- En algún momento habrá que sentarse a analizar qué está pasando en el circuito financiero de Rosario que no paran de sucederse escándalos. Y arrancamos este run run con un nuevo caso que se suma a la larga lista de intermediados con pocos escrúpulos.
Resulta que un comerciante de Rosario denunció días atrás por estafa y administracion fraudulenta al agente de negociación bursátil Marcelo Andrés Pozzi titular de LTL Capital Advisors, con oficina en el edificio de San Martín 862.
LTL no es operadora de Bolsa, sino que está inscripta en la Comisión Nacional de Valores (el órgano oficial que regula la actividad del mercado de capitales) como Agente Asesor, por lo que, no es una agencia que opera (compra y vende) sino que, cual promotor de seguros, consigue clientes a las agencias de Bolsa.
Por eso, el cliente tiene que abrir una cuenta en una sociedad de Bolsa (que en este caso fue la porteña Cohen), adonde deposita el dinero para hacer las transacciones que le indica su asesor, quien nunca puede tocar esos fondos.
Bueno, según la denuncia del empresario, Pozzi -con quien tenía una relación profesional de 20 años como contador de su negocio- le ofreció los servicios de su nueva empresa para asesorarlo en inversiones bursátiles.
Fue así que el comerciante comenzó a hacer distintos depósitos en la cuenta que abrió en Cohen (agencia que le sugirigó Pozzi) para hacer inversiones, aclarándole que siempre debían ser de bajo riesgo porque el objetivo era preservar el valor de los ahorros.
El comerciante llegó a tener 90 mil dólares en cartera. Pero el 9 de abril de este año se enteró que no sólo habían perdido todo el dinero sino que hasta le debían 50 millones de pesos a Cohen por la comisióin de las operaciones. Es más la agencia de Bolsa lo intimó a que abone el saldo de manera urgente.
Furioso, el cliente estuvo casi un mes buscando Pozzi hasta que finalmente apareció y le respondió el llamado diciéndole que "la perdida se debió a operaciones con contratos de opción o puts, que por la volatilidad propia del mercado hizo ruinosa la misma. Las mismas fueron decididas por él mismo para maximizar los rendimientos".
Pero, según el denunciante, "nunca autorizamos ningún tipo de inversiones bursátiles que sean consideradas de alto riesgo". Es más, según cuenta en la denuncia, "unos días después me entero que, entre otras cosas, el dinero se había utilizado para comprar cheques de pago diferido no garantizados (CPD) en el Mercado Argentino de Valores los cuales no fueron pagados, por lo que tuvimos que afrontar con nuestra cartera la frívola suma de $37.500.000".
Ante la encendida queja del cliente, el asesor le dijo que los CPD sin fondo que había negociado y aceptado en su nombre correspondían a una mutual con la que él tenía contacto o vinculo comercial, y hasta lo contactó con las supuestas autoridaes de esa mutual, que también se excusaron pero le prometieron levantar los cheques, algo que nunca ocurrió.
"Podemos inferir, con un grado de sospecha suficiente, que Pozzi violando las instrucciones de mis clientes utilizó el dinero de su cuenta comitente a los efectos de financiar a una mutual por un total de $ 37.500.000, quien, a su vez, introdujo en el mercado bursátil cheques que no tenían fondos", señalo a Rosario3 el abogado Hernán Zengarini.
"Una vez sucedido todo esto, y buscando entender lo que ocurrió con nuestro patrimonio, pudimos constatar desde el resumen de movimientos de nuestra cuenta comitente que, Pozzi había usado el dinero para realizar operaciones de alto riesgo y sobre todas las cosas financiar a la mutual", agregó en la denuncia.
Ante la presión del cliente, Pozzi prometió abonar el capital perdido ofreciendo un inmueble que posee en Tierra de Sueños 3, Roldán. Sin embargo, Pozzi se encontraría inhibido.
