La sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió aceptar como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) en una causa judicial que tiene a cinco personas acusadas de actividades de intermediación financiera sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y lavado de activos, entre otros delitos, por administrar una “cueva” financiera que funcionó hasta 2023 en un departamento del exclusivo Complejo Amarras Center, en la zona portuaria de la ciudad de Santa Fe.
El expediente fue elevado a juicio en diciembre pasado a pedido del fiscal federal cotitular del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, Walter Rodríguez.
A fines de octubre de 2024, el fiscal Rodríguez dio por concluida la investigación del expediente judicial que trascendió públicamente como el caso de “la rosadita” y presentó el requerimiento de elevación a juicio ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Santa Fe.
Además, el Ministerio Público Fiscal le comunicó oficialmente a la UIF la existencia de la causa, ante lo cual el organismo decidió constituirse como querellante. Si bien el juzgado hizo lugar al requerimiento y le otorgó esa condición, las defensas de Ángel Yamil "Turco" Benavídez (el principal acusado) y Juan Emilio Gastaldo impugnaron la participación del organismo en el proceso y apelaron la resolución con el argumento de que “el caso no versa sobre cuestiones vinculadas al narcotráfico”.
Rechazo
La discrepancia quedó en manos de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que se integró con la jueza Silvia Andalaf Casiello y el juez Aníbal Pineda. Tras escuchar los descargos en una audiencia convocada a tal fin, los jueces resolvieron rechazar los planteos de la defensa y aceptar a la UIF como querellante.
“No se trata de un ámbito de aplicación restrictivo, circunscripto únicamente a las maniobras referidas al narcotráfico, el financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada internacional o trasnacional, tal como señalaron los recurrentes”, apuntaron los jueces en su resolución.
El caso
Las cinco personas involucradas en las maniobras llegan a juicio acusadas, con distintos roles, de administrar una “cueva” financiera que hasta septiembre de 2023 funcionó en un departamento del piso 12 de la Torre 2 del Complejo Amarras Center, ubicado sobre calle Sara Pinasco de Julierac al 1700, en la zona del puerto de la capital de Santa Fe.
El 12 de septiembre de 2023 se realizó un allanamiento en ese departamento habitado por el principal acusado, Benavídez, lo cual dio origen a la investigación. En el procedimiento se secuestraron 45 millones de pesos, unos 22 mil euros, 23 mil reales, más de 83 mil dólares y 39 tarjetas de débito a nombre de ciudadanos mayormente vulnerables, cuyas cuentas se utilizaban para la compra y venta de dólares, además de 39 documentos nacionales de identidad y chips de telefonía fichados con los mismos números que tenían las copias de los DNI.
Benavídez quedó detenido acusado como autor de los delitos de intermediación financiera no autorizada; defraudación mediante el uso de una tarjeta de débito falsa, en concurso ideal con el delito de falsificación de tarjeta de débito en 39 hechos que concurren realmente entre sí; lavado de activos de origen ilícito agravado por la habitualidad; y recepción de bienes provenientes de un ilícito penal, todos ellos en concurso real.
Según la investigación, la estructura delictiva accedió a dólares estadounidenses frente a las restricciones establecidas para operar en el mercado cambiario, “valiéndose de la utilización de cuentas bancarias cuya apertura gestionaron a nombre de terceras personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, a quienes aportaron sus datos personales como víctimas de un ardid defraudatorio”.
De acuerdo con los elementos colectados por el MPF, estas cuentas fueron utilizadas para “bancarizar ventas de divisas marginales, como así también tener acceso material a dólares en efectivo a través de la adquisición del dólar MEP, además de canalizar pagos de terceros y efectuar consumos personales, al margen de cualquier control estatal”.
La estructura
En relación con el resto de los imputados, la contadora María Laura Miassi –ex funcionaria de carrera del Ministerio de Economía de Santa Fe– será juzgada por intermediación financiera no autorizada en calidad de autora; lavado de activos de origen ilícito, agravado por la habitualidad y por haberlo cometido en ejercicio de una profesión; y recepción de bienes provenientes de un ilícito penal, en calidad de partícipe necesaria y en concurso real.
La imputación para Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo es por el delito de intermediación financiera no autorizada, en calidad de autores. Y el hecho endilgado a Carlos Raúl Quartucci se tipifica en la figura de lavado de activos de origen ilícito, en su modalidad atenuada y en calidad de autor.
A todos les atribuyeron distintos roles en torno a “actividades de intermediación financiera sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para ser aplicadas a operaciones de lavado de activos”, que desarrollaron principalmente “desde septiembre de 2020 hasta el 12 de septiembre de 2023”.
