Hace tiempo que la figura de Javier Milei se desangeló. Si hubiera que nombrar un hecho que marcó el quiebre, seguramente haya sido su participación en la criptoestafa Libra, que hasta el día de hoy no tiene una explicación convincente. ¿Qué significa ese desangelamiento? Que Milei y su gobierno se abrazan a nombres y prácticas políticas que dicen repudiar, pero recurren a ellas cada vez con más asiduidad.
Milei es un personaje político muy interesante y complejo, del mismo modo que lo es el proceso de degradación y hartazgo que lo llevó a la presidencia. Sin embargo, instalado en el gobierno prueba él también los límites de la tolerancia social sin importar consecuencias. Eso ocurrió el miércoles en el Senado cuando el gobierno, que envió el proyecto y sobreactuó su deseo de tener una ley de Ficha Limpia, por detrás hizo arreglos, según confesó después el caudillo misionero Carlos Rovira, para que dos senadores de esa provincia se dieran vuelta en el último minuto y evitaran que se aprobara.
Un espectáculo bochornoso por donde se lo mire, pero ahora promovido por los mismos que antes criticaban esas prácticas. Milei llevó a Macri hasta la línea de llegada y en el instante final le arruinó la fiesta. El PRO se atragantó con el triunfo político que creyó tener asegurado en su condición de autor moral de la ley, ya que la promueve hace varios años en el país y en las provincias. En la práctica, Ficha limpia era una mala ley cuyo único objetivo era que la expresidenta Cristina Fernández no pueda ser candidata en este turno electoral, pero un potente valor simbólico para el macrismo, porque era una suerte de certificación de que el ADN del antikirchnerismo es amarillo y no violeta.
¿Por qué el gobierno de Milei querría boicotear un proyecto que formalmente envió la Casa Rosada y que decía querer ver convertido en ley? Quizás porque su mejor negocio es seguir polarizando con Cristina y el kirchnerismo, primero porque ya demostró que tiene un techo de crecimiento, y segundo porque tapona el surgimiento de una alternativa opositora más competitiva. Otra posibilidad es que todo esté circunscripto a la intención de Milei y su gobierno de noquear y fagocitarse al PRO, que por estos días se manifiesta de forma descarnada en la campaña electoral de Ciudad de Buenos Aires. Quizás sean las dos cosas al mismo tiempo.
La reforma constitucional
En Santa Fe Ficha limpia es ley desde marzo de 2023 y garantiza que alguien que cometió delitos de distinta índole no pueda acceder a un cargo electivo después de recibir dos condenas en el mismo sentido.
Ficha limpia en Santa Fe será incorporada a la Carta Magna sin grandes controversias. No es un tema particularmente controvertido porque no lo es la ley vigente hace dos años. Los temas más disputados estarán en el diseño del Consejo de la Magistratura; autonomía municipal, los esquemas tributarios; y asuntos esenciales a la futura gobernabilidad.
En materia tributaria, la discusión sobre qué y cómo se va a recaudar, cuánto debe ser lo coparticipable a los municipios se mezcla con las presiones del gobierno nacional y cierto consenso establecido en torno a la necesidad de eliminar el impuesto a los ingresos brutos que cobran las provincias, pero que también podría extenderse a tasas municipales. El fallo de la Cámara de Reconquista declarando la inconstitucionalidad de un artículo de la ley de la tasa por hectárea que se le cobra a los propietarios rurales de la localidad de Villa Ana agrega más complejidad a esa parte de la reforma.
También hay desafíos serios en el diseño de la gobernabilidad futura de la provincia. Desarmar la mayoría automática con la que se queda el ganador de la elección en la Cámara de Diputados y reemplazarla por el sistema de reparto de bancas D'hondt, obliga a retocar otras variantes para que el resultado no sea peor.
De lo contrario, sostiene una fuente que está en la cocina de la reforma, podría pasarse de una mayoría automática a una gobernabilidad condicionada por las minorías, con el detalle nada menor que Santa Fe es la única que elige los 50 cargos al mismo tiempo y los renueva todos cada cuatro años.
La convención reformadora necesitará encontrar fórmulas y acuerdos que puedan salirse de la coyuntura actual, porque Unidos algún día no gobernará más, o no tendrá las mayorías actuales, y Pullaro ya no estará en el poder, y sin embargo la Constitución será la misma. El desafío es que la película actual no se coma la proyección de largo plazo que está en la esencia de las constituciones.
Otro desafío es la convivencia política. En las últimas horas hubo un contraste notable entre sectores de la oposición y su vocación política e institucional. El acto homenaje a cuatro años de la muerte del ex gobernador Lifschitz, organizado por las autoridades del Partido Socialista y su familia, reunió, además de los aliados actuales del PS, a futuros convencionales reformadores como el senador nacional Marcelo Lewandowski y el intendente de Pérez Pablo Corsalini, Agustín Rossi del PJ, Caren Tepp de Ciudad Futura y Federico Angelini del PRO.
Por otro lado, Amalia Granata, que tendrá siete bancas en la convención, se despachó con un furibundo tuit contra la vicegobernadora Gisela Scaglia que incluyó una descalificación brutal, que la hizo propia aunque la adjudicó a terceros. La diputada pone las cosas en un plano de no retorno, como ya había hecho en campaña con el gobernador. Justo dos días antes, el también convencional y diputado de su bloque, Emiliano Peralta, había expresado la necesidad de que si las relaciones personales no se pueden reponer, hay que preservar el diálogo institucional, si es necesario buscando nuevos interlocutores. Granata acaba de abortar esa camino.
