Un médico psiquiatra y un instructor de tiro de Rosario fueron condenados, mediante un procedimiento abreviado, a tres años de prisión condicional tras declararse culpables de integrar una asociación ilícita dedicada a la compra de armas y posterior desvío al mercado negro. Es que, según la investigación, los profesionales hacían la vista gorda al momento de cumplir con las exigencias que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) impone para poder declarar apta a una persona que pretende tramitar el carné de legítimo usuario.
A fines de diciembre, el fiscal Gastón Ávila imputó al psiquiatra Marcelo Lemoine (40) y al instructor Paulo Fedeli (50) como miembros de la organización delictiva, atribuyéndoles el rol de otorgar certificados de aptitud psicofísica a los denominados “prestanombres” que, en realidad, no tenían idoneidad para portar armas.
Estas eran personas de bajos recursos que, a cambio de dinero, tramitaban credenciales de legítimos usuarios. Posteriormente, los cabecillas compraban armas gracias a esas credenciales. Lo siguiente era el desvío del armamento al mercado negro, donde se vendía a un precio tres veces superior al original.
Tras pasar un mes en prisión, las defensas de Lemoine y Fedeli llegaron a un acuerdo con la fiscalía, y este viernes por la tarde, el juez Facundo Becerra homologó el trámite. La condena es por la comisión del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros.
La condena contempla diez años de inhabilitación especial en el caso de Lemoine para trabajar como médico psiquiatra inscripto en el registro de profesionales habilitados para la emisión de certificados psicofísicos (Siaf). Y en el caso de Fedeli, para inscribirse ante Anmac y para trabajar como instructor de tiro, certificante de idoneidad y como profesor instructor.
A mediados del año pasado, el fenómeno de las “compras de paja” de armamento (straw purchase), muy extendido en Estados Unidos, fue objeto de una investigación local que, en su etapa preliminar, arrojó resultados significativos. Se descubrió que usuarios legales adquirían armas de fuego para luego venderlas en el mercado ilegal.
En octubre, doce personas –"prestanombres"– con un total de 210 armas en su poder fueron imputadas bajo la calificación de provisión ilegal de armamento con habitualidad, en calidad de autores. Según la Fiscalía, al menos en tres episodios, estas pistolas fueron utilizadas o estaban en posesión de personas vinculadas al hampa, sin autorización para su uso.
En rueda de prensa, el fiscal Gastón Ávila explicó: “Hemos identificado un grupo inicial de doce sospechosos que acumulaban entre ellos más de 200 armas, en su mayoría pistolas de grueso calibre".
“Realizamos allanamientos para recuperar ese armamento, pero de las más de 200 armas que esperábamos encontrar, solo hallamos dos”, agregó.
Según la investigación, la maniobra fue organizada por los líderes de la asociación ilícita: Lucas Petrovelli, Rodrigo Sinsig y Javier Hernández, quienes permanecen detenidos con prisión preventiva por orden de la jueza Melania Carrara.
“El circuito de armas estaba muy bien estructurado. Había dos personas encargadas de captar a individuos con necesidades económicas, ofreciéndoles dinero a cambio de tramitar la credencial de legítimos usuarios”, explicó el fiscal en referencia a Petrovelli y Sinsig.
“Luego, los llevaban con un médico específico, Lemoine, quien no cumplía con los protocolos exigidos por la Anmac para declarar apta a una persona”, agregó.
“Si alguien tenía problemas de visión o de audición, no importaba. Y el instructor de tiro, sin reparos, certificaba que esas personas eran idóneas para el manejo de armas de fuego”, añadió.
