Por solicitud de la Fiscalía y resolución de la Justicia, la provincia inactivó una construcción señalada como búnker en un callejón del sur rosarino, donde el pasado 6 de mayo personal de Prefectura detuvo a cuatro hombres armados con cocaína fraccionada para la venta.
El procedimiento se llevó a cabo en el ex pasaje 409 –hoy Amelio Piceda, en homenaje al exboxeador, concejal y sindicalista que vivió en el sur rosarino–, a la altura del 3600. Allí, operarios demolieron el techo del aguantadero, ubicado en la zona de influencia del llamado Bajo Ayolas. No se informó si el inmueble tenía una situación dominial regular o si se encontraba usurpado.
El fiscal Matías Ocariz, a quien le tocó intervenir en la causa iniciada por Prefectura Naval, explicó: “Buscamos actuar sobre puntos donde se verifica violencia altamente lesiva. En este caso, hay una causa con cuatro personas detenidas que quedaron en prisión preventiva. El juez resolvió la medida de derribo”.
En aquel operativo se secuestraron alrededor de 250 envoltorios de cocaína, una pistola calibre 9 milímetros, un arma de fabricación casera tipo tumbera, un machete y otros elementos de interés. Ocariz señaló que los detenidos intentaron utilizar las armas durante el procedimiento, pero fueron rápidamente reducidos por el personal de Prefectura.
El secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, destacó que “se trata del derribo número 62 en todo el territorio santafesino”, y remarcó que “la Ley de Microtráfico sumó una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico en su forma más cercana a la ciudadanía: el narcomenudeo”.
“Es el último eslabón –o el primero, según cómo se lo mire– que genera violencia en barrios de trabajadores, instalando puntos de venta que degradan el tejido social y cooptan a niños y jóvenes para la venta y distribución de drogas”, agregó.
Pereira también subrayó que la normativa vigente permitió superar las limitaciones que antes existían en la actuación judicial provincial: “Antes de la ley, dependíamos de las decisiones de la Justicia Federal, que priorizaba investigaciones de mayor escala. El microtráfico no recibía la atención que requería”.
