La provincia de Santa Fe aprovechará que el gobierno nacional tendrá que preparar una nueva licitación para un operador privado de la hidrovía para volver a la carga con una serie de propuestas que no fueron incorporadas en los pliegos de condiciones del fallido intento de concesionar la operación del sistema de navegación troncal.  

Entre los puntos que  la administración provincial pretende que se contemplen en el nuevo llamado figura la constitución de un órgano de control de la concesión, con participación de las provincias y los usuarios, y un mayor calado para el tramo que llega al puerto de Santa Fe. 

Caída la licitación, todos los actores involucrados salieron a proponer cambios en los nuevos pliegos. Por ejemplo, la Cámara de la Industria Aceitera, el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados hicieron foco en que se bajen las tarifas de referencia, cuestionadas por altas, y que se aumente la profundización llegando a los 40 pies de calado navegable.

Incluso, los propios contendientes -como las dragadoras Jan de Nul y Deme- salieron a pedir cambios en las condiciones de los pliegos, por ejemplo eliminando exigencias de tareas (como la remoción de casos hundidos) que encarecen el servicio, o pidiendo más tiempo para elaboración de las ofertas y las consultas. Y ante un gobierno que no tiene margen para no incorporar mejoras a los pliegos, se suma ahora también la posición del gobierno santafesino.

“La suspensión de la licitación nos sorprendió, decepcionó y preocupó”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, este viernes por la mañana en diálogo con Radio2.

“El desarrollo de la hidrovía es estratégico para la economía nacional y también nos impacta en la competitividad de la Provincia. La vía  navegable necesita urgentes mejoras que demandan fuertes inversiones, y esas mejoras son clave porque le bajan costos de flete a nuestra producción, que así suma más competitividad”, agregó el alto funcionario en diálogo con el programa Radiopolis.

“Nosotros queríamos que la licitación tenga éxito, incluso pese a que no fueron incorporados todos los puntos que proponíamos en defensa de los intereses de la provincia”, dijo en alusión a un documento con 14 propuestas que la provincia le llevó al gobierno nacional en las distintas instancias de diálogo que se abrieron.

“Claramente, es responsabilidad del gobierno nacional  encauzar ahora el proceso.  Y para que prospere quedó claro que tienen que haber cambios en los términos, condiciones y exigencias. Todos los operadores interesados los están pidiendo. Incluso, los usuarios ya lo están solicitando. Y en ese marco, el gobierno nacional va a encontrar a Santa Fe haciendo su aporte. Y vamos a avanzar con nuestras propuestas”, agregó Puccini.

El ministro sabe que la provincia podrá avanzar hasta donde la Casa Rosada lo permita (que en la licitación caída no fue mucho), pero está dispuesta a insistir con su agenda. “No puede no haber un órgano de control. Tiene que haber un espacio institucionalizado en que la provincia y los usuarios formen parte para controlar la licitación. No hablo de un ente burocrático o que disponga trabas, hablo de un espacio institucional de control”, resaltó.

"Santa Fe tiene 700 kilómetros de frente fluvial de los 1.500 de la hidrovía, y además casi el 80% de la producción agroexportadora salen de los puertos radicados en la provincia. No puede ser que no tenga un espacio institucional desde donde seguir con autoridad lo que ocurre con la hidrovía", argumentó.

“Y sobre el dragado desde Timbúes a puerto de Santa Fe, que el año pasado se bajó de 25 a 17 pies, como primera propuesta vamos por los 25 pies, algo que el pliego no lo disponía. En el peor de los casos, si se lo baja a los 17 que no quede establecido que así quede por los 30 años de concesión, sino que buscaremos un compromiso escrito de ir revisando si no se generaron las condiciones para ir subiéndolo”, agregó Puccini.

Finalmente, el ministro consideró fundamental que el nuevo proceso esté lo suficientemente ordenado para que no se repitan acusaciones de direccionamiento o falta de transparencia, como ocurrió con la licitación caída, que recorrió tribunales federales.

“El gobierno nacional tiene que generar las condiciones de transparencia para que haya una fuerte competencia entre las dragadoras. Ya que con esa competencia se podrán bajar tarifas y costos. Para que se genere esa participación todos tienen que sentir que las condiciones son transparentes y equitativas. Sabemos que hay veces en las que se hacen denuncias sin argumentos, y por eso la tarea del gobierno es cerrar todo lo posible el camino a esa posibilidad. El pliego debe ser intachable y correcto. Y el proceso abierto con muchas instancias de participación de los interesados en las instancias previas”, completó Puccini.