Capuano, justamente relacionada con el contador. “El juez debería haberse excusado de intervenir”, señaló Scilabra sobre su accionar en el legajo contra el jefe narco.
La otra acusación contra el juez fue por el manejo de los fondos de la intervenida cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo. En ese expediente, el magistrado permitió el giro de mil millones de pesos hacia una mutual cuyo responsable es su amigo Fernando Whpei, cuando debió haberlo hecho hacia una entidad bancaria regulada por el Banco Central.
Reynares Solari le achacó al juez no haber hecho lugar a la recusación en su contra, que habían presentado un grupo de estibadores que indicaba que estaba beneficiando a su amigo, lo que constituía una irregularidad. Luego, el fiscal indicó que en las apelaciones ante instancias superiores, Bailaque no dejó asentado que era amigo de Whpei hasta que se lo consultaron los camaristas Fernando Barbará y Aníbal Pineda, en una segunda revisión de cámara. “Jamás negué que era su amigo”, contó el fiscal que respondió Bailaque.
“En la investigación pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año (2024) con Whpei. Claramente, es amigo hasta el día de hoy”, aseguró. El financista, cabe destacar, fue imputado la semana por la misma carpeta judicial y quedó en prisión preventiva efectiva por 90 días.
El último caso fue expuesto por el fiscal Argibay Molina, que describió el presunto accionar de una red en la que estaría involucrado el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y trabajadores de alta jerarquía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en realizar medidas para perjudicar al empresario Claudio Iglesias en 2019, a quien se investigó por una denuncia anónima que ingresó primero al despacho de Bailaque y luego a la por entonces Afip, desde donde se había enviado la información, según afirmó el fiscal.
Después de ponderar que la causa contra Iglesias tenía una estrecha correlación en las fechas en las que Bailaque mantenía encuentros, comidas con el directivo de la ex Afip Carlos Vaudagna, Argibay Molina señaló: “Hay intercambios entre Vaudagna y Bailaque el día de los allanamientos. Después de las indagatorias a Iglesias y Jorge Oneto se dictó la falta de mérito y el trámite quedó planchado a niveles escandalosos”.
Después de la audiencia, el propio Vaudagna aceptó ser “arrepentido” en la investigación, donde confesó la autoría de varios delitos, entre ellos, el de haber extorsionado a empresarios a cambio de dinero en connivencia con otros actores del sistema.
