El proyecto que busca poner fin a los "excesos"  de las pericias laborales. El senador provincial Ciro Seisas presentó una ambiciosa reforma para la justicia laboral santafesina: la creación de un cuerpo médico forense único y multidisciplinario que intervenga en los casos de accidentes y enfermedades laborales, con el objetivo de garantizar fallos más equitativos, objetivos y rápidos.

La iniciativa apunta directo al corazón del sistema de riesgos del trabajo, y a una de sus zonas más grises: el rol de los peritos médicos. Hoy, sus honorarios están atados al monto de indemnización que dictaminan, lo que —según los fundamentos del proyecto— genera un incentivo perverso: cuanto mayor el porcentaje de incapacidad que indiquen, mayor será su pago.

Esta iniciativa del senador se conoce en paralelo a la convocatoria del Procurador General de la Corte Suprema provincial para sumar peritos médicos oficiales. Una iniciativa que como adelantamos Ecos365 cobró fuerza tras los primeros cambios en la composición de la Corte y que sus nuevos integrantes pretenden acelerar para bajar costos al sector privado.

“Queremos romper ese vínculo entre el fallo y la plata”, sintetizan desde el entorno de Seisas. La propuesta establece que los peritos médicos oficiales no podrán cobrar honorarios variables ni vinculados al monto del juicio. En cambio, su retribución deberá responder exclusivamente a la labor médica realizada, con criterios objetivos, técnicos y regulados.

El proyecto también incluye modificaciones clave a la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 10.160) y al Código Procesal Laboral (Ley 7945) para institucionalizar este cuerpo médico forense en la estructura del fuero laboral. Estaría integrado por cinco profesionales especializados en medicina legal, con experiencia en valoración de daños corporales y criterios éticos, médicos y jurídicos. Serían convocados por las Cámaras de Apelaciones, cuando exista una diferencia de al menos el 30% entre la pericia judicial y el dictamen de la ART.

La idea central es clara: a igual dolencia, igual diagnóstico. O, como lo expresa el propio texto del proyecto, “misma dolencia, misma evaluación, similar determinación de incapacidad”. El objetivo es limitar las distorsiones que disparan la litigiosidad, encarecen los costos laborales, minan la sostenibilidad del sistema y generan fallos inconsistentes.

Seisas remarca que Santa Fe adhirió en 2020 a la Ley Nacional 27.348 —que modificó el régimen original de ART creado en 1995—, pero nunca implementó plenamente el artículo 2 inciso b, que exige la creación de estos cuerpos forenses. El resultado: un sistema parcial, caro, lento y con incentivos cruzados.

De avanzar, el proyecto permitiría a Santa Fe dar un paso clave hacia un sistema de reparación de daños más integral, equitativo y de calidad. Uno que cuide a los trabajadores sin castigar a quienes cumplen. Y que no deje a la suerte —ni al negocio— la salud de quienes se accidentan trabajando.