"Pozzi fue quien siempre me asesoró personalmente y gestionó las inversiones que se realizaban en el Alyc Cohen. En este punto debo ser claro, si bie. teníamos acceso a la cuenta mediante una aplicación en el celular, a pesar de que nos entregaron la documentación exigida por la normativa de la CNV, nunca operamos personalmente la cuenta comitente. Ello por una simple razón, desconozco como llevar adelante una operatoria en el mercado financiero o bursátil. Y también debo destacar que nunca le otorgamos el número de usuario y clave de acceso a la cuenta comitente a ninguna persona. De hecho, nunca firmamos un contrato o una autorización a LTL o a Pozzi para que operen nuestra cuenta comitente en el Alyc Cohen", denunció el empresario.
Entonces: ¿cómo desapareció el dinero? ¿Se robó las clave? ¿O tuvo alguna complicidad Cohen? Y es a partir de este punto que el caso puede escalar. Según investigaciones del abogado del comerciante, la deuda que generó Pozzi con Cohen llegaría a u$s1.6M de dólares por operatorias realizadas a través de la agencia y que no han sido reconocidas por sus titulares. Por eso los patrocinantes del comerciante preparan ahora una embestida judicial contra la agencia de Bolsa porteña.
"No puede pasar por alto que a lo largo de toda la administración de nuestra cartera LTL/Pozzi incurrió en una excesiva negociación de cheques MAV que financiaron/beneficiaron a una mutual quien introducía cheques sin fondo al Mercado para que Pozzi los negocie sin la autorización nuestra. DEBE QUEDAR CLARO, JAMÁS LE DIMOS INSTRUCCIONES A POZZI, NI A TLT, NI A COHEN, NI LOS AUTORIZAMOS, A INVERTIR NUESTROS AHORROR EN INTRUMENTOS NEGOCIADOS EN EL MAV. NI EN PRODUCTOS CONOCIDOS COMO ChPD (Cheques de pago diferidos, ni ninguno de estos instrumentos de riego, menos aun sin garantía, como ocurrió), desconociendo hasta el momento en que descubrimos esta situación, la existencia de ese tipo de negocios. A además de esto, no puede pasar por alto que LTL/Pozzi negociaron opciones puts, y tomaron en forma excesiva financiamiento mediante cauciones. Todo ello llevó a la perdida de nuestros únicos ahorros, lo cual no ocurrió de modo abrupto sino progresivo", completó la denuncia.
Por lo pronto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió de manera preventiva a LTL por distintos y reiterados a las normativas del mercado de capitales.
La entidad detectó fallas estructurales en los procedimientos internos de la firma, incluyendo falta de información financiera clave, omisión en la presentación de estados contables, designaciones no registradas de responsables legales, y auditorías firmadas por profesionales no inscriptos en los registros.
Y tras esa decisión del organismo de control, todos los mercados del país (Byma, MAV y A3) también advirtieron su situación.
Por su parte, Cohen , uno de los principales Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) del país, informó a la CNV que rescindió el contrato que mantenía con LTL Capital el pasado 9 de mayo. El aviso se formalizó mediante una notificación fechada el 14 de mayo.
El panorama se complica si se tiene en cuenta que la firma también mantenía acuerdos con otras casas bursátiles como Invertir en Bolsa S.A., Balanz Capital Valores y Mariva Bursátil S.A., cuyos vínculos ahora están en revisión. En tanto, Adcapp comunicó el 16 de mayo que tomó medidas para recibir directamente las instrucciones de los clientes referidos por LTL.
A todo esto: ¿y la mutual? .....
Habrá novedades
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- “Eran empresarios que pisaban baldosas flojas”. Así graficaba el periodista Roberto Caferra esta semana en Radio2 a las víctimas de las presuntas extorsiones cometidas, según Fiscalía Federal, por el juez federal Marcelo Bailaquie, el ex titular de la Afip Rosario y el millonario financista Fernando Whpei, quien tras ser imputado como coautor de las maniobras quedó detenido en prisión preventiva por 90 días; en lo que fue la bomba noticiosa de la semana.
Y es que no cualquiera es extorsionable por sus negocios. Y vaya que pisó baldosas flojas en tiempos de Hermes Juarez la cooperativa de estibadores portuarios de Puerto General San Martín, una de las víctimas según las investigaciones de los fiscales. Y quien también se manejó por pisos resbaladizos fue el agente de Bolsa, Claudio Iglesias, otra de las presuntas víctimas de las extorsiones.