Provincias vs Nación
La foto de seis gobernadores de la UCR, el PRO y el peronismo en Paraná es una señal de las tensiones fiscales que atraviesan las provincias con el gobierno nacional. A la caída de recursos, el desentendimiento de la Casa Rosada respecto de la obra pública y las decisiones tributarias unilaterales que impactan en la copartición se suma la presión de Milei y su ministro de Economía para que las gobernaciones bajen impuestos y hagan más ajuste.
El encuentro de Paraná sirvió para mostrarle los dientes a la Casa Rosada. Que las diferencias de partidos no son obstáculo para articular un frente federal que le discuta a la Nación la distribución de recursos.
La presencia del santafesino Pullaro en Paraná, por ejemplo, que en más de una oportunidad salvó al gobierno con el voto del senador Galaretto, muestra la disposición a hacer causa común con el bonaerense Kicillof o el pampeano Zilloto si de pelear los recursos de la provincia se trata.
Los gobernadores radicales y del PRO que estaban en Paraná no están en contra de avanzar hacia reformas tributarias como las que propone Nación, pero exigen una discusión integral, que incluya el riesgo de desfinanciamiento, las responsabilidades que abandonó Milei y asumieron las provincias, la recaudación de impuestos que hasta ahora no se coparticipan (caso el de los combustibles y las retenciones), y la ausencia de mantenimiento e inversión en infraestructura pública.
El gobernador Pullaro puso como ejemplo “un ticket de supermercado de $10.000, donde hay $1.800 de impuestos nacionales y apenas $200 de impuestos provinciales. Salís del supermercado y la policía es provincial, tus hijos van a la escuela y paga la provincia, hasta en las escuelas privadas una parte se financia con impuestos provinciales. La obra en la calle se hace con fondos de la provincia. Si hay una emergencia de salud, viene una ambulancia provincial y te lleva a un hospital provincial. Todo eso con los $200. A su vez cuesta encontrar algo que justifique los $1.800 de impuestos nacionales". El matiz es que esos 1.800 se coparticipan, pero como planteo general es elocuente de que la principal carga tributaria, por lejos, la captura el Estado nacional.
Qué quiere Milei
El ministro de Economía Luis Caputo desempolvó la vieja idea de un Súper IVA o IVA mochila. En resumen, esbozó un esquema en el que Nación se quedaría con el 9% del IVA y el resto quedaría a criterio de cada provincia. Sobre los 12 puntos que diferencia con el 21% actual, habría que ver cuánto deberían incrementar las provincias para compensar la eventual eliminación de Ingresos Brutos que pide la Casa Rosada.
Según distintos cálculos pasaría a ser de entre 26 y 32%. El número impacta, pero según el diputado Luciano Laspina (PRO) “para la producción es bueno y para el consumidor es neutral o mejor, según el tipo de producto. Por ejemplo, en alimentos podría bajar el peso impositivo relativo, porque la cadena alimentaria tiene muchas etapas de comercialización que Ingresos Brutos la va cargando en cascada”.
Esto es lo que el gobierno lanzó a modo de globo de ensayo en una entrevista, sin convocatoria formal ni escrita. Es una discusión que, de darse, será en 2026, después de las elecciones y si el oficialismo mejora su peso legislativo. Cualquier esquema impositivo requiere aprobación del Congreso y un cambio en el sistema de coparticipación además debería ser validado por las legislaturas de cada provincia.
Caputo pretende que las provincias compitan entre sí, para definir quién cobra menos alícuota de IVA. Busca así forzar a los gobiernos a ajustar el gasto, exponerlos discriminando el IVA que agregan a la base del 9% que cobraría Nación y descargar en ellos el costo político por el cobro de impuestos.
En principio, el gobierno de Santa Fe estima que un esquema de Súper IVA y competencia fiscal no la perjudica. “Con Córdoba y Entre Ríos, incluso con la Región Litoral, nos ponemos de acuerdo rápido para unificar alícuota. Para nosotros no es problema, porque a la producción ya le cobramos muy poco Ingresos Brutos, de hecho el promedio entre industria, campo y comercio es una alícuota de 2%. No nos perjudicaría. Por supuesto, a las actividades financieras o el juego, a las que les cobramos alícuotas mucho más altas por convicción ideológica, no le vamos a sacar ingresos brutos”.
Laspina cree que hay un riesgo. “En principio la idea de un IVA diferencial por provincia implica el riesgo de que aquellas que se benefician de la coparticipación, las más chicas, directamente decidan bajar el IVA y hasta no cobrarlo, tratando de beneficiarse de la recaudación de IVA de provincias grandes”, sostuvo. Según su mirada, sería riesgoso para la caja de las grandes, como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba o CABA.
El gobierno de Milei se propone saldar en materia fiscal una discusión que hace 30 años está trabada. Llevará tiempo. Mientras tanto, hay que pasar todo 2025, con una recaudación en caída porque la actividad económica no repunta. Esto está afectando no sólo a las provincias que recaudan Ingresos Brutos de la mano del ritmo de la economía, sino a los municipios, que perciben el Drei y que también viene a la baja en los últimos meses.
