La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, donde convergen diferentes organizaciones del sector, envió una carta a los legisladores de las dos cámaras del Congreso Nacional para que frenen las medidas de ajuste hacia su sector. El reclamo fue hecho a partir de que el Senado sancionó la semana pasada el aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
Las medidas tomadas en la sesión del Senado el jueves pasado fueron tomadas por el sector de la ciencia como “la señal de un nuevo período político en el que la motosierra de Milei encuentra un freno concreto. Es entonces importante que dicho freno se extienda a acciones parlamentarias que reviertan la preocupante avanzada hacia las investigaciones científicas”, destacaron en un comunicado desde la Mesa Federal.
En su carta elevada al Congreso, los científicos reclamaron anular los decretos que desfinanciaron, transformaron, disolvieron o fusionaron instituciones como el INTA, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y el Instituto Nacional del Cáncer, entre otros.
Llamaron en su comunicado “a los representantes del pueblo y las Provincias a que, en virtud de la Ley 26.122 y del artículo 76 de la Constitución, frenen el accionar de estos decretos perniciosos para" con su sector. También llamaron “a las asambleas de trabajadores de la ciencia y la tecnología de todo el país, para que reclamen en igual línea a sus gobiernos locales y sus legisladores”.
Puntualmente, la Mesa reclamó anular los decretos 70/2023 (publicado diez días después de la asunción del gobierno), 351/2025 y 396/2025, que pusieron en riesgo el BNDG, transformaron al Instituto Nacional del Agua y fusionaron el Instituto de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
También pidieron a los legisladores que declaren la nulidad de los decretos 458/2025, 459/2025 y 462/2025, por los cuales se disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical, el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, el Instituto Nacional del Cáncer, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas, al tiempo que modificaron el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el INTI y el INTA.
Al incumplimiento de la Ley de Financiamiento del sector de la ciencia y la tecnología –que estipulaba que este año la inversión debía ser del 0,45 por ciento del PBI, pero que gira en torno al 0,15 por ciento y es la más baja de la historia–, se le suman despidos, recortes, jubilaciones anticipadas y salarios por debajo de la línea de la pobreza.
En su comunicado, desde la Mesa Federal señalaron críticamente: “A un año y medio de gestión, ha resultado evidente para la ciudadanía que, lejos de buscar una supuesta eficientización institucional, estos decretos y otras resoluciones similares solo buscan el vaciamiento de nuestras instituciones científicas y tecnológicas con fines ideológicos, y probablemente en busca de negociados inmobiliarios basados en la venta de bienes del Estado”.
En esta línea, científicos e investigadores de todo el país finalizaron con una advertencia: “De no revertirse estas normativas, presenciaremos la pérdida irreversible de capacidades científicas y tecnológicas que, históricamente, estuvieron a disposición del desarrollo de las economías regionales y de vastos sectores de la economía, del agro y la industria nacional”.