La sociedad con Jorge Onetto, involucrado en la famosa megaestafa inmobiliaria, podría parecer a primera vista que es la “baldosa floja” de Iglesias, ese flanco abierto del que se habrían aprovechado los extorsionadores.
¿Pero si la baldosa floja en vez de un nombre tiene un número? Más precisamente, el 34366/19. Es que ese es el número del expediente que lleva el juez federal Carlos Vera Barros por el cual el pasado 6 de abril se proceso a Igleisas por lavado de dinero. Y ese es un dato que no puede pasar desapercibido en esa gran telaraña que se tejió en torno al juez Bailaque.
En efecto, fue una denuncia anónima que avisaba que Iglesias lavaba dinero la que le llegó a Vaudagna, quien se la llevó a Bailaque, activando el magistrado investigaciones, allanamientos, el procesamiento de Iglesias y, finalmente, su sobreseimiento. Para Fiscalía, la denuncia fue inventada por los extorsionadores, quienes le pidieron dinero (según declaró Iglesias, 200 mil dólares) para solucionarle el problema que ellos mismo le habían armado.
Pero las dudas sobre esa línea de trabajo irrumpen cuando el juez Carlos Vera Barros -quien no tiene implicancia alguna con esta gran zafarranho- reactiva la investigación en marzo de este año luego de conocerse que Vaudagna había confesado a los fiscales que junto con Bailaque y Whpei armaron la extorsión en una cena (hay debate si comieron paella o asado) en el quincho del juez.
El tema es que fuera de toda vinculación con esa maniobra artera que se le adjudica a Bailaque, Vera Barros, por su cuenta, reactiva las pesquisas y decide, tras ver la documentación recogida, procesar a Iglesias por lavado el pasado 6 de abril.
Antes de seguir hay que resaltar este dato: está claro de que el centro de la causa para los fiscales es el juez Bailaque (y mostrar los beneficios del nuevos sistema judicial) pero no podemos dejar de resaltar que el agente de Bolsa procesado por lavado fue varios años presidente del Mercado de Valores de Rosario (hoy convertido en el Mercado Argentino de Valores) y alto directivo de San Cristóbal, una asegurada de la más importante del país con base en Rosario.
Esto es, era un hombre de lo más refinado del establishment financiero, no un “cuevero” del microcentro outsider del sistema. Y esa persona ahora está procesada por lavado. No está procesado por evadir impuestos, fue procesado por lavado. ¿De quiera era el dinero que lavaba este reconocido agente de Bolsa? ¿Provenía de actividades lícitas no declaradas impositivamente o de actividades ilícitas y grupos mafiosos? Es muy serio todo.
La Justicia tiene que dar respuesta. Pero para que la opinión pública se entere dependerá de la divina providencia, los santos evangelios y todos los credos que se invoquen. ¿Por qué? Porque se trata de una de las causas que se dirimirá con las reglas del oscuro y secretista viejo sistema (en el que la investigación está en cabeza del juez sin obligación de dar audiencias públicas) y no el flamante esquema (fiscales investigan, juez decide y todo es con audiencias públicas).
Es más, Iglesias agrega otro capítulo al prontuario de agentes de Bolsa de Rosario, que tiene a Luis Herrera detenido, a Daniel Casanovas investigado por estafa y también tuvo tras las rejas a los los titulares de Guardati Torti. ¡Qué línea de 4!.
Volvamos a la causa porque el procesamiento por lavado habilita la siguiente pregunta: al final, ¿fue real o fue armada la denuncia anónima contra Iglesias por lavado? Porque parece que algo hubo y, no en vano, terminó procesado en una investigación que nadie objeta. Y para sumar confusión, los fiscales de la causa que lleva Vera Baros son Reynares y Argibay, quienes -por su parte- encabezan la investigación contra los presuntos tres extorsionadores y sostienen que fue una denuncia falsa la que avisó que Iglesias lavaba.
Para la defensa de Whpei, es un dato muy contundente que refuerza su teoría de que no existió tal extorsión. Distinta es la visión del fiscal Reynares Solari. En diálogo con Radio 2, dijo que “en una extorsión no todo lo que se menciona debe ser falso, puede haber fundmentos o existir una situación de sospecha de alguna conducta delictiva, pero acá lo que estámos analizando es el direccionamiento de una causa por el juez Bailaque".
