A través del Decreto 273/2025, publicado esta semana en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional eliminó la medida que exigía la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país.

La medida también suprime las prohibiciones que existían para importar bienes en múltiples sectores de la industria, como por ejemplo máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matriceria (usados en la industria automotriz) y maquinaria para la industria gráfica, entre muchas otras.

A partir de ahora, quienes necesiten importar bienes usados podrán hacerlo de forma automática, sin la necesidad de realizar trámites.

Previo a esta modificación, la emisión del CIBU sólo se autorizaba si no existían fabricantes locales de bienes similares, lo que constituía una prohibición económica y contradecía el Decreto presidencial 70/2023, que determina que no se podrán establecer prohibiciones o cupos a las importaciones por motivos o fundamentos económicos.

Fuerte reacción de los fabricantes nacionales

Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), difundieron un comunicado en el que expresan “profunda preocupación” y advierten sobre los riesgos que implica la entrada en vigencia del Decreto 273/25, que elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU).

“La eliminación del CIBU conlleva una serie de riesgos que queremos poner en conocimiento de las autoridades competentes. En primer lugar, el ingreso irrestricto de maquinaria agrícola usada representa una amenaza directa para la cadena de valor industrial nacional y el entramado productivo federal. La ruptura de las dinámicas comerciales genera un riesgo para el crecimiento y la continuidad de la generación de puestos de trabajo y oportunidades de desarrollo personal”, indicó la entidad en un comunicado.

“Por otro lado, al no solicitar mayor documentación que una declaración jurada del producto a ingresar, la ausencia de controles adecuados impide la correcta verificación de la condición y uso real de la maquinaria importada, dificultando distinguir entre aquellas destinadas al uso productivo y aquellas ingresadas con el objetivo de reventa o reacondicionamiento, muchas veces también con partes importadas”, detallaron los empresarios nacionales.

El sector está convencido que la decisión de eliminar el CIBU no responde a una política de renovación tecnológica del parque de maquinaria agrícola, debido a que la tendencia se vuelca hacia la importación de maquinaria ya amortizada en otros mercados. "Esto, en un contexto donde el salto tecnológico nacional de los últimos años eleva enormemente la eficiencia productiva, responde únicamente al interés de mercados extranjeros por colocar su sobrestock de usados”, admitieron.

Por último, el comunicado apunta contra la medida, expresando que va en contra de la producción argentina: “En un contexto global donde las naciones promueven el fortalecimiento de sus estructuras productivas, la consolidación de cadenas de abastecimiento cortas y el impulso a vectores nacionales de desarrollo, esta medida reemplaza el valor agregado, la innovación y el trabajo argentino por el descarte extranjero”.

Las multinacionales también salieron al cruce

AFAT, entidad que agrupa a las marcas multinacionales de maquinaria agrícola con presencia en Argentina, también expresó su profunda preocupación por la eliminación abrupta del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para maquinaria agrícola.

“La forma de implementación de esta medida establecida en el Decreto 273/25 generará impactos económicos, sociales y ambientales adversos significativos para el país”, advirtieron.

Desde la entidad reconocieron que desde siempre “se ha abogado por la libre competencia” y coinciden “plenamente” con las expresiones del Ministro de Economía, Luis Caputo, vertidas en el 11° Congreso de Economía Regional realizado en Corrientes en noviembre de 2024, donde afirmó que, “si bien la idea es que la sociedad pueda acceder a mejores bienes a mejores precios, también hay que ser cuidadosos en cómo se llega allí”.

Y agregaron: “No se debe pasar de un extremo al otro, ya que se estaría favoreciendo a un sector de la sociedad en detrimento de emprendimientos e industrias que están en el país hace muchísimos años lidiando con impuestos injustos”.

Para los empresarios, la medida “impide una competencia genuina ya que introduce una clara asimetría entre la producción y distribución local, y la importación de maquinaria usada -que no cuenta con garantía ni trazabilidad alguna- proveniente de economías subsidiadas y con cargas sensiblemente menores, tanto en materia fiscal, como en costos laborales; condiciones superiores en financiamiento y promoción de la producción y de la comercialización; en los seguros y en la logística”.

“Con esta medida, como lo demuestra la experiencia en otros países que tomaron caminos similares, habrá una consecuencia directa sobre la demanda de maquinaria nueva, y por ende sobre la actividad de los fabricantes, proveedores de materiales e insumos, servicios y distribuidores”.

Para finalizar, concluyeron: “Tiene el potencial de generar un impacto devastador porque no solo pone en riesgo la posibilidad de incrementar, o sostener, los u$s 45.000 millones de exportaciones que la agroindustria aporta, y 1 de cada 4 pesos del PBI nacional, sino que también representa una amenaza para los 3,5 millones de empleos directos e indirectos que dependen de esta cadena”