Además, hay otro punto llamativo. La supuesta extorsión ocurrió en 2019. ¿Cuándo, Iglesias realiza sus declaraciones ante los fiscales Reynares y Argibay en la que confiesa que llevó dinero (unos u$s160 mil en varios tramos) a Whpei como pago de la extorsión? Una semana después de haber sido procesado por lavado por Vera Barros.
Repasemos: Vaudagna confiesa haber participado de la cena con Bailaque y Whpei en la que planteó la extorsión y luego firma un acuerdo con Fiscalía que lo zafa de ser detenido. Iglesias, tras ser procesados por lavado, cuenta la extorsión.
¿Qué hubiese pasado si Whpei en vez de negar, como hizo, su participación en la paella (alegando que es alérgico a los mariscos) decía que participó de la cena con Bailaque y Whpei? ¿En vez de 90 días de prisión preventiva le hubiesen pedido prisión domiciliaria o menos días tras las rejas?
Es más: ¿dormir en la sombra 90 días no es un tiempo lo suficientemente extenso como para que un millonario como Whpei busque un entendimiento con los fiscales? Por eso es clave, si el viernes que viene, cuando está agendada la audiencia, el magistrado interviniente -Marcelo Rodrígues Da Cruz- decide otorgarle o no la prisión domiciliaria ya que argumentó que tiene una hija autista. ¿Y la moneda de cambio podría ser que aporte datos que lo compliquen a Bailaque, como hicieron antes Iglesias (que ahora pese a ser procesado por lavado aparece como víctima) y Vaudagana (quien zafó de dormir tras las rejas)?
Son preguntas.
A fin de cuentas, no hay que perder de vista que el objetivo central de la investigación de los fiscales fue y sigue siendo el juez federal Bailaque, por más que por las derivaciones del caso sea Whpei el único preso y hasta quede en duda quién predominaba entre ambos luego de que Vaudagna dijera que “el no funcionario predominaba sobre el funcionario”.
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- Como precisamente, la causa está centrada en Bailaque no parece que los investigadores vayan a focalizarse en las operaciones de todo ese vidrioso grupo financiero que es Unión Provincial que Fernando conduce con su hermano Guillermo, y cuyas ramificaciones a sectores de la política podrían dar que hablar.
No en vano la clase política mira para otro lado cuando se habla del tema. Y pese a que debería ser el principal tema de agenda, nadie habla, menos los oficialistas del gobierno provincial y representantes del anterior gobierno nacional, sobre todo el sector del kirchnerismo local que siempre lo sostuvo y que además todavía lo sostiene y mira para el otro lado. El kirchnerismo local, y sus aliados electorales del momento, siguen sin pronunciarse de un tema tan delicado, un silencio que dice mucho.
Por eso se resalta y destaca el intendente de Rosario Pablo Javkin, quien este sábado por la mañana estuvo en Radio 2 hablando largo y extenso sobre el tema con Roberto Caferra. Es más, fue una advertencia de Javkin la que destapó una irregularidad por la que los Whpei estuvieron desfilando por Tribunales en Buenos Aires.
Investigar a Unión Provincial supondría no sólo mirar el entorno político santafesino sino también ir muy para arriba en la estructura de poder del viejo kirchnerismo, ya que fue en tiempos de Néstor cuando los Whpei saltaron de ser unos fuertes financistas santafesinos, con históricos lazos con el sindicalismo y el peronismo clásico, a controlar mutuales con códigos de descuento en casi todas las provincias.
Ocurre que, de por sí, investigar a Bailaque, un juez que llegó del sur con impronta K, supone muchas complejidades. Igual, y como para que nadie duerma sin frazadas en la política y el empresariado santafesino, quienes tienen trato regular con los fiscales federales sostienen que todo puede ser sólo una cuestión de tiempo.
Cuando, en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), se le preguntó al fiscal Reynares Solari, sí iban a investigar también al hermano de Fernando, respondió con un "por ahora no".
El integrante del Ministerio Público Fiscal también aclaró que, de momento, la sospecha por las maniobras no involucran a Guillermo Whpei, hermano de Fernando, con quien tiene la mutual que figura en una de las causas.
“El eje del análisis es Bailaque y el conflicto de intereses, porque hay desvío de poder hacia Fernando Whpei. En el caso de la cooperativa, más allá de si su decisión de sacar la plata de la cooperativa de un banco para girarla a una mutual tiene racionalidad económica, lo complejo y delictivo fue el desvío de poder. Si bien Guillermo es parte del Grupo Unión y fue beneficiado, no resultaría incluido por ahora”, concluyó.
No obstante, agregó: “Pareciera la punta de un ovillo. Es demasiada estructura para que se agote en un par de actos. Por ahora, tenemos estos expedientes, pero sí, no podemos descartar a más personas o hechos”.
Sobre si hay más personas involucradas de la Afip o de la Justicia federal, el fiscal comentó que “hay varias personas sobre las que se hicieron medidas”. “Hay que determinar si intervinieron y si es relevante desde el punto penal o no. Es decir, si cumplían órdenes o si conocían la estrategia y formaban parte del plan”, sostuvo.
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- Como si fuera poco, el juez Marcelo Rodrígues Da Cruz denunció el viernes que lo quisieron extorsionar.
Según dijo el juez de garantías, cuando el viernes estaba entrando apurado a su oficina en Tribunales se le acercó un cabo de la Policía Federal le entregó un sobre y le dijo: “Doctor, perdón que lo moleste pero no lo quería dejar afuera” y le ofreció un sobre. Ante la duda del juez, el policía le dijo que “el otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario (cuando quedó detenido Whpei) y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero".
Rodrígues Da Cruz le contestó que no entendía qué le estaba manifestando y que “lo sucedido no correspondía de ninguna manera". Entonces, el cabo le respondió "que esto era de estilo y que me quería contar para no dejarme afuera". Sorprendido por la oferta, el juez le reiteró que "no me parecía apropiado lo que había sucedido" y le explicitó que "no me tenía que dejar adentro o afuera de nada porque no compartía en absoluto lo que pasó", y luego pidió que detengan al cabo de la federal.
Varias observaciones podemos aportar de este confuso episodio:
1) El supuesto intento de extorsión al juez habría sido luego de que el juez dictara la prisión y no antes de resolver.
2) Tanto sofisticación en las maniobras con teléfonos encriptados y vuelos en jets privados, como los fiscales le atribuyen a Whpei, para después mandarle dinero en efectivo a un juez en un sobre con un cabo a pleno Tribunales.
3) Analizando los puntos 1 y 2, y viendo lo burdo de todo, ¿no suena todo a operación?
4) ¿Tiene el margen ahora el juez para dictarle el viernes la domiciliaria a Whpei, o esto lo condiciona y por eso el financista seguirá tras los barrotes?
5) En la práctica, suele ocurrir que luego de extensas audiencias y cuando luego pasan horas hasta que el detenido sea trasladado, los abogados paguen algo de comida (unos sandwiches, yerba para el mate) para su cliente, sus asesores y los custodios de la policía (más cuando, como ocurrió en este caso, no esperó en el calabozo sino en la sala que se lo llevaran detenido). También algunos dejan propina cuando el trato es correcto. No son cosas permitidas, pero es un uso y costumbre. Suponiendo que en este caso ocurrió algo de eso y la defensa pagó comidas y bebidas, ¿puede ser un cabo tan ingenuo de llevarle al juez el saldo de lo que no se gastó y querer dárselo en mano al otro día en un sobre? ¿No les tendría que haber llevado también las botellas de agua mineral que sobraron? ¿O será que no le deben haber entrado en el sobre?
Todas esas son observaciones y conjeturas que ofrecen muchas lecturas, pero hay una sola conclusión que inquieta: la participación de la policía.
En efecto, que sea un cabo de la Federal el mensajero es toda una señal que no puede dejar de pasar desapercibida. Y cuando ingresa la policía a estas operaciones se está abriendo una puerta a un mundo muy oscuro.
Como sea, tras la denuncia del juez se vienen otros días muy activos en materia judicial, cobrando posibilidades de nuevos allanamientos.
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- Lo último del caso Bailaque/Whpei/Vaudagna, que como dijimos al inicio, fue la bomba noticiosa que sacudió a todo el establishment.
1) Aun con muchos interrogantes abiertos y hasta mezclando peras con manzanas (porque hablamos de causas provinciales y nacionales), que presuntos delincuentes de, como se decía en el pasado, “guante blanco” y mucho dinero (desde jueces a agentes de Bolsa pasando por empresarios agroexporadores y mutualistas millonarios) tengan que desfilar por Tribunales y dar respuesta a la Justicia (muchos, incluso, terminan pasando Navidad tras las rejas) es un saludable principio de quiebre de impunidades que oxigena la democracia y que, a decir verdad, no se repiten en muchas provincias. Bien ahí.
2) Pero al mismo tiempo también empieza a sobrevolar entre sectores empresarios una preocupación procedimental: ¿No se está usando (y abusando) de las prisiones preventivas como un adelantamiento de pena?
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- Hablando de empresarios que pisan baldosas flojas, hubo novedades en el caso del bróker inmobiliario Andrés Lux, preso de manera preventiva (en la Unidad Penitenciaria 12) hasta mediados de año y con una docena de denuncias por estafas. ¿Qué paso? La Justicia en lo Civil y Comercial (distrito uno) le declaró la quiebra.
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- El último caso del este run run sobre empresarios que pisan baldosas flojas y que por eso quedan complicados en la Justicia tiene a un viejo conocido de esta columna: Vicentin.
La intervención judicial de Vicentin, que corrió al directorio tras comprobar que habían usado $6.000M de la caja empresaria para gastos personales, sigue arrojando luz sobre las razones por las que la se empantanaba el salvataje judicial. Y son razones que se cuentan en millones de dólares en honorarios.
En efecto, los interventores publicaron todos los contratos realizados por la empresa y ahí se destaca que los directores independientes de Buenos Aires que contrataron tras el retiro (formal) del directorio que estaba al frente al momento del default -Estanislao Bougain y Diego Guelar- le costaba en honorarios unos 15 mil dólares al mes, a una firma que en febrero decía que no tenía plata para pagar los salarios tras haberse finalizado los contratos de fasones con Bunge, ACA y Viterra, que la venían sosteniendo porque esperaban repartirse sus activos con la homologación de la propuesta concursal presentada por Vicentin, que finalmente la Corte Suprema rechazó por inconstitucional.
“En el convenio de contratación de los servicios de Bougain surge que tiene establecido exorbitantes honorarios (0.8% del pasivo final reestructurado, entendiendo como base de cálculo el pasivo final que resulte de los términos del acuerdo homologado, comprensivo de créditos quirografarios y privilegiados; lo que sería equivalente a más de U$S12.000.000!!!), que solo percibiría si se homologara la propuesta concursal que la Corte de Santa Fe ya dejó sin efecto”.
Así lo advierten los querellantes en la causa penal por estafa contra el directorio de Vicentin en un escrito que presentaron esta semana para rechazar el pedido de los directivos corridos, como Bougain, de que la Cámara de Apelaciones de Reconquista deje sin efecto la intervención.
“Esta indiscutible incompatibilidad torna inviable la continuidad de Bougain en su cargo, en tanto conforme lo dispuesto por el art. 272, debería abstenerse de intervenir en la deliberación de todos aquellos temas que donde su interés personal fuera contrario al interés de la sociedad que, según el convenio antes mencionado, serían todos aquellos que no impliquen la aprobación de la propuesta concordataria que la Corte Suprema de Santa Fe rechazó”, detallan.
Para los querellantes, “dicha incompatibilidad se acentúa más aún cuando su intervención, que en un principio fue presentada como parte de un “directorio independiente”, tiene pactado como se dijo un convenio de honorarios sumamente abultado para el caso de ser homologado el acuerdo concursal. Es decir, la independencia alegada es absolutamente ficticia porque es evidente que su suerte se encuentra asociada a la de Alberto Macua, Daniel Buyatti, Roberto Gazze y Omar Scarel, en tanto se vería notablemente beneficiado con lo que sería la consumación del plan criminal, es decir, la homologación del acuerdo concursal”.
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Buen domingo, y a no pisar "baldosas flojas" a la hora de hacer negocios.
